Registro de la UCO en casa de Rafael Rubio dentro del Caso Azud. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Diversos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron este lunes en dependencias de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València para efectuar un nuevo registro en el marco de la segunda fase de la operación del conocido como ‘caso Azud’, que se desarrolla desde mediados de mayo.
La Guardia Civil se presentó en las oficinas municipales del edificio administrativo de Tabacalera a media mañana en busca de diversa documentación en el servicio de Planeamiento, según ha publicado Levante-EMV y tal como han confirmado fuentes municipales a este diario. También solicitaron información en el departamento de Intervención, explican las mencionadas fuentes.
La investigación apunta al posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el consistorio (además de en otros de la Comunitat y diversas entidades públicas locales y estatales). Por ello, los agentes solicitaron expedientes y contratos relacionados con la adjudicación de viviendas y parcelas por parte del consistorio al promotor Jaime Febrer entre los años 2005 y 2008.
El grueso de las pesquisas abarca el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011, durante la etapa del PP, aunque los supuestos partícipes serían tanto de este partido como del PSPV junto a varios empresarios. Así, desde el 15 de mayo se encuentran en prisión preventiva el ex vicealcalde de València Alfonso Grau, el ex subdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y Jaime Febrer.
Se trata del segundo registro de esta segunda fase en la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València. El primero se produjo a mediados del pasado mes de mayo, cuando agentes de la UCO se personaron en el área de Desarrollo Urbano, pero también en otras como la de Servicios Sociales, Patrimonio o la del Ciclo Integral del Agua.
La causa, abierta por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, todavía permanece secreta. La investigación se lleva a cabo desde 2017 por parte del juzgado de Instrucción número 13 en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
