Jaime Febrero, en el centro de la imagen al fondo, durante un juicio. Foto: VPVALÈNCIA. La jueza del caso Azud ha dejado en libertad al empresario Jaime Febrer, considerado como cabecilla de la supuesta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se investiga en la segunda fase de esta causa. El constructor saldrá de prisión cinco meses después de entrar en ella al reducirse el riesgo de destrucción de pruebas. La magistrada ha decretado la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.
Febrer se encontraba en la cárcel desde el pasado 15 de mayo, donde ingresó junto a otras cuatro personas: del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y dos empresarios: Mónica Montoro y un asesor financiero identificado como Joaquín P. R.
La titular del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha ido poniendo en libertad a estos tres últimos, de manera que a partir de ahora únicamente continuará Grau. En el caso de Febrer, aunque el riesgo de destrucción de pruebas era el argumento principal para mantenerlo encarcelado de forma provisional, existe una documentación de especial importancia, como son las comisiones rogatorias remitidas a varios países.
Una de las sospechas es que la estructura montada para la presunta trama urbanística incluía la salida de dinero al extranjero. Los investigadores le descubrieron a Febrer una cuenta en Luxemburgo, de modo que parte de las indagaciones han ido dirigidas a averiguar el recorrido del dinero fuera de España tanto a este como otros países. Motivo por el que se recurre a las comisiones rogatorias. La puesta en libertad del empresario dependía de que éstas se resolvieran.
De acuerdo con los investigadores de la causa, coordinada por el juzgado junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, el constructor habría creado una red de sobornos a políticos de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, incluyendo el de la capital, como pago por adjudicaciones públicas. Cantidades que, supuestamente, blanqueaba su ingeniero fiscal.
Lo que ha resultado especialmente relevante en el desarrollo de las indagaciones ha sido una suerte de los 'papeles de Bárcenas'. Entre ellos, la agenda de Febrer, en la que anotaba con detalles sus citas, encuentros y contactos con políticos del PP y del PSPV. Nombres y fechas figuraban en sus páginas. También movimientos de dinero, supuestamente dirigidos a esos sobornos a cargos públicos a cambio de que le beneficiaran en adjudicaciones, contratos o con la intención de comprar silencios.
