VALÈNCIA. (EP). La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha pedido al juzgado del caso IVAM que investigue a José Luis Rueda, hijo adoptivo y heredero del escultor Gerardo Rueda, y que se fije una fianza de 4.176.863 euros para él, la exdirectora del museo Consuelo Ciscar y el exsubdirector económico Juan Carlos Lledó. En caso de no prestarla, ha reclamado el embargo de bienes.
Así consta en el escrito --al que ha tenido acceso Europa Press-- que ha remitido la Abogacía de la Generalitat al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que investiga presuntas irregularidades en la gestión del museo valenciano en la época de Consuelo Ciscar.
En esta causa están investigadas una decena de personas, entre ellas Consuelo Ciscar y su hijo artista, Rafael Blasco Ciscar, 'Rablaci', por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad. También figuran varios subdirectores generales en el periodo de la investigación y técnicos, así como el administrador de la empresa Logística del Arte.
La Abogacía de la Generalitat considera que Ciscar, con la "concomitancia" de Lledó y de la Subdirección Técnico-Artística destinaron, "a sabiendas", caudales públicos a adquirir obras de arte falsas haciéndolas pasar por originales y produciendo así una desviación de los fondos presupuestarios hacia el patrimonio de José Luis Rueda, "quien necesariamente prestó su contribución vital y axial para dar apariencia de autenticidad a las obras y apropiarse indebidamente de los haberes de la hacienda pública valenciana".
En resumen, "el IVAM adquirió obras de arte no originales, como si lo fueran, enriqueciendo a José Luis Rueda", mantiene la Abogacía. Y desgrana: entre 2004 y 2006 el museo adquirió de Rueda, hijo adoptivo del escultor, mediante dos contratos mixtos de compra-venta y donación una serie de obras cuyo supuesto autor era su padre.
En los dos contratos se condicionó la donación de determinadas esculturas a la adquisición onerosa de otras. Por consiguiente, el IVAM pagó un total de 2.944.325 euros, más 512.524 que costó que la Fundición CAPA manufacturara gran parte de las obras que, bien habían sido donadas, bien habían sido vendidas al museo por el heredero. De este modo las arcas públicas pagaron por obras supuestamente atribuidas a Gerardo Rueda el montante total de 3.456.876 euros.
A esta cantidad, añade la Abogacía en su escrito, hay que sumar los 719.987,80 euros que se pagaron para promocionar las obras y con el objeto de blanquearlas a través de varias actividades y exposiciones.
El primer contrato, de 2004, responde a la compra o donación de 13 esculturas y "ninguna de ellas existía al tiempo de la donación o compra-venta". Esto es, "todas debieron confeccionarse con posterioridad a la muerte del autor por la Fundición CAPA sin que el autor interviniera para nada en su fabricación".
En el segundo contrato de 2006 se incluyeron un total de 84 obras: siete vendidas y 77 donadas. De al menos seis de las vendidas "existe constancia de que fueron ejecutadas por la Fundición CAPA con posterioridad al contrato, esto es, más de 10 años después de la muerte del artista.
De las donadas, al menos 41 fueron manufacturadas por la fundición más de 10 años después de la muerte de Gerardo Rueda. Así pues, 48 esculturas "tuvieron" que manufacturarse expresamente por personas ajenas al artista en la fundición. De las 36 restantes, 16 son bocetos, "quedando únicamente 20 obras que aparentemente serían obra de arte original".
Sin embargo, advierte la Abogacía, la entrega de esas 20 obras, como refleja un informe de la Intervención, tuvieron entrada en el IVAM después de que en mayo de 2015 se alertase de que dichas obras no se habían recepcionado jamás.
Así, según varios informes, "de las obras que no consta que hiciera la fundición, 31 fueron recibidas en el IVAM más de 10 años después de la firma del contrato y un año después del cese de Ciscar y su equipo, cuando ya existía una nueva dirección que, alertada por la Intervención, reclamó todas las obras no entregadas. En concreto, Ciscar, Lledó y Raquel Gutiérrez --Subdirección Técnica--, después de pagar 2,5 millones de euros, jamás reclamaron a José Luis Rueda 31 obras.
Los protagonistas de las adquisiciones fraudulentas, según la Abogacía, se concertaron para organizar, "con cargo siempre al IVAM", una serie de exposiciones cuya principal finalidad fue promocionar las esculturas falsamente atribuidas a Gerardo Rueda para valorar, así, el patrimonio de José Luis y ocultar la realidad sobre la autoría de las obras vendidas o donadas al museo.
Los correos que obran en la causa, agrega, "denotan la más que evidente dirección material de todo el proceso y fases de las exposiciones, reflejando un museo al servicio de José Luis Rueda, quien maneja a su antojo los recursos públicos puestos a su disposición por los responsables del IVAM".
En total, y según las propuestas de gasto obrantes en los expedientes, el IVAM sufragó de forma injustificada 719.987,80 euros para promocionar las obras de un tercero y con el objeto de blanquear las obras que ese tercero le había vendido-donado como originales.
Los magistrados concluyen que las obras del citado escultor vendidas al museo eran "auténticas" y el precio que se pagó por ellas "fue acertado o en su caso muy beneficioso"
