Rebeca Torró, directora General de Vivienda. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Más de 5.800 viviendas protegidas en la Comunitat. Se trata del inventario de VPO en manos de los bancos, un recuento ordenado por la Generalitat en el marco de sus acciones para garantizar el acceso a la vivienda, canalizadas a través de la Ley por la Función Social de la Vivienda -LA conocida como 'Ley Antidesahucios'-.
"Los bancos tienen la obligación de comunicar exclusivamente a la Generalitat las viviendas de protección oficial que tienen, ya sean vacías u ocupadas. En la actualidad 36 entidades financieras distintas han comunicado –y van actualizando- que tienen 5.872 viviendas", explican fuentes de la Conselleria de Vivienda preguntadas al respecto por Valencia Plaza. Del total, destacan por volumen la Sareb (con 1.634 VPO), Cajamar (1.058), Bankia (823), Sabadell (517) y Santander-Aktua (355).
La directora general de Vivienda, Rebeca Torró, explica que la información que aportan los bancos "ayuda a conocer cuál es la realidad del parque público, al tiempo que permite conocer a ciencia cierta de qué cantidad de viviendas disponen, puesto que en la actualidad la Generalitat está intentando firmar convenios con ellos que permitan la cesión de estas viviendas así como encontrar las mejores soluciones a los problemas de habitabilidad de la Comunitat".
En la misma línea, Torró señala que su departamento trabaja para seguir desarrollando a nivel normativo la Ley por la Función Social de la Vivienda pese al recurso interpuesto por el Gobierno de España.
"Aunque los artículos que hablan de la expropiación del uso de las viviendas sociales están suspendidos cautelarmente y recurridos ante el Tribunal Constitucional los bancos están facilitándonos en muchas ocasiones de forma voluntaria la cantidad de viviendas de la que disponen, lo que nos permite encontrar soluciones adicionales", explica.
Por lo que respecta a las viviendas deshabitadas en manos de grandes propietarios, cuya comunicación al Consell se impone en el artículo 16 de la Ley por la Función Social de la Vivienda, un total de seis entidades financieras "han comunicado voluntariamente a la Generalitat que tienen un total de 3.291 viviendas vacías", según indicó Torró sin desglosar los propietarios.
La cifra hace seis meses era similar, de un total de 3.145 viviendas vacías "que no tienen ocupantes con título reconocido, ni han sido vendidas ni alquiladas". Entonces, tal y como reveló Valencia Plaza, 1.599 correspondían a Sareb, 1.493 a Aliseda, 52 a Servihabitat, y solo 1 a Goldman Sachs.
La ley antidesahucios del Consell, que fue la primera de las nuevas leyes del Ejecutivo de Ximo Puig aprobada por Les Corts, permite a determinados afectados por un lanzamiento hipotecario pedir a la Generalitat que interceda por ellos para evitar que los saquen de la vivienda.
Por otro lado, la norma contempla la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas -propiedad de grandes tenedores- para ponerlas a disposición de quienes carecen de residencia.
