VALÈNCIA. El Juzgado de Instrucción número 21 de València mantiene que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) intervenga los servidores informáticos de dos empresas contratistas con el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) en la época de Consuelo Ciscar que presuntamente resultaron favorecidas en adjudicaciones irregulares.
Así consta en un auto, de fecha 5 de junio, en el que la jueza desestima los recursos de reforma interpuestos por Ciscar y la exsubdirectora técnico Artística del centro Raquel Gutiérrez contra la resolución de 3 de mayo, en la que se acordaba dicha intervención. La magistrada no ve infracción alguna ni indefensión.
En el auto de mayo, la jueza permitía a la UDEF obtener las copias informáticas de seguridad correspondientes al contenido de los buzones electrónicos relacionados con el dominio y hosting de las páginas web logisticadelarte.com, correspondiente a la empresa Logística del Arte, así como de 'vsakvitur.com', de la mercantil Sakvitur.
Esta medida se adoptó para investigar el delito que se le imputa al administrador de Valsatrans y Logística del Arte Enrique Martínez, representante legal de ambas entidades con las que el IVAM ha mantenido una relación contractual prolongada en el tiempo, "habiendo resultado favorecida tales entidades en adjudicaciones irregulares", según un informe de la Intervención General.
Este informe contemplaba varios expedientes de transporte de obras de arte que fueron adjudicados por el IVAM a Logística del Arte "incumpliendo de una manera clamorosa" la normativa de contratación propia del sector público y, por ello, podría suponer un delito de prevaricación, en el que Martínez "podría tener intervención como un extraño tercero a título de cooperador o de otra forma de participación criminal".
"El elemento subjetivo o motivación para dispensar ese trato de favor a estas entidades, o el mecanismo a través del cual el mismo se materializaba, por parte bien fuera de Ciscar o de otros investigados, se puede precisamente encontrar en tales copias informáticas del servidor de tales entidades", mantiene la jueza.
Esta medida de intervención de servidores se consideró proporcionada, atendiendo no solo a la gravedad de las penas con las que se castigan los delitos que se investigan en esta causa --malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental--, sino también a la relevancia social de los mismos. La jueza sigue manteniendo estos argumentos.
En este proceso hay 10 personas investigadas: Consuelo Ciscar; su hijo, Rafael Blasco, conocido como 'Rablaci'; el que fuera subdirector de Gestión Interna del museo, Juan Bría; de Publicaciones, Norberto Martínez; el técnico de acción exterior, Jorge García Vallés; el exsubdirector de Administración y Finanzas del centro de arte, Juan Carlos Lledó; Raquel Gutiérrez; un empresario, el administrador de Valsatrans y Logística del Arte, Enrique Martínez; Pilar Mundina, que ejercía como la asistenta personal de Ciscar en viajes; y María Ángeles Valiente, jefa de Departamento de Desarrollo en el museo.
La causa nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía y se investiga el uso de los medios del museo para la promoción artística del hijo de Ciscar, además de supuestas irregularidades en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones por los que se habrían pagado importantes sobrecostes.
Los magistrados concluyen que las obras del citado escultor vendidas al museo eran "auténticas" y el precio que se pagó por ellas "fue acertado o en su caso muy beneficioso"
