Rafael Martínez Berna, Modesto Crespo y Francisco Camps. Foto: EFEParte de los fondos presuntamente defraudados fueron aportados por la Unión Europea, que obliga al Servef a dejar en manos de otro organismo el control de las subvenciones que concede
VALENCIA. Las denuncias que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) ha presentado en los últimos meses contra las patronales de Alicante (Coepa) y Castellón (CEC) por presunto fraude en subvenciones ponen en cuestión la efectividad de los controles de la administración sobre el uso correcto de esos fondos públicos.
Tal y como publicó Valencia Plaza, la última denuncia presentada se dirige contra la Confederación Empresarial de Alicante a la que señala como presunta autora de los delitos de fraude en subvenciones, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible en la tramitación de 6,8 millones de euros en subvenciones.
Esta denuncia se une a la presentada también por el Servef contra la Confederación Empresarial de Castellón (CEC) por fraude en subvenciones concedidas por este organismo. El juzgado de Nules que investigó los hechos ya ha concluido la investigación y ha procesado a varios directivos de la patronal y empresarios por un presunto fraude que alcanza los 1,8 millones de euros. La patronal autonómica Cierval, cuyo secretario general en el momento en el que se cometieron los hechos presuntamente delictivos, Rafael Montero, es uno de los principales imputados, también figura como procesada.
La denuncia contra Coepa fue presentada por la 'exnúmero dos' de la Conselleria de Economía, María José Mira, a principios de agosto, mientras que la que se presentó contra la CEC surge de un expediente iniciado en el Servef durante la última etapa del PP en el Consell. Las cantidades presuntamente destinadas a fines distintos a los del objeto de la subvención superan entre los dos casos los 8,6 millones de euros y los expedientes sospechosos se extienden al menos durante doce años.
Esa circunstancia, unida las advertencias que la Sindicatura de Comptes ha realizado en varios de sus informes de fiscalización de sus últimos años sobre el control de las subvenciones, pone en entredicho la eficiencia de los mecanismos para verificar la correcta utilización de las ayudas concedidas.
Sin ir más lejos, el expediente de reintegro mediante el que el Servef reclama a Coepa la devolución de 1,91 millones de euros en fondos finalistas -una infracción administrativa que se tramita en paralelo a la denuncia presentada en el juzgado- se basa en el incumplimiento por parte de la patronal del artículo de la Ley de Subvenciones que le obliga a informar al concedente de la subvención de la obtención de cualquier otra ayuda o ingreso público destinado al mismo fin.
La patronal de Alicante, que desde 2002 venía ingresando subvenciones de distintos entes de la Generalitat, como el Servef, la Dirección General de Trabajo o el Sepiva por un importe conjunto de 3,8 millones, accedió en 2006 a un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) destinado a financiar el mismo centro de formación para el que se le dieron las subvenciones.
El hecho de que los concedentes de ese crédito y de las ayudas fueran todos ellos entes de la Generalitat demostraría, cuando menos, falta de diligencia de la administración en el control del buen uso de los recursos durante esos años. Desde que ocupa el cargo, el actual responsable del IVF, Manuel Illueca, ha asegurado en varias ocasiones que este ente realizó algunas operaciones en el pasado contra el criterio de sus técnicos.
A ello se une, además, que durante los años en los que Coepa ingresó las partidas previstas en el convenio con el Servef, la Dirección General de Trabajo de la Generalitat también le concedió varias subvenciones con cargo a fondos FEDER. Se trata de al menos nueve resoluciones de este ente público emitidas entre 2002 y 2009 destinadas al mismo fin: la construcción y equipamiento del centro de formación.
En este sentido, cabe recordar que en la pasada legislatura Bruselas bloqueó el envío de 80 millones de euros al Servef precisamente por las deficiencias detectadas en la gestión de los fondos, en concreto del Fondo Social. El veto se levantó a principios de este año tras la revisión de los mecanismos de gestión de los fondos, un refuerzo del controles en el que se profundizará en los próximos meses por mandato de la UE.
Tal y como explicaba el nuevo secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, en una reciente entrevista en Valencia Plaza, Bruselas obliga a la Generalitat a separar en dos entes distintos la concesión de las subvenciones y el control de las mismas para prevenir el fraude. Se trata de un mecanismo distinto al que se sigue ahora con las subvenciones que concede el Servef a patronales y sindicatos para, por ejemplo, formación de trabajadores.
En la misma línea, Nomdedéu también expresó su intención de realizar una auditoría interna sobre la gestión de los expedientes por parte del Servef durante los últimos años.
