Alfonso Grau, durante una comparecencia en les Corts Valencianes. Foto: CORTS/INMA CABALLER VALÈNCIA. Entre la multitud de derivadas del conocido como caso Azud se encuentra el recorrido del dinero perteneciente a algunos de sus grandes protagonistas, como el exvicealcalde de València Alfonso Grau. Del que fuera dirigente popular figura en el sumario de la macrocausa que alquiló entre 2002 y 2014 tres cajas de seguridad en las entidades bancarias BBVA y Bancaja y en las que constaban como autorizadas sus hijas. La finalidad, de acuerdo con los investigadores, era guardar el dinero en efectivo que se le entregaba como pago de supuestas comisiones ilícitas percibidas a cambio de adjudicaciones públicas desde el Ayuntamiento de la capital.
Esta manera de ocultar las cantidades en cajas fuertes impide conocer al fisco la cantidad real que ingresaban tanto él como otros investigados en Azud. Pero en su caso aparece una actuación muy concreta que llamó la atención de los investigadores, y es que Grau, tras salir del Ayuntamiento en 2015 después de dimitir por el caso Nóos, canceló una de esas cajas de seguridad que tenía contratada en una entidad bancaria. "Su cancelación coincide temporalmente con la baja en el Ayuntamiento de València", explicó la Guardia Civil en uno de sus informes.
A través de inteligencia financiera, se tuvo conocimiento de que en octubre de 2015, siete meses después de salir del gobierno municipal, Grau "habría intentado abrir una cuenta bancaria en Francia", concretamente en la filial del BBVA, para llevarse 300.000 euros.
Allí esgrimió que era un médico valenciano que quería depositar sus ahorros de toda la vida y que temía el resultado electoral de aquel año. Es decir, que tenía miedo a que ganara la izquierda, con Podemos en plena ebullición por el 15-M, y que por eso quería sacar el dinero de España. Para todo ello, aportó una supuesta carta de recomendación de su oficina bancaria en València y acreditó una gran solvencia económica con sus ingresos.
Pero nada de ello llegó a materializarse porque, expone la Guardia Civil en el sumario, cuando se pretendía justificar el origen lícito del dinero que se iba a ingresar, se detectó que el certificado presentado "resultó ser falso". Lo que ocurrió es que el programa de rastreo de aquel banco francés descubrió que el nombre de Grau era el de un político en activo y no el de un médico jubilado y que aparecía vinculado a diversas causas de corrupción. Información que él había ocultado.
Así que la entidad le denegó la apertura de la cuenta. Este jueves declaró como testigo ante el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia el responsable del BBVA que firmó teóricamente el certificado que Grau presentó en la filial francesa. Reconoció su firma, pero no el documento, lo que corrobora la teoría de que es falso. Los investigadores tratan de averiguar ahora adónde fueron a parar esos 300.000 euros procedentes de supuestas mordidas.
