VALENCIA (VP/EP). La jueza que investiga en el 'caso IVAM' a la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar, a cuatro exsubdirectores y a un empresario por delitos de malversación, prevaricación y falsedad, ha citado para este viernes en el juzgado al Secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Ministerio de Cultura para que explique "los motivos que impiden la presentación del informe" que le fue requerido por la instructora hace cinco meses.
El avance de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la edición de publicaciones "pende de dicho informe", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, en el que expresa que "la falta de esa pericial dilata la instrucción e impide tomar declaración" a Císcar y a los otros cinco investigados.
La decisión de la magistrada se produce después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) urgiera al Ministerio de Cultura "para que se remuevan los obstáculos que impiden el cumplimiento del mandato judicial efectuado por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, consistente en efectuar un informe sobre la valoración de trece obras adquiridas por el IVAM".
Según la providencia de Instrucción 21, y "visto el tiempo transcurrido desde que se solicitó el informe", el secretario de la Junta de Valoración habrá de comparecer este viernes, en el Juzgado, "comparecencia que podrá eludir si antes del señalamiento se presenta el informe requerido".
Ante esta petición, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico notificó al CGPJ que no tiene competencias para poder realizar el informe del 'caso IVAM' que le requirió este juzgado, y ha recomendó que sea un perito judicial experto en arte el que realice la valoración de las obras, según apuntaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Desde este departamento también expresaron su "voluntad de colaborar" con la justicia, aunque reiteró que carece de competencias para valorar el valor de bienes en el que caso de que sean adquiridos por otras comunidades autónomas.
El mes de noviembre la instructora requirió el auxilio del director general de Bellas Artes, al que remitió el informe elaborado por el conservador responsable de la colección del IVAM y le solicitó una valoración de trece obras de arte al concurrir fundadas sospechas de que existe un elevado sobrecoste en la adquisición de las mismas que pudiera constituir un ilícito penal.
La magistrada volvió a reclamar con carácter urgente dicho informe pericial en los meses de enero y marzo, "sin que ninguna de sus peticiones fuera atendida", según el comunicado del TSJCV.
El pronunciamiento del CGPJ instando al Ministerio de Cultura a colaborar con la jueza se produjo después de que ésta pusiera en conocimiento de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) las trabas que estaba encontrando para proseguir con la investigación, prácticamente paralizada a la espera de ese informe.
La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía se dirige contra Císcar y contra otras cinco personas, que tienen la condición de investigadas, término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La instructora considera que de las diligencias practicadas hasta el momento "resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones".
La jueza cree que se habrían pagado "importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor" y que esta práctica redundaba en "un claro lucro para terceros". Según la jueza, estos hechos "habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo".
En la causa están investigados (imputados) además de Císcar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas. Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.
Las seis personas contra las que se dirige la causa tendrán que declarar como investigados. Su declaración no tiene aún fecha, a la espera de que la jueza reciba los informes de la UDEF y de la pericial reclamada al Ministerio de Cultura, de la que, a su vez, depende el informe que ha de completar la Intervención General.
La UACC es una unidad de carácter técnico constituida en el seno del CGPJ en marzo de 2015 con la finalidad de detectar y evaluar los problemas que surjan en los órganos judiciales que lleven causas por corrupción y formular a la Comisión Permanente las propuestas necesarias para la adecuada y diligente tramitación y resolución de las mismas.
Los magistrados concluyen que las obras del citado escultor vendidas al museo eran "auténticas" y el precio que se pagó por ellas "fue acertado o en su caso muy beneficioso"
