Hospital de Dénia. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. Los 900 empleados no estatutarios del Departamento de Salud de La Marina Alta no tienen garantizados sus puestos de trabajo a medio plazo en caso de que la Generalitat valenciana compre la mayoría del capital a DKV, socio mayoritario (65%) de la empresa concesionaria Marina Salud. Así lo aseguran varias fuentes consultadas por Valencia Plaza, aunque el panorama no es exactamente igual al del Hospital de la Ribera, en el que, cuando acabe la concesión en marzo de 2018, la Conselleria deberá sacar las plazas a concurso-oposición para convertirlas en estatutarias.
La situación del personal de Dénia, que atraviesa un momento difícil por el recorte de condiciones laborales propuesto por Marina Salud, no es idéntica a la del Hospital de Alzira. En el área de Salud de La Marina Alta trabajan 1.200 personas, de las que 300 son personal estatutario -de la Conselleria- y 900 son empleados de Marina Salud. Del total, unos 800 trabajan en el hospital y el resto en los centros asistenciales de la comarca (consultorios y centros de salud).
En Dénia la concesión no acaba hasta 2024, por lo que si la Generalitat compra la participación de DKV se daría una situación poco habitual en el panorama administrativo, y es que la concesionaria sería una empresa mixta en la que la Conselleria controlaría el 65% y Ribera Salud tendría el 35% restante.
En esas circunstancias, la Generalitat podría estudiar la opción de mantener el servicio en régimen de concesión hasta 2024, con lo que la plantilla no se asimilaría al régimen del personal estatutario de Sanidad y la Conselleria no tendría obligación de convocar un concurso-oposición para las plazas ya existentes. Al menos no inmediatamente.
El secretario general de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras del País Valencià, Arturo León, cree que la situación en el Hospital de Dénia está menos clara que en el de Alzira. "Lo único claro es que la Administración mandaría en la mesa del convenio que se negocia porque tendría la mayoría".
También tiene claro que los trabajadores no podrían pedir convertirse de la noche a la mañana en personal estatutario, como no pueden hacerlo los contratados en Alzira. Y que las nuevas plazas que se tuvieran que cubrir desde el momento en que la Generalitat fuera la accionista mayoritaria deberían pasar por un proceso de selección con las normas de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia de cualquier empresa pública.
Lo que parece claro es que, como muy tarde al acabar la concesión, al igual que ocurre con los otros hospitales cuya gestión está privatizada, todas las plazas deberían transformarse en estatutarias y cubrirse mediante concurso-oposición.
Foto: EVA MÁÑEZAsí lo confirman a Valencia Plaza fuentes del despacho Broseta, que aseguran que, de lo contrario, "se estaría asimilando a ese personal laboral no funcionario al personal estatuario de la Generalitat, que ha conseguido su plaza por concurso, en función de méritos y capacidades". Estas fuentes, que citan abundante jurisprudencia al respecto, explican que en el momento de asumir la Conselleria de Sanidad el servicio que presta la concesionaria debería producirse "una asunción del personal laboral no estatutario con carácter de temporalidad, en tanto se convoque el correspondiente y pertinente concurso público u oposición a través del cual puedan acceder a la condición de personal estatutario fijo".
Arturo León, de CCOO, advierte de otro "peligro" en el caso de que Sanidad no convoque este concurso-oposición, y es que el Partido Popular vuelva a gobernar y decida privatizar de nuevo la gestión, algo que le sería mucho más difícil si el personal fuera estatutario, como ocurrió en Madrid cuando el Gobierno del PP tuvo que desistir de privatizar la gestión de seis hospitales públicos.
Como explicó este periódico, el proceso tiene una derivación importante, tanto en Alzira como en Dénia y, en el futuro, en el resto de hospitales de gestión privada, y es que a los actuales empleados de las empresas privadas, una vez traspasada la gestión, habrá que indemnizarlos si sus plazas salen a concurso y tienen que ser despedidos y no las obtienen.
Al ser personal indefinido, en muchos casos con más de 15 años de antigüedad en la empresa, y al haberse subrogado la Conselleria de Sanidad en todos los derechos y obligaciones con la plantilla, sería la Administración la que tendría que afrontar ese pago que ascendería a decenas de millones de euros.
