Máximo Caturla, en una imagen de archivo. EFE/JUAN CARLOS CÁRDENASVALENCIA. La empresa BM3 Obras y Servicios recibió de la presunta trama corrupta de la Operación Taula varios contratos muy suculentos. Entre dichos contratos está la adjudicación del cambio del césped promovido por la Diputación Provincial de Valencia y una obra de más de 11 millones de euros -segunda fase del IES El Cabanyal- mediante un contrato negociado sin publicidad justificado por razones de urgencia. Urgencia justificada mediante una resolución por el secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, que al mismo tiempo era el consejero delegado de Ciegsa y, por tanto, quien adjudicó la obra. La Sindicatura de Comptes destacó en su informe de 2005 que dicha acción de Caturla no estaba justificada.
Pero para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que investiga las presuntas mordidas pagadas desde BM3 al entramado corrupto, hay algo incluso más llamativo y curioso que las mordidas, según consta en el sumario del caso Imelsa, cuyo secreto se levantó el pasado jueves.
El gasto de 96.640 euros en tomate frito por parte de una constructora no corresponde, "aparentemente y a juicio policial, a una relación comercial lógica"
Según los datos de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT), la empresa constructora se gastó 96.640 euros en tomate frito comprado a la empresa Estilo Kik´, de la que Máximo Caturla y sus hijos son los principales accionistas, "no correspondiendo esta operación, aparentemente y a juicio policial, a una relación comercial lógica".
La UCO explica que "esta estrategia de amaño de contratos iría seguida de la solicitud a las empresas adjudicatarias de correspondiente comisión como contraprestación", aunque lo que realmente es llamativo para los agentes es el tipo de contraprestación, comprar tomate frito. Es decir, tomate y mordidas por los contratos.
Tarros de Tomate Kikí, producido por Estilo Kikí, propiedad de los Caturla.Según cuenta el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, uno de los cometidos que él mismo recibió fue la gestión para la sustitución del césped artificial de campos de fútbol, pistas de pádel y piscinas cubiertas. Explica Benavent, según consta en el sumario, que la fórmula que se utilizó fue la encomienda de gestión porque así era más rápido el procedimiento. Uno de los lotes le fue adjudicado a la anteriormente mencionada BM3 Obras y Servicios, que participó en UTE con la empresa OPSA.
Para poder amañar el contrato y que le fuera adjudicado a la empresa que ellos querían, se contrató a dos arquitectos que habían trabajado en Ciegsa y que eran de la máxima confianza de Máximo Caturla, cuenta Benavent. La UCO también afirma que estarían implicados el director financiero y el asesor jurídico de Imelsa.
La UCO cree que una vez hechos los pliegos a medida, las empresas a las que les fueron adjudicados los contratos estaban determinadas de antemano y obligadas a comprar el césped a una tercera empresa también relacionada con el entramado corrupto, Doménech Hermanos. Y para que las empresas tuvieran que verse obligadas a ir a ellos se obligaba a que el material utilizado fuera poliuretano.
Al parecer, según los investigadores, los dueños de dicha empresa "tenían relación con el expresidente de la Diputación Alfonso Rus y con Emilio Llopis". Pero además, Doménech Hermanos le compraba parte del material a Beniplast-Benitex, también propiedad de unos amigos de los principales imputados.
