La triada de concesiones a ERC y Junts aparte de la amnistía

VALÈNCIA. El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue tejiendo el acuerdo con Junts, la formación que ostenta los votos que le faltan para tener opciones de acudir a una investidura con éxito y continuar como inquilino en La Moncloa.

Mientras este entendimiento se produce, el foco político nacional sigue puesto también en la alianza sellada entre PSOE y ERC esta semana, que refleja una serie de cuestiones ante las que distintos presidentes autonómicos -entre ellos el valenciano, Carlos Mazón- han alzado la voz. Más allá de que la mayoría de regiones están ahora en manos del PP, resulta innegable que el documento signado establece un trato de favor para Cataluña ante el que otras comunidades autónomas tienen algo que decir. 

Así, y pese a que el revuelo en el escenario nacional gira principalmente en torno a la amnistía -a falta de los detalles posteriores que se conozcan si hay pacto con Junts-, hay otras tres cuestiones que afectan y mucho a la Comunitat Valenciana.

-La condonación de la deuda. Tal y como señalaba la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, este viernes al ser preguntada, se desconoce el cálculo exacto mediante el cuál se ha llegado a la conclusión de que Cataluña gozará de una quita del 20% de la deuda con el Estado que supone 15.000 millones de euros.  Aunque si se aplica a las entregas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), esta cantidad para la Comunitat Valenciana supondría en torno a 9.600 millones de euros, lo cierto es que el documento subraya que esta condonación se enmarca en las consecuencias negativas de la crisis económica de 2008. 

Una justificación que se explica en el hecho de que Cataluña no es uno de los territorio especialmente perjudicados por el modelo actual de financiación como sí le ocurre a la Comunitat Valenciana. Es por ello que en su reivindicación ERC no se acoge para solicitar la quita en la infrafinanciación, sino que recurre a la citada crisis de 2008 para reivindicar la citada condonación. En cualquier caso, este criterio también beneficiaría a la Comunitat Valenciana puesto que su deuda se disparó en aquellos años notablemente. Además, aparte de esta posible quita, seguiría pendiente la exigencia de compensación respecto a la infrafinanciación que sí ha sufrido estos años la región valenciana a diferencia de Cataluña.

-Negociación bilateral de la financiación. Este hecho molesta especialmente al Gobierno valenciano y así lo reflejó este viernes la portavoz Ruth Merino. La reforma del sistema de financiación, en teoría, debe ponerse sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que participan todas las autonomías de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra). Que el PSOE -o lo que es lo mismo, el Gobierno de España- acepte negociar sobre esta cuestión con Cataluña en particular genera, así lo señalaba Merino ayer, un agravio comparativo con el resto: "No hay que perder de vista que es una compra de votos para una investidura. Entre otras prebendas, está esa infame comisión bilateral", apostilló.

-Transferencia de la competencia sobre Cercanías. Esta reivindicación -que algunas formaciones como Compromís sí han realizado- no está en los planes del Gobierno valenciano aunque tampoco la descartan. Ahora bien, la propia consellera de Transportes, Salomé Pradas, mostró su escepticismo sobre esta cuestión este viernes en rueda de prensa: "Es irresponsable pensar en esto hasta que no tengamos un cambio de financiación que nos permita cubrir la Sanidad, Educación y los Servicios Sociales. Mientras no tengamos la financiación adecuada no podemos desarrollar esa competencia y dudo mucho que en este momento el presidente Sánchez esté pensando, ojalá, pero creo que no está pensando en mejorar la financiación de la Comunitat Valenciana", aseguró.

Pero en el pacto con ERC no sólo figura este traspaso de competencias, sino también el traspaso a la Generalitat de los recursos necesarios "para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción", cifrada en 132 millones de euros, nada más y nada menos, en lo que supone otra prerrogativa para Cataluña.