Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Un total de cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han constatado durante el juicio sobre la financiación del PP de València en 2007 y 2011 el coste millonario de las campañas electorales. Uno de ellos ha señalado que éste pudo superar los dos millones de euros y que un testigo llegó a afirmar que fue de un millón. Si bien, en su opinión, el montante final "resulta difícil de cuantificar". Lo que han sostenido tanto él como el resto es que, en cualquier caso, la cantidad fue mayor al tope legal establecido.
De esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula se han encargado el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Ambos apuntaron a que el PP de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente mediante procedimientos clandestinos. Lo denominaron "sobrefinanciación articulada".
En 2007 se habrían servido de la agencia de comunicación Laterne, sin actividad real y que se habría dedicado a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que parecen ser simulado.
En 2011, los investigadores tienen la tesis de que se sirvieron de otra empresa, Trasgos. Así, creen que parte de gasto electoral se pagó mediante las aportaciones económicas, bien en metálico de ilícita procedencia, o de distintas empresas con una fuerte vinculación al Ayuntamiento de Valencia.
Por estos hechos se sientan en el banquillo el que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Fuster, además de José Salinas (Fundación Turismo Valencia Convention Bureau) y Juan Eduardo Santón (Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento).
En diciembre de 2021, la Audiencia Provincial archivó la investigación sobre un supuesto blanqueo de capitales para varios exediles del PP del Ayuntamiento tras seis años de instrucción. Una decisión que provocaba que el procedimiento sólo haya seguido adelante para los cuatro acusados que ahora se sientan en el banquillo.
La sesión de este martes se ha dedicado a las cuestiones previas, en las que las defensas de los acusados han defendido la prescripción de los delitos. También han declarado como testigos cinco agentes de la UCO.
Uno de ellos, responsable durante varios años –hasta 2017– de las diligencias de esta investigación, ha explicado que ésta se inició 2015 por parte del juzgado de instrucción. En un primer momento, ha recordado, se elaboró un informe sobre unos archivos de audio en los que aparecían la exconcejal del PP María José Alcón y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent hablando sobre supuestas mordidas en contratos del Ayuntamiento de València.
A partir de ahí, ha relatado, se pidieron diligencias ampliatorias y se produjeron las famosas intervenciones telefónicas de Alcón en las que en llamadas con su hijo y su hermana reconocía una operativa ilegal de blanqueo de capitales con aportaciones de dinero en efectivo que se ingresaba en las cuentas del PP al margen de cualquier fiscalización o control.
A raíz de esas conversaciones y de un escrito anónimo que recibió la Guardia Civil en el que se describía la misma operativa, se analizaron las cuentas del partido. Se hallaron dos: una contenía ingresos que venían del Ayuntamiento y en otra iban a parar las cuotas de afiliados e ingresos en efectivo. En esta último se destapó el conocido como 'pitufeo'.
Los agentes han comentado que al analizar las citadas cuentas se percataron de que había terceras empresas –algunas de ellas contratistas del Ayuntamiento y, por tanto, con intereses económicos– que efectuaban pagos a las mercantiles que había contratado el PP para hacer las campañas electorales de 2007 y 2011.
Estas mercantiles –Laterne y Trasgos– fueron contratadas, de acuerdo con los agentes, por unos importes muy inferiores a los gastos en los que verdaderamente se incurrieron. En la campaña de 2007 el contrato era por 150.000 euros y para la de 2011 se firmaron 170.000 euros. Motivo por el que la UCO cree que debía de existir otra fuente de ingresos.
Un agente ha destacado igualmente que en la vivienda de García-Fuster encontraron sobres con dinero en efectivo, tal y como le trasladó algún compañero, porque él no participó en ese registro.
