Ximo Puig. Foto: MARGA FERRERVALENCIA. Ximo Puig ensombrece todavía más el ya oscuro horizonte al que se enfrenta Puerto Mediterráneo. Los promotores del proyecto sufrieron el pasado jueves el mazazo de la Comisión de Evaluación Ambiental -adscrita a la Conselleria de Agricultura (Compromís)-, que emitió un informe desfavorable contra el macrocentro comercial y de ocio previsto en Paterna. Ahora sus esperanzas están puestas en la firma que debe estampar la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas (PSPV) para ratificar este rechazo, pero el presidente de la Generalitat hizo suyo este martes el dictamen de "los técnicos". El dirigente sólo propone una solución para retener esta millonaria inversión, una vía larga y costosa para sus promotores: volver a empezar de cero.
"Cualquier inversión positiva para la Comunitat Valenciana el gobierno la va a estudiar y la está estudiando con el mayor de los cariños posibles", afirmó Puig tras un desayuno de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). No obstante, agregó a continuación que "lo que ningún un funcionario público puede dar por bueno es lo que no está bien". "Es un procedimiento que viene de antes y ha acabado donde han dicho los técnicos que debía acabar. ¿Eso quiere decir que no para siempre? Yo creo que esas cosas pueden reconsiderarse si se consideran desde el inicio y se hace de otra manera", agregó.
En la misma línea, el presidente del Consell subrayó que "todas las inversiones que se puedan hacer deben tener el acompañamiento legal correspondiente". "¿Hay soluciones, se pueden buscar vías de solución, se pueden hacer otro tipo de instrumentaciones? Eso es lo que hay que ver, si hay parte que se pueda mejorar", dijo.
De las declaraciones de Puig se desprende que tratará de retener la inversión -cifrada por los promotores en 860 millones de euros- pero que sus impulsores tendrán que hacer borrón y cuenta nueva. Este proceso, al margen de las complicaciones burocráticas propias de un proyecto de tal magnitud -la previsión era ocupar un millón de metros cuadrados en Paterna- debería reiniciarse con dos consellerias manifiestamente hostiles con el proyecto: la de Economía y Comercio y la de Agricultura y Medio Ambiente -ambas en manos de Compromís-. Ambos factores retrasarían notablemente la hipotética puesta en marcha del megacomplejo.
Un espejo en el que podría mirarse Puerto Mediterráneo si acepta discurrir por estos derroteros sería el de Ikea en Alicante. La firma está dispuesta a comenzar de cero pese a que su Actuación Territorial Estratégica (ATE) también fue tumbada por la Comisión de Evaluación Ambiental y, posteriormente, por la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas. No obstante, existe una notable diferencia entre ambos proyectos: Compromís no está en contra de que se instale la multinacional del mueble -no al menos el grueso de la formación-. La crítica, en este caso, se centraba en el centro comercial que acompañaba al gigante del mueble en el Plan Rabasa y a la figura de su impulsor: el constructor Enrique Ortiz.
Por contra, el rechazo a Puerto Mediterráneo subyace en la propia naturaleza del complejo, tildado por sus propios impulsores como el centro comercial y de ocio más grande previsto en Europa. Compromís rechaza este modelo comercial y, además, discrepa sobre sus previsiones de empleo. Hasta 5.000 puestos de trabajo prometía el complejo, cifras que el partido considera que, en caso de que sean reales, tendrían el efecto inverso en el pequeño comercio.
Pese al dictamen medioambiental y el respaldo de Puig al mismo, la decisión de la comisión no ha sido refrendada todavía por la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, y he aquí donde reside el último resquicio de esperanza para sus impulsores: ¿Y si el departamento de la socialista María José Salvador no lo ve tan claro y, en lugar de tumbar el proyecto, le da una nueva oportunidad?
Fuentes conocedoras del proceso comparaban este martes la situación con la protagonizada el pasado mes de mayo por la entonces secretaria autonómica de Economía, María José Mira. A la dirigente (del PSPV) le tocaba estimar o rechazar los recursos presentados contra la restricción a la apertura en domingo, medida impulsada por el director general de Comercio, Natxo Costa; y por el conseller, Rafael Climent (los dos de Compromís). Ambos le instaban a declinar los recursos pese a que un informe de la Abogacía de la Generalitat recomendaba tomarlos en consideración, y Mira se inclinó por esta segunda opción en aras de la seguridad jurídica, hecho que devolvió la libertad horaria a Valencia y Alicante en contra del criterio de su conseller.
En este caso no existe un informe de la Abogacía al respecto, pero podrían pesar los más de 40 que, según Puerto Mediterráneo, validaron el proyecto antes del cambio de gobierno. Tengan validez o no, lo que es seguro es que los impulsores del complejo, Intu Eurofund Investment, no escatimarán esfuerzos para defenderse por la vía judicial. Como reveló este diario, la enseña considera que existe responsabilidad patrimonial de la Generalitat por haber cambiado de criterio y reclamará una indemnización millonaria. En tal supuesto -conviene subrayar esta cuestión- la rúbrica que quedaría expuesta a la reclamación judicial sería la estampada por Obras Públicas (PSPV).
