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semanas después de que cierval pidiera la paralización del SDDR

Medio Ambiente convoca a la cúpula de la patronal para tratar el plan de envases retornables

3/01/2017 - 

VALENCIA. La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, se reunirá finalmente con la cúpula de la patronal autonómica Cierval para tratar el plan de envases retornables (SDDR) que Medio Ambiente quiere implantar a partir de 2018 y que se ha topado con un rechazo frontal de la organización empresarial. El encuentro, que se celebrará el próximo 12 de diciembre, se produce casi dos meses después de que la organización presidida por José Vicente González solicitara una negociación para "alcanzar un consenso" en la gestión de envases.

Se trata de la primera reunión que la consellera de Medio Ambiente y el líder de la patronal autonómica mantienen para tratar este asunto en el que la Conselleria trabaja desde hace meses y que ha provocado el rechazo prácticamente unánime de todos las asociaciones empresariales implicadas, hasta el punto de solicitar la intervención del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que frene el plan.

La intención de Cierval es que la Conselleria convoque una mesa de trabajo para consensuar una fórmula para mejorar los actuales porcentajes de reciclado, pero están en contra de la aplicación del SDDR tal y como se ha planteado. No obstante, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, ha rechazado esa opción al considerar que el asunto ya ha sido debatido con las organizaciones afectadas y el plan no admite vuelta atrás.

Álvaro, que ha asumido el desarrollo del SDDR como uno de los ejes de su gestión en Medio Ambiente, acompañará a la consellera el próximo día 12. Por parte de los empresarios, además de González está prevista la asistencia de Salvador Navarro, presidente de la patronal de Valencia (CEV), quien ya mantuvo un encuentro con Cebrián el pasado mes de julio.

Poco después de aquella reunión, la patronal valenciana celebró un comité ejecutivo con el presidente de la Generalitat en el que los empresarios le insistieron en que frenase el SDDR. Recientemente, una vez Medio Ambiente ha llevado el borrador de la Ley de Protección Adicional de Medio Ambiente al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAPMA), la organización se ha mostrado dispuesta a denunciar ese texto ante Competencia por entender que rompe la unidad de mercado.

En respuesta a la carta que el presidente de Cierval le envió el pasado 28 de noviembre para pedirle una reunión, Elena Cebrián ya manifestó su disposición a "continuar el trabajo dialogado y participado sobre medidas relacionadas con la gestión de residuos" y a "comentar las propuestas contenidas en su carta, en relación a la necesidad de poner en marcha medidas o actuaciones que contribuyan a mejorar las tasas de reciclaje en la Comunitat".

La determinación de la conselleria de Medio Ambiente para implantar el SDDR a pesar tener en contra a Cierval, la Asociación de Supermercados Asucova -Mercadona, Consum, MasyMas, Dialprix- o la asociación de grandes empresas Anged -El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski-, entre otras empresas, contrasta con la postura manifestada por Ximo Puig para encontrar una solución consensuada.

En ese sentido, tras conocer la postura de Cierval, el jefe del Consell ya manifestó que el SDDR se llevará a cabo "sin imposiciones".

El proyecto consiste en sacar del circuito actual, el de los contenedores amarillos, verdes, azules y los iglúes que gestiona Ecoembes -con la que Medio Ambiente también mantiene un agrio enfrentamiento-, los envases de agua, zumo, cerveza y refrescos en formatos de vidrio, pet (plástico), latas y tetrabrik de cuya recogida, tratamiento y depósito pasarían a encargarse los comerciantes y hosteleros.

El consumidor pagará 10 céntimos más por cada envase que recuperará en el momento de la devolución del mismo, mientras que el comercio obtiene dos céntimos con la gestión. Según la Conselleria, el pequeño comercio manejará alrededor de 35 millones cada año con la implantación de este sistema.

Cierval, no obstante, considera que la propuesta de la Conselleria "condiciona la competitividad de las empresas sin ofrecer garantías de eficiencia", por lo que apuesta por establecer "un sistema de gestión consensuado, que proteja el medio ambiente, a los ciudadanos y a las empresas".

 

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