Canal del trasvase Tajo-Segura, en una imagen de archivo. Foto: CHSALICANTE. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha cifrado en más de 2.200 millones de euros la inversión necesaria para llevar a cabo 234 obras hídricas que considera "prioritarias y necesarias para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana". La CEV ha mantenido este lunes una reunión en el Palau de la Generalitat con el president, Carlos Mazón, a la que han asistido el presidente de la Comisión Aguas de la CEV, Jordi Azorín, el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, y el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.
Los empresarios han trasladado a la Generalitat un documento con las citadas actuaciones, que corresponde a la sección 'Aguas' del Inventario de Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana. El trabajo ha sido realizado por los miembros de la Comisión de Aguas de la CEV, y en él se han identificado y recopilado aquellas infraestructuras de los planes hidrológicos del Júcar y Segura que se consideran prioritarias para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana.
En total, como se decía, se trata de 234 actuaciones de distinta índole, con un presupuesto total de 2.264 millones de euros. Del total, la Generalitat aportaría 894 millones, la Administración General del Estado otros 1.186 millones de euros, y el resto se repartiría entre administraciones locales (151 millones) y usuarios particulares (unos 12 millones de euros). El documento toma los datos presupuestarios de los distintos planes de cuenca recién aprobados y en vigor.
Prácticamente la mitad de la inversión que se considera prioritaria, unos 1.171 millones de euros, se destinaría a infraestructuras relacionadas con el regadío. Esta parcela es la que acumula también un mayor número de actuaciones, con un total de 106. Del total de inversión, unos 748 millones de euros corresponderían a la Administración central y otros 413 millones a la autonómica, según el documento.
El segundo gran 'bocado' inversor corresponde al abastecimiento, con 346 millones de euros repartidos en 28 actuaciones. A continuación, la CEV reclama 288 millones para saneamiento y depuración, y otros 263 millones para reutilización de caudales. A la desalación deberían destinarse unos 103 millones de euros, según el estudio elaborado por la patronal. El resto, unos 100 millones adicionales, irían a regulación, defensa contra avenidas y otras obras.
El documento de la CEV pone especial atención en las obras que se han vuelto imprescindibles como consecuencia de la modificación en el trasvase Tajo-Segura (al elevarse el caudal ecológico en la cuenca cedente con el nuevo Plan del Tajo) y la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó, en el interior de la provincia de Alicante. En este sentido, destacan los 160 millones de euros que la patronal considera de inversión prioritaria en el 'plan vertido cero' de Alicante, con la conexión de las EDAR, depósitos y otras instalaciones. En este caso, la inversión se repartiría al 50% entre Gobierno y Generalitat.
Asimismo, se establece como obra prioritaria la ejecución de infraestructuras pendientes para habilitar recursos procedentes del Júcar Vinalopó: la finalización de las obras de la conducción (115 millones a aportar por la Generalitat), la instalación de energía fotovoltaica para bombeo de agua (90 millones del Estado), la reparación de la balsa de San Diego en Villena (43 millones, también del Estado) y la modificación de las normas de explotación del Júcar-Vinalopó y concesión de las autorizaciones pertinentes.
