VALENCIA. Este ha sido un mes de agosto de desconexión total como no se recordaba desde hacía años. No es extraño. Después del torbellino de noticias preveraniegas que sacudieron los cimientos financieros de la Comunidad Valenciana y de España entera, cualquiera no intentaba evadirse lo posible para volver con un mínimo de disposición personal. Ahora, como después de un huracán o un terremoto, toca recuento y balance de daños. Y hacer un plan.

En cuanto a las pérdidas personales, tranquilos (?), siguen los mismos. Los mismos políticos y gestores, los mismos jefes de la oposición, los mismos patronos y dirigentes y los mismos sindicalistas que han permanecido al frente de todo lo que aquí ha ocurrido durante el último año y que ha devenido en una Administración regional arruinada, endeudada y malpagadora, la pérdida de control de sus entiodades financieras para la economía regional y un nivel de crisis empresarial y de empleo que aún no ha mostrado haber tocado suelo.

Con los 'audis' oficiales en perfecto estado de revista (aunque igualmente se encuentren impagados y vayan los alemanes con el grito en el cielo), la nómina de altos cargos de la Generalitat continúa igual de hinchada que hace un año, si no más, y la estructura administrativa intacta, como si no hubiera ocurrido nada (¿qué fue de la cacareada reducción de organismos, empresas y fundaciones públicas? Por ejemplo, ¿la VCI de Antonio Lis se ha fusionado con el IVEX de Mar Casanova o aquel anuncio era sólo una broma?).

El presidente de la Generalitat afronta el año y la campaña que ahora comienza con ese brío que sólo poseen los tocados por la mano del destino, aunque no se sepa muy bien a estas alturas -y eso constituye un problema para todos- qué le depara exactamente ese toque del destino a la carrera de un político iluminado que se ha colocado el primero de la fila y no piensa volver a mirar hacia atrás hasta que entre (o 'le entren') en vía muerta.

Por su lado, los dirigentes de la oposición, mon dieu, han prolongado durante el pasado agosto sus eternas vacaciones ("total, ¿para qué? si así estamos bien...). ¿Quién asesora electoralmente al PSPV? Menudo papelón. Mientra el PP ha aprovechado agosto para poner a punto su extraordinaria máquina electoral, engrasar sus mecanismos, actualizar los manuales y preparar la campaña que le conduzca a su cantada renovación al frente del gobierno regional, los opositores ni siquiera tienen cerrada aún la primera línea de candidatos y su programa permanece tan en secreto que a este paso se celebrarán las elecciones y la sociedad continuará sin conocerlo. En fin... deben tener un arma secreta que deslumbrará al cuerpo electoral en su momento (ejem).

Empresarios, patronos y financieros bastante tienen en el tiempo que ahora comienza con hacer cuentas de cara al fin del ejercicio, recortar aún más sus gastos y confiar en que la nueva y anunciada recaída de la economía española sea sólo mal sueño de verano, o un error estadístico. Los directivos de Bancaja y la CAM retoman ya las negociaciones de integración en sus respectivos sistemas de protección que les conducirá a la pérdida de control sobre sus respectivas cajas a cambio de la supervivencia. Y los patronos se preparan para un año electoral en el que el sentido común debería proponer la renovación en buena parte de las organizaciones que puedan hacerlo. Claro que este no es precisamente un país para sensatos...

Con este panorama se hace más necesaria que nunca una o varias propuestas de rescate para que la desorientada sociedad valenciana sepa a qué atenerse y a quien votar, y los funcionarios si van a seguir cobrando o qué. En fin, cualquier cosa medianamante seria que permita a este país creer que sigue siéndolo y que cuenta con personalidad y carácter, paella, fútbol y fallas aparte. Un rescate que debería llegar de la mano de cualquiera de las formaciones políticas que representan a los valencianos aunque, dados los antecedentes de los últimos años, parecen indicar más bien que deberemos seguir apañándonos solos si es que debemos confiar en la capacidad de entrega, sacrificio y esfuerzo de nuestros políticos al servicio de la sociedad.

____________________________________________________________________

Valenciaplaza.com intentará de ahora en adelante convertirse en una útil herramienta como plataforma de lanzamiento y amplificación de cuantas iniciativas, propuestas e ideas procedentes de la sociedad pretendan la superación de este profundo bache económico, así como la mejora y desarrollo de la calidad de vida y de convivencia de todos cuantos habitamos en este territorio (y que además pagamos por ello los impuestos correspondientes). Sólo esperamos de los gobernantes que administran el dinero de los contribuyentes valencianos que lo hagan con eficacia y honradez, devolviendo a la sociedad la confianza que ésta ha depositado en su siempre ingrata clase política.

MADRID / ANDRÉS ABERASTURI. Desde las filas oficiales del PP se estableció una consigna que han repetido -y siguen- con especial devoción: "el problema es ZP"; hay crisis económica, problemas entre las instituciones que son la base del estado democrático, conflictos laborales* no nos falta de nada y el Partido Popular ha reducido toda esta conflictividad a un solo nombre: Rodríguez Zapatero. He ahí el origen y el final de todos nuestros males. La frase se vende bien y recuerda mucho (¿factoría Arriola?) al "váyase Sr. González".

Los diez años de ZP al frente del PSOE han provocado todo tipo de análisis y lo cierto es que el resultado no ha sido demasiado positivo ni siquiera en los medios más cercanos al PSOE. Por mi parte no creo que ZP es realmente el problema -en parte sí, claro- pero de lo que estoy seguro es que no puede ser la solución. Y ahora es cuando uno se plantea lo de la alternativa.

Porque no hay forma de que Rajoy despegue en la encuestas; es cierto que el PP supera al PSOE en intención de voto, pero que tengan claro en Génova dos cosas: que no ganan ellos sino que pierde el PSOE y que ni con muelles artificiales es capaz Rajoy de levantar su liderazgo. Les guste o no, no es el candidato ideal; es más: me atrevería a aventurar que las encuestas no serían iguales si se cambiaran los nombres de los líderes: sin ZP el PSOE resurgiría y sin Rajoy ganaría el PP.

¿Y qué le pasa a Rajoy? Pues que sólo brilla en la tribuna y sólo en los principios de los debates. El resto es un caos: tiene al partido hecho unos zorros, hay una falta de autoridad evidente, los clanes se enzarzan en batallas internas y demasiados varones están envueltos en escándalos de todo tipo. ¿Qué hace Rajoy? Nada. Absolutamente nada; "maneja los tiempos" según sus allegados y esa tontería no es más que un eufemismo para decir que no se atreve a posicionarse.

Se equivocó Rajoy dejando llegar hasta donde ahora está el enfrentamiento entre Gallardón y Aguirre, dos bazas fundamentales en el partido; se equivocó y se sigue equivocando -y de qué forma- con Bárcenas y Camps y de ahí hacia abajo lo que quieran: desde Fabra a Matas. Si no es capaz de mantener su propio partido estando en la oposición ¿cómo confiarle la gobernación del país? Es posible que Rajoy pueda ser un magnífico presidente de Cáritas, pero me temo que, hoy por hoy, el PP no es precisamente una ONG.

No es pues cuestión de ideologías sino de capacidad y después de ver lo que pasa en los dos grandes partidos, uno llega a conclusiones más bien pesimistas. Si al Gobierno actual le sobran los ministros porque ZP se ocupa de todo, al Partido Popular le sobra su presidente porque cada uno hace allí lo que quiere. Claro que es posible que ZP sea el problema, tan claro como que el problema del PP se llama Mariano Rajoy.

El objetivo de impulsar el crecimiento de la economía española -y, con él, el de la creación de empleo-, y hacerlo sobre unas bases más sólidas y sostenibles, ha hecho que el Gobierno adopte una serie de medidas para reforzar la capacidad de nuestro tejido productivo y garantizar, a su vez, el apoyo efectivo de las instituciones públicas a este crecimiento. Estas medidas de urgencia se recogieron en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo (el "RDL 6/2010"), publicado en el Boletín Oficial del Estado el 13 de abril. Este Real Decreto forma parte de lo que se denominó los "Pactos de Zurbano".

El RDL 6/2010 se divide en seis capítulos, pero -para lo que ahora nos ocupa- el realmente interesante es el tercero ("Medidas de apoyo a las PYMES"), en el que se incluye la medida de la reducción de cargas administrativas en el ámbito tributario.

El artículo 14 del RDL 6/2010 ha introducido una modificación en los apartados 2 y 10.1º del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades con el objeto de excusar a las empresas de reducida dimensión de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas.

De una manera sucinta, recordemos que el RDL 6/2010 ha supuesto una primera aproximación dirigida a la simplificación de las obligaciones documentales en las operaciones vinculadas. De esta manera, se eximía expresamente de tal obligación a aquellas empresas cuya cifra de negocio durante el ejercicio fiscal no superara 8.000.000 de euros, siempre y cuando el importe conjunto de las operaciones vinculadas realizadas por la empresa en dicho período fuera inferior a 100.000 euros.

Además, la disposición adicional única del RDL 6/2010 establece una previsión de adaptación de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas a la jurisprudencia comunitaria y al derecho comparado. Así, en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del RDL 6/2010, el Gobierno debía tramitar la modificación de la normativa tributaria que regula las obligaciones de documentación de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, para lo que había que tener en cuenta los siguientes aspectos: que se tratara de operaciones internas (no internacionales), que intervinieran PYMES, que su importe no fuera muy significativo y que no participaran paraísos fiscales. En este sentido era de esperar que el límite de los 100.000 euros impuesto en el RDL 6/2010 se elevase en la nueva reforma.

El Consejo de Ministros, dando cumplimiento a la disposición adicional única del RDL 6/2010, ha aprobado el Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (el "RDL 897/2010"), que ha entrado en vigor el día 11 de julio. La nueva norma da un paso más en la voluntad de simplificar las obligaciones de documentación al establecer un umbral mínimo de 250.000 euros, por debajo del cual, con carácter general, no resulta necesario cumplir con las obligaciones de documentación exigidas en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, con independencia del tamaño de la empresa y del carácter interno o internacional de las operaciones.

La regla general está limitada por algunas excepciones. El beneficio no aplicará para las operaciones formalizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales, salvo que residan en la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas. Tampoco se aplicará en operaciones con personas físicas que tributen bajo el régimen de estimación objetiva ni en aquellos supuestos en los que se transmitan negocios, carteras o inmuebles, o se realicen operaciones con intangibles. En estos casos, por tanto, se mantiene la obligación de documentar las operaciones vinculadas.

Adicionalmente, la exoneración se extenderá también a las Agrupaciones de Interés Económico (AIEs) o Unión Temporales de Empresas (UTEs) para cualquier operación que realicen con una entidad del mismo grupo fiscal al que pertenezcan sus miembros. Además, será válido el nuevo beneficio para las entidades de crédito integradas a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP) en las operaciones que tengan relación con el cumplimiento del referido sistema.

Por último, la nueva normativa introducida por el Real Decreto 897/2010 será aplicable con carácter retroactivo desde el 19 de febrero de 2009, fecha a partir de la cual resultan exigibles las obligaciones documentales en operaciones vinculadas.

En suma, el nuevo Real Decreto liberará a una gran mayoría de las PYMES de cumplir con las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas, liberación que esas empresas agradecerán en su operativa diaria.

____________________________________________________________________

(*) Borja López Pol es bogado de Uría Menéndez

Hasta los presupuestos no asistiremos al verdadero debate del estado de la nación. Este de julio ha quedado diluido en medio de los calores estivales y las euforias patrias del deporte rey.

Lo que se tenía que decir ya estaba dicho: poco antes, en mayo y ante el empuje de la crisis y las presiones de los gobiernos amigos, Zapatero bajo a la arena, se enfundó el mono de faena y decidió emprender cambios fundamentales en las políticas desarrolladas hasta el momento por sus gobiernos (y los anteriores). El debate verdaderamente importante se produjo en ese momento y no en este mes de julio.

Quizá quepa hablar de otro debate, el sempiterno problema de la estructuración territorial de España con motivo de la reforma del Estatuto catalán y la consiguiente sentencia del Tribunal Constitucional. Pero también en este caso ya todos los actores habían dicho la suya, incluida manifestación reivindicativa de la identidad nacional (de una de las posibles o de varias, según cómo cada uno lo entienda).

El dato cierto es que la proximidad de las citas electorales impide a estas alturas un debate en profundidad e impone a los partidos las posiciones tácticas. No es extraño que ante este cúmulo de circunstancias el presidente del Gobierno haya desistido de anunciar ninguna nueva medida de calado. Como en términos populares se expresa, todo el pescado estaba vendido.

Y aún así, el debate tiene sus lecturas y posiblemente sus consecuencias. Las imágenes proyectadas ante la ciudadanía no son neutras y preanuncian los rumbos de la próxima temporada política.

Pienso en una oposición de derechas empujada a la inanidad por su débil liderazgo (nada es en balde). Rajoy ha quedado reducido a un busto que se reduce a pedir a Zapatero la dimisión de sus responsabilidades en una suerte de quítate tú para ponerme yo. Las prisas son malas consejeras: sin propuestas alternativas, tampoco ha apoyado las medidas necesarias en la actual coyuntura. ¿Cómo explicar ante los ciudadanos esta falta de apoyo a políticas que en buena parte hasta hace poco ha reivindicado y son comunes en todos los países europeos?

No parecen éstas buenas credenciales para afrontar la larga marcha hasta las próximas elecciones y -no hay que olvidar- que Cataluña es uno de los primeros escollos que tendrá que afrontar. Quedan dos años por delante hasta las próximas elecciones y la actual ventaja que le otorgan las encuestas puede ir menguando de aquí a entonces. Lo suyo puede convertirse en una carrera contrarreloj donde sólo pedalea el adversario.

Pienso también en una oposición de izquierdas que ha representado su papel -ideológico- pero que fía todo su futuro a una huelga general convocada por los sindicatos para el mes de septiembre. Puedo equivocarme pero no parece que los ciudadanos estén por la labor. La huelga de los funcionarios fue suficientemente expresiva del estado de ánimo reinante: frustración pero resignación cristiana. Y, cuidado, no se convierta la huelga en un boomerang para los sindicatos.

Y es que, en esa tesitura, entre una derecha que no se encuentra y una izquierda que se lanza a las barricadas, la figura de Zapatero de repente recupera la centralidad en el tablero político. No tendrá las adhesiones de antaño ni se verá acompañado del fervor popular, pero puede reivindicarse como el mal menor para el futuro de los españoles. Curiosos los meandros en los tiempos de la cosa pública. No es mal resultado éste -vean la recuperación que apuntan las encuestas- para el que hasta ayer mismo había pasado a ser considerado por muchos el peor presidente de la historia de la democracia en España.

Pero, sin duda, los que más provecho han sacado a este debate son los partidos nacionalistas. Hace pocos meses se hubieran dado con un canto en los dientes por encontrarse en la actual situación. La sentencia del Tribunal Constitucional les ha rearmado en sus planteamientos reivindicativos ante el poder central. La debilidad de Zapatero y de Rajoy les convierte de nuevo en la llave que puede abrir las puertas del palacio de la Moncloa. Pueden recuperar poder autonómico. Su único problema en el momento actual es anticipar quién será su futura pareja en el baile de la política nacional.

Vistas así las cosas, de aquí a las elecciones el debate de los próximos presupuestos se convierte en una de las últimas oportunidades de nuestros actores políticos en mover ficha de forma significativa de cara a la futura legislatura. Sin duda, éste será el verdadero debate de la nación. ¿Subirá Zapatero a la tribuna de oradores en el Congreso? ¿Y Rajoy? Habrá que estar atentos.

__________________________________________________________________

(*) Joaquín Martín Cubas es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia

El documento reconoce explícitamente la necesidad de abandonar el método de la pérdida incurrida. En virtud de este procedimiento actualmente en vigor, las pérdidas por insolvencia se imputan al resultado del ejercicio cuando se produce un hecho objetivo que acredita la insolvencia del deudor, por ejemplo el impago de una cuota del préstamo. El IASB señala que, cuando estos hechos se producen, las pérdidas son prácticamente inevitables, por lo que el procedimiento de contabilización no satisface el deseable objetivo de advertir a tiempo a los mercados del deterioro en el valor de los préstamos concedidos por las entidades financieras. Además, el procedimiento es procíclico porque los problemas de solvencia suelen aflorar en los años de crisis, afectando a unos beneficios ya de por sí mermados por el bajo nivel de actividad. En cambio, en los años de expansión las tasas de morosidad son bajas y, por tanto, las pérdidas por insolvencia imputadas al resultado son mínimas.

Para dar respuesta a estos problemas, el IASB apuesta por el método de la pérdida esperada. La principal ventaja de este procedimiento consiste en permitir una distribución equilibrada de las pérdidas por insolvencia a lo largo de toda la vida del préstamo. Para ello, el banco calcula el tipo de interés efectivo (TIE) de la operación, descontando a los flujos futuros de caja las pérdidas previstas por insolvencia. Obtenida la estimación, el banco aplica el TIE al capital pendiente de amortizar para estimar los ingresos devengados anualmente por el préstamo hasta su vencimiento. Se trata en definitiva de un procedimiento híbrido, a mitad de camino entre el coste amortizado y el valor razonable, que obliga al banco a predecir los flujos futuros de caja asignando probabilidades de ocurrencia a los distintos escenarios que afectan al rendimiento de un préstamo.

El Financial Accounting Standards Board (FASB), homólogo norteamericano del IASB, también renuncia al método de la pérdida incurrida. Sin embargo, a diferencia del IASB, el modelo del FASB no permite a los bancos reconocer pérdidas por insolvencia mientras no consideren improbable el cobro de las cantidades pactadas contractualmente. En lugar de repartirlas durante toda la vida del préstamo, las pérdidas se imputan íntegramente al resultado del ejercicio en que se detectan, por la diferencia entre el coste amortizado del préstamo y el valor actual de los flujos de caja que la empresa espera cobrar hasta el vencimiento. En definitiva, aunque el criterio de imputación temporal es distinto, la aproximación del FASB también obliga a los bancos a estimar periódicamente los flujos futuros de caja derivados de los préstamos, teniendo en cuenta la probabilidad de insolvencia.

Las diferencias entre ambas propuestas han generado perplejidad y preocupación a ambos lados del Atlántico, dado el compromiso asumido por el FASB y el IASB de alcanzar un acuerdo a mediados de 2011, que diera lugar a la creación de un único conjunto de normas de contabilidad globales de alta calidad. En todo caso, más allá de las discrepancias, parece obvio que ambas instituciones apuestan por introducir una mayor subjetividad en el tratamiento contable de la insolvencia. De hecho, para reconocer pérdidas por este concepto ya no es preciso que el prestatario deje de atender una cuota periódica del préstamo. Bastaría con un simple deterioro de las circunstancias económicas del prestatario para contabilizar una pérdida en el valor del préstamo contra el resultado del ejercicio.

En cierto modo, la mayor subjetividad es el precio a pagar por disponer de una información que permita una evaluación temprana de los riesgos asumidos por las entidades financieras. Mediante esta información, se pretende mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos desde el ahorro hacia la inversión, dotando a los agentes económicos de un mayor conocimiento acerca del riesgo y la rentabilidad de las entidades financieras. Además, se pretende poner a disposición de los mercados una herramienta que permita ejercer un mayor control sobre la actuación de los directivos, reforzando la labor de supervisión de los bancos centrales.

Pero, inevitablemente, la mayor subjetividad también plantea inconvenientes, cuyas consecuencias aflorarán tarde o temprano. Por un lado, al incorporar los criterios subjetivos y heterogéneos de los equipos directivos, la información contable será menos comparable entre entidades financieras y, por tanto, menos útil para la toma de decisiones. Por otro lado, debido a la mayor discrecionalidad en su elaboración, la información será menos auditable y, en consecuencia, gozará de una menor credibilidad entre los inversores.

Al margen de estas consideraciones, el aspecto que más preocupa a los supervisores bancarios es la posibilidad de que los nuevos criterios contables den lugar a una información todavía más procíclica que la actual. Tanto en una propuesta como en la otra, la contabilización de las pérdidas por insolvencia obliga a la gerencia a utilizar criterios subjetivos en la estimación de los flujos futuros de caja de los préstamos. Sabemos que estas predicciones dependen de los estados de ánimo del mercado y que en absoluto son neutrales con respecto a la fase expansiva o recesiva del ciclo económico. Ello podría abocar a las entidades financieras a publicar pérdidas excesivas en los años de crisis y beneficios exagerados en los años de crecimiento, con consecuencias negativas desde el punto de vista de la volatilidad macroceconómica.

En definitiva, la reforma de la contabilidad bancaria nos somete de nuevo ante el viejo dilema de optar entre una información fiable o relevante. Al parecer, nos damos cuenta ahora de que no sirve de nada disponer de información fiable pero al mismo tiempo incapaz de reducir nuestra incertidumbre con respecto al futuro. ¿Cuánto tiempo tardaremos en volver a pensar que la información para ser útil también debe ser fiable?

___________________________________________________________________

(*) Manuel Illueca Muñoz es profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I e investigador asociado del IVIE

En los medios de comunicación se tiende a representar este tipo de asuntos en clave partidista, como una especie de partido de fútbol en el que unos ganan y otros pierden. Y cierto es que se pueden hacer las cuentas del resultado de la contienda en ese sentido.

Por ejemplo, se puede medir el nivel competencial que tenía Cataluña antes de la reforma y el que finalmente tendrá después del pitido final del Tribunal Constitucional. Probablemente estaremos todos de acuerdo en que Cataluña ahora tiene más competencias que antes pero menos de las que deseaba al iniciar este proceso de reforma.

Otra forma de leer el resultado de la batalla tiene que ver con el reparto del poder entre los partidos políticos contendientes antes y después de la reforma, esto es, quién gana y quién pierde en términos electorales. Habrá que ver, pero lo que es seguro es que hoy ésta es la principal cuestión que se juega en los medios: tomar posición de cara a las próximas elecciones, primero, autonómicas en Cataluña y, después, generales en España.

Y supongo que entra en la lógica de las cosas que la opinión pública y publicada se recree en este tipo de debates. Pero no es menos cierto que dejan oculto lo fundamental, el hecho de que no se ha resuelto el problema político de fondo: el necesario ajuste adecuado, pacífico y estable de Cataluña en el Estado español. La reforma, pese a sus méritos -que también los tiene-, en lo fundamental no ha servido para nada.

En España tenemos un gran problema de estructuración territorial. Es cierto que la transición democrática, para nuestra fortuna, configuró una salida pactada a ese problema que concito un gran consenso político y social. Sin embargo esa salida quedó abierta a diversos desarrollos posibles. Las tensiones resultantes han estado presentes desde entonces si bien, de alguna forma, contenidas por el modélico comportamiento de la clase política catalana. Pero no por ello las tensiones han dejado de estar presentes.

La reivindicación de más poder para las autonomías y, en especial, para la catalana como parte sustancial del actuar político partidista ha sido una constante de nuestra reciente historia democrática. En ese sentido la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña se presentaba como la oportunidad de renovar el gran acuerdo de 1979 con un pacto más avanzado que diera respuesta a una nueva coyuntura con nuevos condicionantes políticos, económicos y sociales. Y de hacerlo desde el consenso. Esa es la gran oportunidad perdida.

¿Responsables? Todos, unos por acción y otros por omisión. El caso es que el pacto dejó fuera a un actor político fundamental, quizá no en Cataluña pero sí en el resto de España, el Partido Popular, y los contendientes se aprestaron a presentar batalla.

El colmo de los despropósitos es que el arma elegida para el duelo ha sido la jurídica pretendiendo solucionar por esa vía un problema que no es jurídico sino político. Resultado: una sentencia que no resuelve nada. Tiempo habrá para leerla con detenimiento y, seguramente tendrá fundamentos jurídicos de extraordinario valor junto con otros blanco de la crítica de la doctrina. Pero ese no es el problema.

Diga lo que diga la sentencia, el resultado salta a la vista. El nuevo Estatuto de Cataluña ya no contenta a nadie. A unos porque no era el suyo, a otros porque se lo han recortado pese a la voluntad manifiesta del pueblo catalán. De hecho todos y cada uno de los actores en liza encuentran ahora razones para defender sus puntos de partida en el debate territorial con más vehemencia que nunca. Unos llaman fascistas a otros; los que no, se declaran más independistas que en el pasado. Así las cosas, lejos de cerrar el debate territorial, este proceso ha contribuido a darle más argumentos.

En el fondo el problema no es de la clase política catalana, ni de la mayor o menor legitimidad de los miembros del Tribunal Constitucional, ni del espíritu centralista que anida en el Partido Popular. Es un problema ínsito en nuestra Constitución. En 1978 seguramente se hizo todo lo que se pudo, pero hoy día estamos condenados a no salir de ese debate permanente si no se cierra definitivamente la estructura federal del estado español. Y para eso hace falta liderazgos con altura de miras y proclives al consenso: en Madrid y en Cataluña, pero esa es otra cuestión.

_____________________________________________________________

(*) Joaquín Martín Cubas es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia

Llevo varios días leyendo con mucho interés el último libro de Víctor Pérez-Díaz, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y autor de varios y acertados análisis recientes, sobre el sistema educativo español. Se titula 'Universidad, ciudadanos y nómadas' (Ediciones Nobel, 2010) y acaba de ganar la última edición del prestigioso "Premio Internacional de Ensayo Jovellanos". De la perspicaz visión de Pérez-Díaz sobre la Universidad actual, me fijo y tomo prestado el binomio que el autor usa para explicar las diferencias entre aquellas universidades del mundo -las norteamericanas- que representan la excelencia y todas aquellas -el resto- que el autor identifica con la normalidad, no en el sentido de la "norma del ideal", sino en el sentido de la "norma de lo más frecuente". Para Pérez-Díaz, los factores que han propiciado la excelencia de la universidad americana y, por contraste, la no excelencia de las universidades europeas (entre ellas las españolas), serían dos fundamentalmente: uno institucional y otro cultural.

Respecto al primero, argumenta el autor que en el marco institucional estadounidense, la autonomía de las universidades ha sido siempre mayor que en el caso español o europeo, donde ha prevalecido una situación de más dependencia respecto a la intervención y los presupuestos del Estado. A nivel cultural, en España sufrimos ahora, concluye el autor, las consecuencias a largo plazo de un proceso de alfabetización y escolarización secundaria muy retardado, que afectaría a esas familias de clase media de donde proceden muchos estudiantes y al deficiente nivel cultural de los institutos por donde han pasado esos mismos alumnos, muchos de los cuales llegan a la Universidad sin ninguna motivación especial, pasando a integrar esa generación de lo Pérez-Díaz llama "universitarios transeúntes": gente sin vocación conocida que pasa sin pena ni gloria por una Universidad que no deja en ellos ningún sentimiento de gratitud o compromiso, ninguna huella reseñable en su formación como ciudadanos críticos.

La Universidad de Valencia: en busca de la excelencia perdida
Por ese poblado terreno de la normalidad del que habla Pérez-Díaz parece circular en los últimos tiempos el alma mater valenciana, pendiente de dar un paso al frente en busca de la anhelada excelencia y con el peligro acechante de caer en esa mediocridad de la norma, viéndose convertida en una maquinaria burocrática sin sentido dedicada a la expedición de títulos y en la que lo menos importante es la docencia y la investigación. Es verdad que se debatió mucho sobre esto en las pasadas elecciones a rector y que todo el mundo coincidió en señalar la preocupante tendencia de una institución que en los últimos años parece haber abusado en exceso de la improvisación y el cortoplacismo, del parche y el remedo para ir saliendo del paso con medidas coyunturales que han provocado situaciones tan poco recomendables como el hecho de que en nuestra universidad haya más de 800 profesores asociados, por poner sólo un ejemplo.

Aunque en el ambiente de las elecciones flotaba esta sensación de fin de un ciclo y de necesidad de un cambio que diera un nuevo impulso a la institución, la realidad es que se impuso -y lo hizo con cierta holgura- una candidatura -la liderada por el profesor Esteban Morcillo- cuyo núcleo duro estaba en buena parte formado por personas del anterior equipo rectoral.

En esas elecciones se habló igualmente de un objetivo estratégico de la UV en el que coincidió todo el mundo: conseguir el reconocimiento de "Campus de Excelencia" que el Ministerio de Educación había denegado a nuestra universidad en noviembre de 2009. Ya instalado el nuevo equipo rectoral en el cargo, parece que se han corregido las deficiencias del anterior proyecto y se ha elaborado uno nuevo a tres bandas (UV, UPV y CSIC) que cuenta, además, con el curioso apoyo de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia.

Digo curioso porque, aunque parece que esto era lo más lógico, lo primero que hizo Rita Barberá después de su reunión con Esteban Morcillo fue anunciar que daba su aval al nuevo proyecto, sentenciando acto seguido que la llegada del nuevo rector marcaba "el fin de un periodo que ha sido bastante estéril para la sociedad valenciana y para la propia universidad"; vaya, que lo que se ha hecho en la UV durante los últimos años -incluyendo, supongo, a todas las personas que forman el actual equipo rectoral, muchas de las cuales ya estaban en el anterior, empezando por el nuevo rector- ha sido totalmente vacuo e inútil, improductivo para esa "prosperitat i benestar de la nostra Comunitat" para la que trabajan a destajo Camps y Barberá, mientras los universitarios no hacemos nada de provecho, como es bien sabido ya.

No quiero hacerme el sorprendido por las palabras de la alcaldesa porque sería cínico por mi parte, pero no puedo negar mi disconformidad con el hecho de que el nuevo equipo rectoral escuche estas palabras y mire hacia otro lado. No lo entiendo. Tampoco entiendo la tibia respuesta que dio el Rectorado de la UV a los ataques verbales sufridos por la Decana de la Facultad de Geografía e Historia con ocasión de la dichosa y ya famosa conferencia del pasado 27 de abril. Y me quedo aquí por no seguir con las cosas que suceden en mi universidad y que no entiendo...

Sé que opinando ahora me salto esa norma no escrita de los cien días de rigor que se dan como margen de confianza a la persona que llega a un cargo, pero también sé que el cambio en las formas que algunos esperábamos del nuevo equipo rectoral no se ha producido todavía, o si se ha producido yo no lo percibo. Como investigador de la UV espero y deseo que se logre el reconocimiento de "Campus de Excelencia" porque será algo que nos beneficie a todos, pero también espero del nuevo equipo rectoral que comprenda que la excelencia de la institución no pasa sólo por lograr un reconocimiento internacional, de puertas afuera; pasa también por conseguir que cada universitario, cada persona que estudia o trabaja en la UV, se sienta orgullosa de pertenecer a la institución, a ese lugar en el que todos hemos invertido muchos años de trabajo y esfuerzo.

Sólo pido -no sé si pido demasiado- que no se nos diga que aquello que hacemos es "estéril" y -a ser posible- que el rector y su equipo intenten evitar el caer en esos vicios y actitudes que supuestamente iban a corregir de la anterior etapa. Pedir la implicación de todo el mundo en esta nueva etapa, implica también hacer sentir a los universitarios que forman parte de un proyecto, que se les escucha y se les tiene en cuenta. Si esto no se empieza por algo tan básico, espero equivocarme pero la UV no llegará nunca a esa excelencia de la que habla Pérez-Díaz en su libro; al contrario, nos quedaremos en el pelotón de las universidades regionales que viven en la medianía y el conformismo, en esa peligrosa inercia de la autocomplacencia.

Confío en que en los próximos años se cumplan todas las buenas intenciones y la UV dé ese salto de calidad que necesita; no me gustaría pensar que todo el cambio prometido en las pasadas elecciones ha quedado en una mera operación de maquillaje apoyada en esa máxima lampedusiana del "cambiar algo para que al final no cambie nada".

_______________________________________________

(*) Francisco Fuster es becario de Investigación en la Universidad de Valencia

VALENCIA. Las pruebas de estrés consisten en someter a tensión al sector bancario para ver si tiene recursos suficientes para afrontar pérdidas en un escenario problemático. Para ello, se estima cómo varía esa pérdida esperada antes cambios en variables como la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de paro, la evolución del precio de la vivienda, el valor real de las garantías aportadas, el valor de mercado de los activos bancarios, etc. Por tanto, para que ese examen de resistencia sea útil, es necesario acertar en la elección de las variables utilizadas y en los escenarios de previsión futura.

En el caso concreto de la banca española, la utilidad de las pruebas de estrés va a depender del escenario macroeconómico manejado para los próximos años (incluyendo la evolución de la tasa de paro) y también de la corrección a realizar en los activos bancarios y sus garantías para adecuarlos en la mayor medida posible a su verdadero valor de mercado. Y aquí la estrella invitada es la valoración de la ingente cantidad de inmuebles que se han adjudicado los bancos en los últimos años para hacer frente a la morosidad, así como de las garantías que respaldan los créditos concedidos.

En estos momentos, existe una elevada incertidumbre en el valor de las pérdidas estimadas y, por tanto, en las potenciales necesidades de capital para hacer frente a esas pérdidas. Sólo en los últimos cuatro meses, es posible contabilizar al menos seis informes donde se han estimado esas cifras, y la discrepancia en los resultados es tremenda. Pero si una lección hay que aprender es que conforme pasa el tiempo, la magnitud de la pérdida estimada crece, por lo que aumenta de igual forma el valor de la inyección de capital necesaria para asegurar un mínimo de solvencia. Así, por poner un ejemplo muy reciente, el BBVA ha estimado este mes de junio en unos 50.000 millones de euros las necesidades de recursos propios para garantizas la solvencia del sector bancario español, cifra muy superior a los 10.000 millones de euros de los procesos de integración hasta ahora aprobados por el FROB (sin incluir el rescate con cargo al FGD de Caja Castilla La Mancha).

Tras el reciente acuerdo del Consejo Europeo de publicar a lo largo del mes de julio los resultados de esas pruebas de estrés, hay tres preguntas clave sin contestar. Primero, si se van a publicar los resultados solo para los grandes bancos europeos (se habla de 25) o para la totalidad de los sectores bancarios. Segundo, si los resultados se van a difundir a nivel agregado o entidad por entidad. Y tercero, cuáles van a ser los escenarios manejados en las simulaciones y si van a ser los mismos para todos los países.

De la respuesta a las preguntas anteriores va a depender la credibilidad y, por tanto, utilidad de los test de resistencia. De poco servirán si los resultados solo se difunden para un conjunto reducido de bancos (por muy grandes que sean) y a nivel agregado. La incertidumbre en nada ayuda a despejar dudas sobre la solvencia del sector bancario, por lo que cuanta más información se aporte al mercado, en mayor medida se despejarán las incógnitas. Y si algo necesita en estos momentos la economía española y nuestro sector bancario, es despejar incertidumbres para que los mercados internacionales no sigan penalizando a todo lo que lleva la "S" de Spain. Aunque las pruebas de estrés puedan deparar sorpresas desagradables para algunas entidades, siempre es mejor reconocer la magnitud del problema poniendo las soluciones adecuadas (para ello está el FROB, que probablemente se prorrogará más allá del 30 de junio) que seguir manteniendo la incertidumbre que en este momento reina sobre la solvencia del sector bancario español.

Finalmente, de nada sirve sacar pecho diciendo que de ese ranking de los 25 mayores bancos europeos, los dos que encabezan la clasificación en las pruebas de estrés realizadas son españoles, si no se aporta información sobre la situación del resto de entidades (que son muchas) del sector. No hay más que leer la prensa internacional de estos días para darse cuenta del protagonismo que, para mal, tienen las cajas españolas.

________________________________________________________

(*) Joaquín Maudos es investigador del Ivie y profesor de la Universidad de Valencia

Tras más de una década "asombrando al mundo" y situándose "a la cabeza de España", en menos de un mes CAM y Bancaja, dos emblemas de nuestra economía, han pasado a manos foráneas. De nada ha valido el que, según se decía, encabezaran todos los rankings virtuosos de la banca. Pero nadie relevante de esas élites se ha atrevido a hacer ni decir nada. La CAM ha pasado a manos de la bien gestionada CajAstur, prudente durante la orgía inmobiliaria, que se ha llevado por delante -junto a la inepcia de gestores y políticos para defender nuestros intereses colectivos- al distintivo del orgullo alicantino. Bancaja a las de la Caja de Esperanza Aguirre en una operación no justificada ni justificable (con la información disponible); a las de una entidad con unos datos básicos del balance menos que discretos.

Si la venganza es un plato que se sirve frío, la de los mercados financieros siempre provoca, además, indigestión. Me temo que no van a hacer falta esos quince años que han pactado sus actuales presidentes para mostrar que en la economía política de esta reestructuración ha habido demasiado de la segunda y nada de la primera. Ahora, como diría Miguel Ángel Aguilar, permanezcan atentos a la pantalla: esto es, al Banco de Valencia.

Frente al desmantelamiento de capacidad financiera y masa crítica, de capital (financiero y humano), que se nos viene encima -siempre se concentra donde están las sedes operativas- el esperpento. ¿Sus actores? Los bravatos que actúan como si el coeficiente intelectual de quienes escuchan sus declaraciones fuera nulo y quienes dicen ser dirigentes de unas organizaciones que hacen progresar al conjunto de la sociedad a pesar de haber demostrado no saber defender ni siquiera los intereses empresariales.

Gestores y políticos
Para los primeros, lo que ayer era la opción óptima, hoy ha pasado a ser pésima, lo que eran inconvenientes se han tornado ventajas y hasta lo que era blanco impoluto, se quiere hacer creer que era negro. Pero como escribiera la admirable Ann Radcliffe, "nunca hay que creer las afirmaciones de las personas, hay que juzgarlas por sus actos". Lo que se aplica también a los desaparecidos como Alarte.

El problema de este bucle infinito de donde dije digo digo Diego es que no sólo la escucha su fervoroso público, que lo tienen. Lo escuchan también asombrados los representantes de los inversores internacionales que tienen que renovar emisiones, los clientes menos fervorosos, los correligionarios y ciudadanos de más allá de Almansa o Minglanilla y los empleados que dirigentes políticos y gestores financieros vienen confundiendo con muebles. ¿El resultado?: una perdida brutal de imagen, tanto corporativa como de todo lo relacionado con la Comunidad Valenciana.

¿Patronos o empresarios?
Para los segundos, el ridículo es incluso mayor. A pesar de su dinamismo, los empresarios, impulsores del empleo y la riqueza, nunca han gozado de gran prestigio entre los valencianos. En buena medida por el comportamiento de sus principales representantes, silentes desde hace demasiado en la defensa de sus intereses y preocupados por halagar los caprichos de poder político. No se trata de su bonhomía o del éxito, en algunos casos, de sus empresas. Se trata de su capacidad para, defendiendo los intereses del colectivo al que dicen representar, hacer avanzar al conjunto de la sociedad. Rafael Ferrando lo intentó hace más de una década y fue precisamente José Luis Olivas, entonces vicepresidente del Consell, el que, con una brutalidad impropia, le mandó callar.

De aquellos vientos vienen estas tempestades en las que las Cámaras (de obligada financiación en pleno siglo XXI), Cierval, CEV, AVE, COEPA y tutti quanti se han cubierto de gloria con sus estrepitosos silencios amplificados por las declaraciones de tres outsiders (Aguado, Félix y Lafuente) y el enésimo espectáculo de Virosque. Incluso la recién nacida Conexus, que parecía llamada a ser otra cosa, ha amagado con la genuflexión en forma de ennumeración de las ventajas del "acercamiento" entre Madrid y Valencia. Como si ese 6,9 % de core capital de la caja absorbente, una mora del 5,3% -sin inmuebles adjudicados-, por no mencionar ese penoso ratio de eficiencia (45,6%) o el -79,6% en beneficios después de impuestos interanuales, no fueran suficiente tarjeta de presentación. En la Torre de Caja Madrid la gestión ha estado en las antípodas de la profesionalidad, la transparencia y la eficiencia. Nada justifica la absorción.

Y ciudadanos
Como invitados de piedra, todos los valencianos menos el centenar corto responsables del desafuero. ¿Por qué lo permitimos? ¿Cómo es posible que su perplejidad y sus silencios cómplices se combinen con el desapego ciudadana a reaccionar ante estas cuestiones, tan relevantes para la viabilidad de nuestras empresas y nuestro bienestar? Porque éstos, u otros, interrogantes ni siquiera se han debatido públicamente desde que el 26 de mayo el Consejo de CAM aprobara el SIP con CajAstur. Tampoco desde que Caja Madrid absorbió a Bancaja el 10 de junio. Y sin debate no puede haber diagnóstico. Y sin diagnostico, solución. Porque los cri de rage como éste, aunque sean del rabelasiano Gargantua, sirven de nada.

______________________________________________________________________

(*) Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económica

Ahí están los resultados de aquellas elecciones. Pero hoy, tres años después, las cosas han empezado a cambiar. La confianza hacia el Partido Popular corre serio riesgo de desaparecer. Confianza. Ese es el lema con el que el PP y su presidente Francisco Camps se presentaron ante los electores en las últimas elecciones autonómicas y municipales. Estábamos todavía en pleno auge económico. Las familias valencianas se recreaban en una suerte de remember de los felices años veinte. Por doquiera reinaba la alegría de vivir. La Comunidad Valenciana era calificada como la Florida europea y el poder valenciano se dejaba sentir en Madrid. Vivíamos la expresión de la máxima valencianía: ¡Serà per diners!

Confianza. Nunca antes en nuestra Comunidad un eslogan había conectado tan bien con lo que deseaba una clara mayoría de los ciudadanos. Ahí están los resultados de aquellas elecciones. Pero hoy, tres años después, las cosas han empezado a cambiar. La confianza hacia el Partido Popular corre serio riesgo de desaparecer. Y es que, sobre todos los demás, tres hechos han marcado esta legislatura:

Primero, el caso Gürtel: una trama corrupta dedicada al saqueo de las arcas públicas que muy probablemente cuenta con la connivencia de altos cargos de la Administración valenciana. Como escribía en un artículo anterior, el presidente de la Generalitat, su vicepresidente, el secretario general del partido del gobierno, su tesorero, entre otros, pueden verse imputados por la comisión de una serie de delitos ligados a esta trama.

Segundo, la Comunidad Valenciana ha dejado de ser la locomotora de España y de Europa -si alguna vez lo fue- para colocarse en el vagón de cola de casi todos los indicadores que miden el desarrollo de un país. De ser campeones en todo, según nos decían, hemos pasado a estar por debajo de la media española -cuando no, en los peores puestos del ranking- en crecimiento y aportación al PIB, en renta por habitante, en empleo, en rendimiento educativo, en financiación de la salud o en camas hospitalarias por habitante, en crédito sobre la deuda pública de la Generalitat y en tantos otros indicadores.

Tercero, el affaire de las Cajas valencianas. Estos últimos días nuestras cajas de ahorro se integraban, vía fusión fría, en SIP cuyo liderazgo se dejaba a cajas de otras comunidades, en concreto Cajastur y Caja Madrid. Bancaixa y la CAM han dejado de ser el puntal económico-financiero del poder valenciano para convertirse en meras sucursales al servicio de intereses mayoritariamente foráneos.

Y, sin embargo, hasta estos últimos acontecimientos el Partido Popular ha venido resistiendo bastante bien este cambio de aires. Las encuestas electorales le seguían dando una cómoda mayoría. Los ciudadanos seguían confiando en el gobierno de Francisco Camps. Y es que, como se nos decía, por un lado, Gürtel era un montaje del PSOE y de los jueces y, al fin y al cabo, corrupción la hay en todas partes; y, por otro lado, en realidad era Zapatero el que tenía la culpa de la pérdida de competitividad y pujanza de la economía valenciana. Argumentos todos ellos, más que discutibles, falsos de raíz pero admisibles en última instancia para aquellos ciudadanos a quienes ahora les resulta difícil admitir que se han equivocado depositando su confianza en un determinado gobierno.

Ahora bien, la fusión de las cajas valencianas con otras foráneas a las que se les entrega el control de las primeras marca un punto de inflexión en la política valenciana. No es un error que se pueda achacar a Zapatero ni al PSOE. Si las cajas valencianas no se han fusionado entre sí no es más que resultado de la debilidad y la falta de voluntad política del gobierno valenciano. Todas las cartas de esta baraja han estado en manos de Camps y del PP valenciano.

Cuando esto ocurre y, además, llueve sobre mojado, irremediablemente se pierde la confianza en aquellos en los que se había depositado y lo primero que hacen los ciudadanos afectados -empezando por los empresarios valencianos- es mirar alrededor en busca de nuevos sujetos en quién depositar ahora su confianza. Es verdad que la alternativa socialista todavía no ha dado mensajes claros para ser merecedora de ella pero los mimbres existen. Basta fijarse en el plantel de nombres que figuran en la nómina socialista para generar confianza en la gestión de los asuntos económicos: Pedro Solbes, Aurelio Martínez, Martín Sevilla, Inmaculada Rodríguez Piñero, Jordi Sevilla, Vicent Soler, Ana Fuertes, Enrique Villarreal, Jordi Palafox y tantos otros, muchos de ellos más jóvenes o menos conocidos. Igualmente ocurre en el plano político con personalidades de primera talla: Joan Lerma, Cipriano Císcar, Antonio García Miralles, Joan Romero, Ignasi Pla, Pérez Casado, Clementina Ródenas, Carmen Alborch, Ángel Luna, Isabel Escudero, Leyre Pajín y un largo etcétera. Por no hablar de referentes claros en el mundo empresarial, sindical, cultural o social en general. Mimbres, pues, existen. Sólo falta enhebrarlos para generar la necesaria confianza en una sólida alternativa. Y, en este asunto, Jorge Alarte tiene la palabra.

____________________________________________________

(*) Joaquín Martín Cubas es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia

No todos los días pueden verse imputados en un proceso judicial un presidente de la Generalitat, el vicepresidente primero del gobierno, el secretario general del partido mayoritario, su vicesecretario general y la tesorera de ese mismo partido por posibles delitos, según los casos, de financiación ilegal, delito electoral, delitos de cohecho propio o delito fiscal. Sea como sea, no hay duda de que estamos ante una crisis de inconmensurable gravedad para el sistema democrático valenciano.

Cierto es que a todos los afectados les asiste la presunción de inocencia y, en este lugar, pese a la acumulación de indicios en el mismo sentido, no tenemos por qué prejuzgar el resultado final del proceso judicial que ahora se abre. Pero eso no empece para señalar el deterioro que tales hechos suponen para el normal funcionamiento de nuestras instituciones y, en última instancia, de la propia sociedad a la que aquéllas se deben.

No se le oculta a nadie que el gobierno valenciano está paralizado cuanto menos desde que el escándalo estalló hace aproximadamente un año y que, por idénticos motivos, viene padeciendo de una acusada debilidad para afrontar los grandes retos que tenemos ante nosotros, léase: la crisis financiera, la debilidad de nuestras cajas, la necesidad de afrontar una decidida reestructuración institucional y administrativa junto a un fuerte recorte en el gasto público, por no mencionar otras medidas de gran calado económico y social como la perentoria reforma del modelo económico.

Si en una situación social y económica normal es del todo punto exigible la dimisión de los afectados, mucho más lo es en un momento en que se necesita un gobierno fuerte, dedicado, con criterio y capaz de impulsar los cambios y reformas necesarios. No se puede hacer descansar sobre toda una sociedad las consecuencias de unos comportamientos de los que sólo unos pocos pueden dar cuenta. Y mucho menos envolverse en una bandera que merece todos los respetos.

Pero bien mirado todo, no hay mal que por bien no venga. Esta puede ser una buena oportunidad para que una sociedad reflexione sobre sí misma. Y es que, acaso, más allá del específico problema que coyunturalmente afecta a un grupo de personas con responsabilidades de gobierno, existe otro problema de fondo que nos afecta a todos: el hecho cierto de que en la práctica los valores de nuestra sociedad -especialmente, el de la prudencia y la mesura- se han corrompido por la afluencia del dinero fácil, el lujo y la vanagloria.

Nada nuevo bajo el sol. Como antes en otros lugares y tiempos -los clásicos lo son, entre otras razones, porque retrataron magistralmente estos procesos-, durante algo más de tres lustros se concitaron en nuestra pequeña comunidad los vientos favorables de los fondos europeos, la desregulación del mercado del suelo, la apertura de los mercados por la globalización creciente de nuestros intercambios y de las comunicaciones, el enriquecimiento de otras sociedades vecinas con sus bolsillos repletos de euros dispuestas a gastarlos en nuestras playas y urbanizaciones... En la ruleta de la fortuna no siempre habían coincidido tirada tras tirada tantas bolas en el mismo número. Pero un jugador experimentado sabe que la suerte no siempre elige el rojo. A veces sale el negro. Y a nosotros nos ha salido.

Así pues, también resulta del todo punto necesario realizar una gran reflexión colectiva y, como Sísifo, volver a comenzar de nuevo la subida a la pronunciada rampa de la recuperación económica y -por los mismos motivos- ética con la carga de las responsabilidades compartidas a nuestras espaldas.

________________________________________________________________________

(*) Joaquín Martín Cubas es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia

VALENCIA. La deteriorada situación política de la Comunidad Valenciana se encuentra dominada por dos rasgos estrechamente relacionados. Por un lado, el Partido Popular, con su presidente a la cabeza, afronta una compleja situación judicial con indicios claros, aunque de momento presuntos, de generalizada corrupción. Sin que quepa dejar de lado, además, como han puesto de relieve conversaciones grabadas con autorización judicial, comportamientos y actitudes por parte de algunos de sus dirigentes que están en las antípodas de lo que es el servicio público en democracia y de la ideas de interés general que, para vergüenza de compañeros suyos como Basagoiti, con tanto énfasis dicen defender.

Pero, por otro lado, no es menos destacable la incapacidad de los partidos de la oposición, y en primer lugar, del que Jorge Alarte es secretario general, por ampliar el respaldo ciudadano y, a partir del mismo, sus expectativas electorales. Al menos es lo que indican cuantos sondeos se han realizado y una percepción muy extendida entre grupos amplios de ciudadanos. Hasta el punto de que, dentro de la incertidumbre que domina los procesos electorales, hay pocas dudas de que el PP pueda volver a obtener la victoria en 2011 a pesar de las graves implicaciones de corrupción del caso Gürtel.

¿La historia se repite?

Frente a la sorpresa y la decepción que algunos muestran por la conjunción de estas dos características, o la incredulidad de la actual dirección socialista ante tales constataciones, debe indicarse que ni la situación ni su previsible consecuencia en mayo de 2011 son nuevas. En las elecciones autonómicas de 2007, tanto una parte sustancial de los dirigentes socialistas entonces con Joan Ignasi Pla a la cabeza como de los ciudadanos de ideología afín, creyeron que las graves acusaciones judiciales, y las actitudes, del presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, tendrían un reflejo electoral destacado, dando unos resultados mucho más favorables al PSPV. No hace falta recordar que la realidad demostró cuán equivocados estaban.

Frente a la fácil opción de intentar buscar cómodas explicaciones en una presunta derechización de la sociedad, que los indicadores socioeconómicos no avalan, o en la burda manipulación de los medios de comunicación controlados por el Consell, como si hubiéramos sido abducidos por unos informativos de los que la mayoría ni somos oyentes ni espectadores, cabe plantear que una parte relevante de la explicación reside en las importantes carencias que dominan la acción política del propio Jorge Alarte. El cual se presentó, y fue percibido, como adalid del cambio y a menos de un año de la cita electoral se viene demostrando incapaz de transmitir a los ciudadanos el contenido concreto de aquel lema que, aupado por la hartura de lo que parecía más de lo mismo, le llevó a la dirección del PSPV con al apoyo de muchos que lo defendimos publicamente.

Entre nosotros siguen siendo demasiados los que se arrogan el papel de guardianes de la ortodoxia y que ante cualquier atisbo de crítica utilizan el reaccionario argumento de que interrogarse críticamente sobre las insuficiencias de lo propio es hacer el juego al contrincante político, esto es al PP. En mi modesta opinión, esta es una de las muchas formas de ejercer un chantaje moral e intelectual que ayuda a explicar por qué estamos en la oposición desde hace muchos, demasiados, años y con escasas expectativas de conseguir que la situación se modifique. Porque al evitar el debate público de cuestiones que preocupan a todos los ciudadanos interesados en el espacio colectivo de la política y que nos permitan llegar a explicar la hegemonía conservadora en la sociedad valenciana y cómo superarla, nos alejamos de los ciudadanos que aspiramos a representar. Es la ausencia de este debate una de las razones principales por las que los partidos políticos y los propios políticos son vistos por los ciudadanos como parte de sus problemas y no como parte de la solución a sus problemas que es lo que, en democracia, cabría esperar.

Carencia de nitidez
A menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales ¿es hoy suficiente la nitidez del mensaje que trasmite Alarte sobre los temas fundamentales que preocupan a los ciudadanos y que van mucho más allá de las vicisitudes del caso Gürtel? ¿Conocen éstos y asocian con él propuestas claras que conducirían a la mejora de su situación y de quienes les importan si gobernara? Como es obvio a la vista de los ya muchos sondeos publicados la respuesta es tan negativa como rotunda. Y quizá, opinan algunos sin que les falte parte de razón, porque tales propuestas o no existen o no son conocidas tal vez porque no son explicadas con claridad.

A la vista de lo ya ocurrido con el denominado caso Fabra es un grave error hacer descansar la estrategia de transmisión de la alternativa en el creciente ruido provocado por la imputación judicial de muy significados dirigentes del Partido Popular, incluso aunque entre éstos se encuentre el presidente de la Generalitat. Lo cual no quiere decir que no sea importante que se sienten en el banquillo de los acusados tan destacados gobernantes. Pero es un error deducir de ello otra cosa que el descrédito de la Comunidad Valenciana en el resto de España. Como demuestra la historia política contemporánea de las sociedades avanzadas el deterioro de la reputación del contrincante, o incluso su condena en los tribunales, por sí sola no tiene traducción en una mejora de la valoración propia ni, por tanto, en el aumento del apoyo electoral. Jorge Alarte y el resto de los dirigentes que le acompañan hoy en la dirección del PSPV no debieran perder de vista esta constatación.

No hay mucho tiempo hasta la cita electoral. Pero si no se rectifica ya, parece difícil pensar que el resultado pueda ser otro que el que hoy avanzan todos los sondeos. Con la satisfacción del Partido Popular ante la expectativa electoral de seguir en el poder pese al descrédito de la democracia que su acción gobernante ha generado ante la inmensa mayoría de los ciudadanos.

_____________________________________________________________

Teresa Carnero Arbat es catedrática de Historia Contemporánea y militante del PSPV

Un buen sistema universitario público contribuye al progreso socioeconómico individual y colectivo y determina el nivel de bienestar y su capacidad de crecimiento potencial. Su calidad, su cobertura entre la población y la adecuación de su oferta académica a las demandas de cualificaciones laborales son claves para el desarrollo económico y social.

La sociedad actual ha cambiado radicalmente y, aunque falte perspectiva histórica, puede afirmarse que el conocimiento es el motor de la sociedad actual. La nuestra es la sociedad global del conocimiento y el aumento del nivel educativo de la población acelera la difusión de conocimientos y su aplicación industrial. Las actividades docentes de las universidades, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), están cambian-do en paralelo a las transformaciones de la economía inducidas por las innovaciones en tecnologías de la información y comunicación.

La sociedad del conocimiento se caracteriza por la presencia en las actividades económicas de un nuevo tipo de trabajador, el profesional flexible. La actividad profesional de los egresados cambiará notablemente a lo largo de sus años de experiencia en el mercado laboral y los nuevos grados en el EEES deben proporcionar a los estudiantes capacidad y competencias profesionales para resolver problemas, capacidad para tratar con desequilibrios en un mundo cambiante.

Los informes de la OCDE dibujan un escenario para los próximos años donde un 70% de la población tendrá al menos educación secundaria y un 30% educación universitaria. España parte con una desventaja importante, en el año 2009 únicamente el 52% de la población con 25-64 años de edad tiene al menos estudios secundarios y un 21% estudios universitarios: todavía es necesario un mayor esfuerzo financiero y humano de las Administraciones Públicas y las familias en educación.

Pero la educación universitaria, además de determinar el futuro profesional de los jóvenes, la competitividad de las empresas y el desarrollo económico de la comunidad, genera también otro tipo de beneficios sociales. Por ejemplo, contribuye a mejorar la salud de las personas, la calidad de la crianza de los hijos, la conservación del medio ambiente, a reducir los índices de delincuencia y los comportamientos "poco cívicos", aumenta el número de emprendedores, aumenta la igualdad de género y el capital social de la comunidad.

Estas externalidades positivas de la educación universitaria implican que sus beneficios monetarios subestimen sus verdaderos beneficios sociales. Por tanto una adecuada valoración de la efectividad del gasto universitario debe contemplar tanto los rendimientos privados como los sociales y consi-derar al gasto universitario como una inversión en capital humano.

Es evidente que las universidades públicas españolas se enfrentan a retos importantes en la formación, en la investigación y en su participación en el desarrollo. Tienen que adaptar su organización docente a una demanda distinta de estudios y a necesidades de aprendizaje permanente, donde la diversificación, la especialización y la formación transversal serán fundamentales. Todo ello en un marco de competencia nacional e internacional entre universidades en el que será determinante la calidad de la docencia que se medirá por el éxito laboral de sus egresados.

Las universidades españolas tienen que ser identificables en el escenario internacional de la ciencia y cooperar con el entorno en la implantación de los resultados de sus investigaciones. Las contribuciones han de tener alcance internacional, y suponer desarrollo tecnológico e innovación para la empresa y la sociedad, claves para la mejora de la productividad.

Las universidades públicas españolas tienen experiencia en transformaciones en el pasado reciente: masificación, autonomía universitaria, cambios normativos, adaptación al EEES. Conocen las rigideces que padecen sus estructuras. Partiendo de la experiencia tienen que redefinir su estrategia y aumentar la flexibilidad de sus organizaciones. Pero los recursos financie-ros están relacionados directamente con los resultados de las universida-des y no puede exigirse resultados exitosos sin la financiación adecuada.

Cuando la prensa publica la ordenación de las mejores universidades del mundo, la noticia es que no aparece universidad española alguna entre las cien primeras pero, ¿cuál es el presupuesto medio de las cincuenta mejores universidades del mundo en comparación con las cinco mejores de España? Incorporando el gasto por profesor y por estudiante los resultados de las universidades españolas adquieren una dimensión distinta, mucho más favorable a la eficacia de nuestras universidades. El dinero cuenta, el dinero es importante en la calidad de la educación universitaria y en sus resultados, por eso 57 de las 100 primeras universidades son norteamericanas.

Las administraciones autonómicas deben establecer una política de financiación de sus respectivas universidades públicas acorde con su papel en el crecimiento y bienestar de su comunidad en el largo plazo. Nada mejor pa-ra ello que el convencimiento y la verificación de que la educación universitaria es un motor de crecimiento y la clave del éxito económico de la comunidad.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) viene elaborando en los últimos años informes para distintas universidades públicas que tratan precisamente de cuantificar su contribución socioeconómica a sus regiones. Los resultados son contundentes: invertir en educación universitaria es muy rentable individual y colectivamente, en términos de presente y de futuro, como factor de igualdad y de competitividad, es una apuesta de futuro para España.

______________________________________________________

José Manuel Pastor es profesor de la Universitat de València e investigador del Ivie; y Carlos Peraita  es profeso de la Universitat de València.

En las Cortes Valencianas se está debatiendo estos días el contenido final de la futura Ley de Régimen Local Valenciano. Resulta sintomático del estado de letargo democrático de nuestra sociedad que este acontecimiento político esté pasando bastante desapercibido entre la opinión pública valenciana. Es cierto que la situación de crisis económica y financiera, plan de ajuste incluido, y el desarrollo del avatar judicial en el que se encuentra inmersa la Generalitat valenciana, incluida posible imputación de su presidente, son los suficientemente preocupantes para que asuntos de gran calado en otras circunstancias hayan pasado a un segundo plano de nuestro interés mediático como es, entre otros, este debate de la futura ley de régimen local valenciano. Y no debería ser así o, al menos, con la intensidad en que esa dejadez se está produciendo.

No debería ser así porque en el sistema de distribución territorial del poder diseñado en nuestra Constitución, esta ley actuará como una especie de ley constitucional para el poder local valenciano. Si para definir las competencias de los órganos centrales del Estado y de las comunidades autónomas hay que estar al juego combinado del artículo 149 de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, para establecer el nivel de poder que le corresponde a los entes locales hay que estar a las leyes que lo determinan y, a partir de ahora, esa ley para los valencianos será en buena parte la Ley de Régimen Local Valenciano.

No debería ser así tampoco por la importancia creciente que el gobierno de los entes locales tiene en nuestras vidas cotidianas. A finales de la década de los ochenta Manuel Castells nos explicó cómo la globalización del mundo implicaba, de forma paradójica, un fortalecimiento de lo local como única respuesta viable de los ciudadanos ante la pérdida de control de sus propias vidas: lo local frente a lo global. No es extraño que en los últimos años los gobiernos locales hayan asumido en nuestras sociedades un mayor protagonismo en las políticas de impulso económico y de cohesión social. Y todo indica que sus nuevas responsabilidades han llegado para quedarse, esto es, los gobiernos locales las van a mantener en el futuro próximo lo que hace necesario, cuanto menos, reforzar y garantizar aquellos aspectos de su diseño jurídico que faciliten desde un punto de vista funcional su desempeño.

Es cierto que el proyecto supondría, de aprobarse, la primera ley de régimen local valenciana. Es cierto también que en él se recoge una sistematización y adaptación razonable del actual modelo de régimen local definido para toda España por la ley reguladora de las bases de régimen local de 1985. Y es cierto que incluye ciertas innovaciones de interés como el Registro de Entidades Locales de la Comunitat Valenciana; el Consell Técnic de Delimitació Territorial; instituciones como el Defensor del Vecino, el Consejo Social o el Consejo Territorial de Participación; la creación del régimen de gestión compartida destinado a pequeños municipios; la regulación de las denominadas mancomunidades de interés preferente; la creación del Consejo Territorial de Coordinación de Políticas Locales; la institucionalización de la Cumbre de Cohesión Territorial de la Comunitat Valenciana; o la configuración legal del Fondo de Cooperación Municipal y de la Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Pero en sus virtudes encuentra sus principales limitaciones pues acaba siendo una ley conservadora que, además, llega tarde aceptando acríticamente un modelo que, a juicio de la mayor parte de los analistas, está necesitado de una amplia revisión. Tal es así que en la actualidad se encuentra pendiente de tramitación en las Cortes Generales la nueva ley básica de gobierno y administración local. Seguramente en muy poco tiempo, la próxima aprobación de esta nueva ley básica dejará en evidencia a esta ley que ahora se aprueba en las Cortes Valencianas.

Pero es que, además, estamos ante un proyecto que no ha sabido sacar fruto de todas las posibilidades que permite el actual ordenamiento en especial a la hora de concretar algunos de los principios básicos que rigen la vida de los entes locales. Aunque el proyecto recoge el principio de autonomía como criterio orientador, no incluye un deslinde competencial entre Comunidad Autónoma y entes locales garantizador para estos últimos. Lejos de establecer mayores garantías para la autonomía local en algunos casos acentúa el control de los entes locales por parte de la Generalitat. Incluso en algunos extremos podría estar vulnerándose directamente la autonomía de los entes locales. Y, por supuesto, no se ha tenido en cuenta la posibilidad de establecer la iniciativa legislativa de los entes locales o un Consejo de los Municipios de la Comunidad Valenciana, medidas que sí que han establecido ya otras comunidades autónomas.

Aunque el proyecto recoge otros principios como los de subsidiariedad o diferenciación tampoco saca las consecuencias pertinentes de los mismos. El establecimiento y regulación de una tipología de municipios con características específicas se deja en manos de un Decreto posterior del Consell. Y no se ha desarrollado la posibilidad de un régimen especial para la ciudad de Valencia, como sí que se ha hecho para otras ciudades españolas.

Aunque el proyecto recoge el principio de suficiencia, tampoco se sacan del mismo las consecuencias pertinentes a la hora de garantizarla, precisamente en un momento en que resulta del todo necesario para la adecuada prestación de los servicios que llevan a cabo los entes locales. Así, por ejemplo, no se incluyen medidas de compensación por las competencias impropias prestadas por los municipios y, aunque se crea el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana, no se establecen las oportunas garantías sobre él para los entes locales.

En definitiva, estamos ante un proyecto legislativo que deja un sabor agridulce pues representando un hito iniciático para el régimen local valenciano no se le ha sabido o no se le ha querido dotar de medidas claras y seguras para el fortalecimiento de los entes locales valencianos. Sólo cabe esperar que el legislador valenciano sepa, en los trámites parlamentarios pendientes, corregir los desajustes constitucionales mencionados y mejorar el proyecto en la medida de lo posible en beneficio de los ciudadanos y de los entes locales de la Comunidad Valenciana. De no ser así, estaríamos ante una nueva ocasión perdida -en este caso, en nuestra Comunidad- para ajustar mejor el funcionamiento del Estado de las Autonomías establecido en la Constitución de 1978. Estoy seguro de que los gobiernos locales valencianos se merecen algo más.

______________________________________________________

Joaquín Martín Cubas es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia

En 1986, tras el fracaso del Partido Reformista Democrático, Miguel Roca y Junyent declaró que "en política las cosas no son como son, sino como parece que son". Era ya cierto entonces, pero la realidad hoy amplifica hasta el infinito aquella constatación que sin embargo no se cumple en economía. En ésta, las "cosas", al menos algunas, son como son aunque pueda parecer, en especial a corto plazo, que no es así. No reconocerlo sólo lleva a dilatar en el tiempo el afrontar los problemas, cuando no a agravar su dimensión.

A pesar de ello, la percepción de buena parte de la sociedad española es que la responsabilidad exclusiva de la solución de los graves problemas económicos a los que nos enfrentamos es del Gobierno central, único, en esta extendida opinión, con capacidad y recursos para articular medidas que permitan superarlos. Los gobiernos autonómicos, tan presentes en la fase de expansión para reivindicar su contribución al crecimiento y el empleo, han desaparecido de la escena. El problema que las cosas en economía son como son: las competencias autonómicas son muy destacadas y sin la colaboración de sus gobiernos la crisis no va a tener fácil solución.

Entre la multiplicidad de causas que ayudan a explicar esta percepción generalizada destacan dos. Por un lado, el desprecio absoluto a la pedagogía política de nuestros gobernantes a la hora de dilucidar competencias y responsabilidades entre los diferentes niveles de la Administración. Por otro, el madrileñismo político del que hablara Ortega y Gasset que campa a sus anchas hoy como ayer a la hora de definir prioridades y agendas. De esta forma, estamos casi ante un éxito notable: lograr la cuadratura del círculo. Porque la España de las Autonomías es, al tiempo, el Estado más descentralizado de Europa y el más centralista (tras la jacobina Francia).

El peso económico de las autonomías
Los ejemplos de la falta de pedagogía sobre qué es y qué implica en el terreno económico el Estado autonómico son casi infinitos y es difícil seleccionar sólo algunos, empezando por el desconocimiento general de que las competencias de la Administración central en industria, comercio o turismo, (además de sanidad o educación) son casi nulas o los cientos de empresas públicas autonómicas de tan discutible justificación como las estatales recientemente suprimidas. Uno de los más destacables es que el peso de la inversión autonómica en la inversión pública total es superior al de la Administración central (más la seguridad social) a menudo identificada unívocamente con el Estado. Según los estudios de la FBBVA- Ivie, el 30,7% frente al 24% del segundo. Sumada a la de la Administración local alcanza el 54,2%. A pesar de lo cual nada se dice de las responsabilidades de las Comunidades Autónomas a la hora de luchar contra la recesión con la mejora de eficiencia de sus inversiones.

Igualmente, al defender políticas de contención del gasto, pocas veces se menciona la distribución de los funcionarios o del gasto público entre administraciones. Pero hoy en España sólo uno de cada cinco de ellos (el 22%) trabaja para la administración central. ¿El 78% restante?: el 50,2% para la autonómica y el 24% para la municipal, con un resto de 3,8% en universidades también de competencia autonómica. Todo lo cual se corresponde con una estructura del gasto público similar: la mitad del mismo, al menos, está en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (mucho menos relevantes). A pesar de todo ello, aún está por presentarse un plan autonómico riguroso de aumento de eficiencia y de contención del gasto.

El madrileñismo político
¿Por qué entonces no se habla del papel del sector público autonómico a la hora de invertir, realizar políticas de empleo, planes de competitividad, reducir el gasto y, en general, contribuir a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos? En buena medida, como es obvio, porque en esta etapa de crisis sus gestores eluden su responsabilidad desapareciendo de los medios de comunicación. El caso de la Comunidad Valenciana, con el 23% de tasa de paro y un déficit del 15% del PIB, es paradigmático. Francisco Camps está encallado en el escándalo Gürtel y sus consellers de Economía, (Gerardo Camps) Industria (Rambla) y Turismo (Juste) desaparecidos. Pero siendo uno de los más espectaculares, el valenciano no es un caso excepcional.

Y esta situación es causada también porque los políticos de cualquier signo ideológico relacionados con la Administración central, con el presidente Zapatero a la cabeza y Mariano Rajoy pisándole los talones, son alérgicos a reconocer que su competencia, de gestión o de oposición, en un buen número de materias, es limitada o incluso nula. Y por tanto, lo es su capacidad de influir sobre ellas. Como escribiera Ortega hace muchas décadas, se ha construido un Estado en donde la política nacional (económica y no económica) se hace en y desde Madrid. Y hoy como entonces "como no se [va] en busca de la nación dónde en efecto está -recorriendo cada uno de los trozos de la península-, la idea abstracta "nación" se llena irremediablemente con lo que el político [tiene] delante de sus ojos; esto es con Madrid". De forma que "de puro querer ser nacionales, los hombres públicos [son] madrileños, particularistas confundiendo la nación con su centro".

Las consideraciones anteriores tienen traducción concreta inmediata y, de nuevo, los ejemplos serían también infinitos. Basten dos. La crisis financiera en España, en la vertiente de las dificultades a las que se enfrentan las cajas de ahorro será mucho más compleja y costosa, tal vez imposible, sin un acuerdo entre gobiernos autonómicos y gobierno central. Lo mismo ocurre con la reducción del déficit, cuya aceleración está en el centro del deterioro de la reputación crediticia de España (central y autonómica) en los mercados internacionales.

¿Cuál es entonces la dificultad para lograr esos consensos? Pues que a pesar de la gravedad de la situación, los intereses partidistas, cuando no personales o clánicos, priman sobre el interés general. De hecho en no pocas ocasiones el gobierno ningunea a las comunidades y, en otras, éstas se comportan como repúblicas autárquicas. Y aunque la valoración ciudadana de los partidos, y de los propios políticos, está en mínimos, como muestra el CIS, los representantes públicos no tienen incentivo alguno para modificar su comportamiento mientras esta negativa valoración sea general y la caída de la propia no beneficie a un contrincante. Pero esta ausencia de incentivos para combatir el descrédito de lo político es otra cuestión. O quizá es la cuestión por la que, en esta descentralizada pero centralista España, va a costar tanto salir de la crisis.

___________________________________________

Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Valencia

En las últimas semanas hemos conocido la existencia del REPO 105, un instrumento financiero con nombre de vehículo de gama media, que constituye el último escándalo contable producido por la factoría de Wall Street. Conectado a la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers, el caso REPO 105 ilustra a la perfección los conflictos de interés que afectan al ejercicio profesional de la auditoría de cuentas.

Antecedentes. A mediados del ejercicio 2007, los inversores financieros y las agencias de rating mostraban una preocupación creciente por el elevado nivel de endeudamiento de las entidades financieras norteamericanas. El consejo de administración de Lehman Brothers, encabezado por el CEO Richard S. Fuld, trasladó a todos los niveles de la organización la necesidad de reducir el nivel de apalancamiento del banco. En un contexto de desconfianza la emisión de acciones nuevas habría sido interpretada por los analistas como un síntoma de debilidad, por lo que Fuld planteó una estrategia de deleveraging, consistente en reducir el tamaño del balance mediante la liquidación de activos y la cancelación de deuda. Sin embargo, las limitaciones de este planteamiento empezaron a aflorar de inmediato. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los bonos respaldados en hipotecas subprime habían perdido liquidez y era imposible venderlos sin asumir pérdidas importantes.

Los hechos. Por desgracia, siempre hay una solución contable sencilla para problemas económicos complejos. Y el caso de Lehman Brothers no fue una excepción. En los tres trimestres previos a la quiebra, Lehman decidió intensificar el uso de los REPO 105, un tipo específico de préstamo repo que no reconocía como deuda en su balance trimestral, sino que contabilizaba como una operación de venta de activos financieros. Con el cash flow derivado de la venta, el banco cancelaba deuda a corto plazo y publicaba un balance más saneado. Se estima que, mediante esta "política contable", el ratio de endeudamiento llegó a disminuir un 1,9%, variación muy superior al umbral de materialidad fijado en el 0.1% por los auditores externos de la entidad. Una vez cerrado el trimestre y publicado el balance trimestral, el banco se endeudaba de nuevo para adquirir los activos financieros que previamente había vendido, devolviendo el ratio de endeudamiento a sus niveles iniciales. Por el camino, Lehman había incurrido en una serie de gastos financieros no justificados por la dinámica habitual de las operaciones, sino por la necesidad de maquillar el balance.

La magia contable. En un préstamo repo el prestamista entrega dinero a cambio de recibir activos financieros como garantía. Al vencimiento del contrato, el prestatario devuelve el principal más los intereses devengados y recupera los activos financieros entregados previamente al prestamista. Esta operación puede interpretarse de dos formas: o bien como un préstamo ordinario con garantía, o bien como la concatenación de dos operaciones de compraventa, en las cuales el prestatario -en este caso Lehman Brothers- actúa primero como vendedor y después como comprador de activos financieros. La norma contable se inclina por la primera interpretación. Los préstamos repo deben contabilizarse como préstamos ordinarios, a no ser que la operación satisfaga dos condiciones: a) que el prestatario ceda al prestamista el control de los activos financieros y b) que los activos entregados queden fuera del alcance de los acreedores incluso en caso de quiebra del prestatario. Si se cumplen ambas condiciones, el prestatario no reconoce deuda alguna en el balance, sino que contabiliza una venta de activos financieros a cambio de tesorería. De este modo, la tesorería recibida en la operación puede utilizarse para cancelar deuda preexistente y reducir el ratio de endeudamiento.

Sobrecolateralización. Lehman Brothers diseñó el REPO 105 para contabilizar los préstamos como si fueran ventas de activos financieros al contado. A diferencia de un repo ordinario, Lehman entregaba como garantía activos cuyo valor superaba en un 5% al importe del préstamo. A efectos contables Lehman perdía el control de dichos activos porque el dinero recibido a cambio no era suficiente para adquirir activos de características similares durante el periodo de vigencia de la operación. Suponiendo un importe del préstamo igual a 100$, la operación quedaba registrada contablemente como una venta de activos por valor de 105$ (de ahí el nombre otorgado a la operación) a cambio de recibir tesorería por 100$ y un contrato forward sobre dichos activos valorado en 5$. La tesorería era utilizada para cancelar deuda por 100$ justo antes de finalizar el trimestre y, una semana después, Lehman ejecutaba el contrato forward para adquirir por 100$ la cartera de activos valorada en 105$. La adquisición de dichos activos obligaba a Lehman a endeudarse de nuevo por 100$, por lo que su nivel de endeudamiento volvía a los niveles anteriores a la operación de repo.

Arbitraje legal. Para cerrar el círculo, Lehman debía demostrar que los activos entregados al prestamista en el marco del REPO 105 quedaban fuera del alcance de los acreedores incluso en caso de quiebra de la entidad. Lógicamente, esta cuestión trascendía a las normas contables, adentrándose en el ámbito jurídico. De hecho, las propias normas americanas de auditoría establecen que, con respecto a esta cuestión, el papel del auditor debe limitarse a verificar la existencia de un dictamen jurídico favorable, emitido por una firma independiente de abogados. Lehman no pudo encontrar ninguna firma dispuesta a emitir un dictamen favorable basado en el ordenamiento jurídico norteamericano. Pero, sin embargo, sí fue capaz de encontrar cobertura legal en Londres, donde una firma local -Linklaters- emitió un informe favorable basado en las normas británicas. El gabinete jurídico accedió a que Lehman utilizara el dictamen para respaldar el tratamiento contable otorgado al REPO 105 ante los auditores externos, siempre y cuando el préstamo repo fuera ejecutado por una entidad dependiente de Lehman Brothers con domicilio social en el Reino Unido.

Consolidación. Y así fue como la filial británica (LBIE), se convirtió en el auténtico centro de operaciones de Lehman para el maquillaje de su ratio de endeudamiento. En ocasiones las operaciones se realizaban a iniciativa propia pero, en general, la propia matriz ordenaba la utilización de estos instrumentos financieros para captar recursos que, posteriormente, eran desviados a la sede central mediante repos ordinarios. Al ser una entidad dependiente, las cuentas anuales de LBIE se integraban en el balance consolidado de Lehman Brothers, siguiendo las normas de contabilidad norteamericanas. La ingeniería contable de la operación consistía en definitiva en deslocalizar la operación financiera fuera de los Estados Unidos para .... ¡aplicar la normativa contable de los Estados Unidos!

Mentiras. Es evidente que la única motivación de estas transacciones era maquillar el balance. Lehman las utilizaba fundamentalmente al cierre del trimestre y los propios empleados eran conscientes de que constituían un mecanismo de financiación más caro que, por ejemplo, los repos ordinarios. No en vano, el propio banco había impuesto límites a su utilización -que incumplía sistemáticamente- y en los últimos tiempos había tratado sin éxito de reducir su uso en un 50%. A pesar de ello, Lehman Brothers nunca reconoció en sus estados financieros la existencia de estas transacciones. Las cuentas anuales indicaban que los repos se contabilizaban únicamente como préstamos ordinarios, sin admitir que buena parte de los mismos habían sido contabilizados como ventas de activos financieros. En las reuniones con analistas los directivos de Lehman se felicitaban por la disminución del grado de endeudamiento de la entidad, sin informar de los efectos derivados de las políticas contables adoptadas. Es más, el Informe de Gestión no reconocía que el banco estaba obligado a recomprar en el trimestre siguiente una parte significativa de los activos financieros vendidos en el trimestre anterior. En definitiva, los estados financieros desvirtuaban la imagen fiel del patrimonio del banco.

Cooperadores necesarios. Esta operación habría sido imposible sin el consentimiento o la participación activa del equipo directivo. Es difícil alegar desconocimiento de unas transacciones mediante las cuales se llegaron a captar 50.000 millones de dólares en un único trimestre. El equipo directivo conocía la existencia de los REPO 105 y, por tanto, debió informar en la memoria acerca del tratamiento contable que se otorgaba a los mismos. Así lo entiende el juez instructor de la quiebra que admite cargos contra Fuld y tres directores financieros por negligencia profesional. El auditor externo, un socio de la firma Ernst & Young, también conocía la existencia de los REPO 105. Había participado en su diseño unos cuantos años antes y algunos empleados del banco le habían trasladado dudas con respecto a la contabilidad de estas transacciones. El auditor no sólo toleró que el banco dejará de informar en la memoria acerca de los REPO 105, sino que ocultó al comité de auditoría su existencia. Por ello, el juez instructor de la quiebra también admite cargos contra el auditor por negligencia.

Implicaciones. Por primera vez desde que estalló la actual crisis financiera internacional ha aflorado un escándalo contable al uso, con implicación del auditor externo en la ocultación de información financiera relevante. Hasta la fecha, las agencias de calificación de riesgo habían acaparado todas las críticas por los errores cometidos al calificar los bonos respaldados en hipotecas subprime. De nuevo, el conflicto de intereses del auditor vuelve a escena, en un episodio que dará mucho que hablar en los próximos meses y cuyas consecuencias finales son impredecibles. El resultado del proceso judicial podría ser muy grave para Ernst & Young si el tribunal considera que, al negar información al comité de auditoría, el auditor externo impidió que el banco adoptara iniciativas para paliar la gravedad de la situación. Los costes legales para Ernst & Young podrían afectar dramáticamente a la entidad en su conjunto.

Pero más allá de las consecuencias concretas para el auditor externo, este escándalo contable vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de una reforma en profundidad del mercado de auditoría. Tras el escándalo Enron, el gobierno de los Estados Unidos introdujo un cambio radical en cuanto a la supervisión de los auditores. La auto-regulación de la profesión daba paso a la regulación pública de la auditoría a través de un organismo independiente de las empresas del sector (PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board). Tan sólo unos años después de la creación de este organismo, aflora un nuevo escándalo contable que inevitablemente siembra dudas con respecto a su efectividad como mecanismo para elevar los estándares de calidad del sector. A pesar de las mejoras en los mecanismos de supervisión, el auditor sigue sometido a un conflicto de intereses que condiciona su praxis profesional. En el contexto actual de reforma de los mercados financieros, podría haber llegado por fin la hora de regular seriamente el sector y plantear de una vez la necesidad de que el auditor sirva a los intereses de los usuarios de la información contable y no a los de las empresas que emiten las cuentas anuales.

____________________________________________________

Manuel Illueca Muñoz es profesor de la Universitat Jaume I e Investigador Asociado del IVIE

¿Quién controla a los controladores? Esta pregunta ha repiqueteado constantemente sobre la clave de bóveda de nuestros sistemas democráticos y nunca ha tenido una respuesta clara. Las grietas siempre han estado presentes pero pocas veces surge el martillo que resquebraje el edificio de libertades tan trabajosamente conseguido. Ahora bien, que esto ocurra rara vez, no lo hace imposible. Es por esta razón por la que debemos reflexionar con seriedad sobre el delicado momento que vive nuestra ya no tan joven democracia.

La democracia nació como forma de gobierno en la antigua Grecia del siglo V de nuestra Era y desapareció poco después ante su incapacidad para poner freno a su propia corrupción. Tucídides nos cuenta con precisión como el edificio democrático se sostenía a duras penas gracias a las habilidades de Pericles que, junto a una suerte de virtud cívica, actuaba como una especie de clave de bóveda que mantenía en equilibrio las furias de los intereses particulares. Muerto Pericles desapareció cualquier muro de contención y éstas camparon a sus anchas cuando los demagogos se hicieron con el poder en las asambleas democráticas. El régimen democrático tocaba a su fin.

Tan perjudicado quedó el gobierno democrático que sólo su convivencia con los principios monárquico y aristocrático en forma de república posibilitó un nuevo equilibrio precario para este tipo de gobierno. Pero ni siquiera el pacto alcanzado en torno a esa suerte de gobierno mixto, tal y como había preconizado por el sabio Aristóteles, pudo sostener el edificio frente al empuje de las pasiones y los interés particulares. Las virtudes republicanas y el equilibrio entre cónsules, senado y comicios de la plebe sirvieron de poco ante los anhelos de riqueza rápida asociados a la expansión territorial de la república. Tuvieron que pasar varios siglos para que, desde otras bases, se intentara recomponer el edificio de un gobierno popular.

Será la afortunada confluencia en la historia de numerosos cambios sociales, económicos, culturales y políticos los que permitieron un último intento de rehacer este tipo de gobierno. Pero ahora la clave de bóveda para sostener el nuevo edificio democrático se buscó en otro sitio. Pericles o el gobierno mixto iban a ser sustituidos por una combinación mágica formada por el estado de derecho, el reconocimiento y garantía de derechos individuales, la división de poderes, el gobierno representativo, el sufragio universal y el pluralismo social y político. Gracias a estas innovaciones institucionales y político-sociales, más de dos siglos después, seguimos viviendo en buena parte de los países occidentales en un régimen de libertades basado en el gobierno popular.

Pero las furias de la mitología griega siguen presentes acechando nuestro destino. Intereses particulares, pasiones y demagogos persiguen sus objetivos hoy como lo hacían hace veinticinco siglos y pueden aprovechar cualquier resquicio para conseguir sus propósitos. Y si nos esforzamos un poquito más, a fuer que lo conseguirán. En los últimos tiempos y especialmente en las últimas semanas hemos conseguido abrir demasiados flancos a sus ataques y todos en la parte más débil de nuestro sistema político. ¿Quién controla a los controladores?

Los constituyentes diseñamos dos órganos encargados de cerrar la clave de bóveda de nuestra democracia: por un lado, el Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución y, por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del poder judicial. Cada uno con sus particulares funciones pasaban a tener en sus manos un poder inmenso. Lo que la política no podía resolver quedaba en manos de los miembros de estos órganos. Como única garantía de su buen hacer se fijaba su extracción entre personas de reconocido prestigio y con una sólida carrera de desempeño profesional en el ámbito jurídico a sus espaldas; eso sí, elegidos, directa o indirectamente, por las fuerzas políticas del parlamento más representativas. Ante tamañas previsiones, los demagogos se retiraron en un principio a sus cuarteles pero con el tiempo, como tantas veces anunciaron los clásicos, fueron recuperando posiciones hasta conseguir que la elección de los miembros de estos órganos se ajustara a intereses particulares y no al interés general, que, consecuentemente, ha ido quedando desprotegido.

Y en esas estamos. El Tribunal Constitucional después de tres años no es capaz de dictar sentencia sobre la reforma del estatuto catalán; muchos de sus miembros están deslegitimados para dictar sentencia ya sea por defunción, recusación o prescripción del tiempo para el que fueron elegidos; y la elección de un nuevo tribunal se presenta como una alternativa imposible porque en su concreción está adelantada la decisión final del Tribunal sobre la cuestionada reforma estatutaria. El Consejo General del Poder Judicial sufre los mismos problemas de legitimación, exactamente por las mismas razones. Y, para colmo, un magistrado del Tribunal Supremo instruye una causa contra un magistrado de la Audiencia Nacional por hacer una interpretación del derecho que no se ajusta a la suya propia precisamente en relación a una causa que enfrenta a las malditas dos Españas machadianas.

Podemos criticar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial o a los del Tribunal Constitucional, podemos vociferar contra el juez Varela, pero creo que erramos el tiro. El problema no está sólo en ellos, que también, sino principalmente en los que los eligieron creyendo que con cada nombre que colaban en la terna ganaban puntos en la carrera político-partidista. Madison defendió el gobierno representativo porque los elegidos estaban impelidos por el juego de los condicionantes político-institucionales y sociales a actuar de acuerdo con el interés general y no del suyo particular. Algunos de nuestros dirigentes y algunos magistrados hace tiempo que se olvidaron de estas enseñanzas y no han sabido cuidar el precario equilibrio constitucional. No se han dado cuenta que a estos órganos les hemos encomendado que guarden la esencia de nuestro edificio democrático tan trabajosamente conseguido. Su valor está por encima del regate corto o la victoria espuria del momento. Y ahora estamos en sus manos. De su capacidad de hacer valer el interés general del pueblo soberano depende nuestro destino. Puede que hoy o mañana se imponga una mayoría pero su triunfo, de seguir las cosas como hasta ahora, no será sobre los intereses particulares sino que será sobre la democracia misma. Triste destino el de los gobiernos populares si las furias de los demagogos consiguen sus propósitos.

___________________________________________

Joaquín Martín Cubas es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia

Como suele decir el profesor Luís Moreno, España es un Estado con "textura federal" pero sin cultura política federal. El modelo federal es el que mejor se ajusta a la realidad geopolítica del Estado Autonómico. A mi juicio es la mejor forma para organizar la distribución territorial del poder en un Estado compuesto, para gobernar la complejidad y gestionar la interdependencia y para dar sentido a los principios de solidaridad interterritorial y de ciudadanía y respeto a la diversidad. Pero aún estamos muy lejos de dar contenido real al significado de foedus (pacto).

Hemos construido una organización territorial del Estado donde los dos grandes partidos son, a la vez, gobierno y oposición y donde las mayores dificultades únicamente pueden superarse desde el pacto político. Y así será en el futuro. Hemos construido un modelo de Estado que por su extraordinaria complejidad requiere de liderazgos claros y de visiones políticas de alto nivel donde la lealtad institucional es esencial. Sin embargo, si analizamos con sosiego y distancia determinadas estrategias y actitudes de los partidos políticos españoles, fácilmente podremos concluir que la política (aunque no sólo) tiene que hacer mejor sus deberes.

Condición necesaria y previa sería que los partidos políticos abandonasen la estrategia política de la polarización. Ampliamente afianzada desde hace años, supone un obstáculo de gran importancia para dar contenido a los principios esenciales de coordinación y cooperación y para poder consensuar objetivos estratégicos entre los principales actores políticos. Hace tiempo que la política española ha abandonado la cultura del consenso en torno a políticas y se ha instalado en la utilización de la estrategia de la crispación primero, auspiciada por el partido conservador y de la polarización después, impulsada por los dos grandes partidos, mediante el recurso a promover y situar en la agenda debates sobre valores o temas transversales para mantener cohesionado y movilizado a su respectivo electorado. Las posibilidades son muy amplias: el agua, la religión, la lengua, la identidad... todas son cuestiones relevantes en cualquier democracia madura, pero creo que ahora nuestras prioridades son otras muy diferentes.

Esta deriva puede parecer rentable desde el punto de vista electoral, pero es una estrategia equivocada porque dificulta toda posibilidad de "pensar juntos" en clave estratégica y de "acordar" entre actores políticos. La estrategia política de la polarización fomenta el disenso y persigue la desactivación o inhabilitación de espacios institucionales de encuentro y la reducción de las "zonas templadas" de la sociedad. Ello nos sitúa en un escenario muy poco adecuado para abordar algunas de las grandes empresas colectivas que hay que abordar sin demora. Y no debiera olvidarse que de los tres grandes momentos históricos durante los últimos treinta años en los que se han precisado grandes consensos básicos éste es uno de ellos. La precaria situación de nuestras cuentas públicas (no lo dice solamente el Banco Mundial sino el reciente informe de primavera del European Forecasting Network), la inexplicable demora para acometer reformas inaplazables (la del mercado de trabajo, la reducción del déficit público, el sistema educativo y los retos asociados al envejecimiento de la población en primer lugar), exige esa lealtad y esa generosidad entre los actores concernidos que en otros momentos fue posible.

Lamentablemente los hechos son otros. No existe vocación de acuerdo entre los líderes de los dos partidos más importantes. Los escasos espacios habilitados para la coordinación y la cooperación entre gobierno central y Comunidades Autónomas (conferencias de presidentes y conferencias sectoriales) muchas veces se utilizan como plataforma para escenificar desencuentros y agudizar tensiones en detrimento la extensa agenda de reformas y planes estatales que aguardan. En los parlamentos regionales es poco habitual alcanzar consensos básicos entre los distintos partidos en torno a planes de escala regional. Dificultad que se traslada a muchos gobiernos locales a la hora de acordar Planes Estratégicos, iniciativas de coordinación y cooperación intermunicipal que vayan más allá de la gestión ordinaria de servicios.

La política estatal de gestión del agua sintetiza muchos de los déficit de buena gobernanza. Para los partidos políticos, en primer lugar, ha sido laboratorio de ensayo de una estrategia de crispación política que ha acabado por impregnar y dividir a los propios partidos concernidos así como a amplios sectores de la sociedad, de la propia comunidad científica y de amplios sectores de técnicos responsables de la gestión. El agua, que remite a sentimientos y puede aglutinar y cohesionar por tanto a amplios sectores ciudadanos con independencia de clases e ideologías, ha sido utilizada por los partidos políticos como tema transversal por excelencia.

En ocasiones la polarización política ha supuesto un obstáculo insalvable para alcanzar consensos imprescindibles. En otros casos, la pertenencia de gobierno central y gobiernos regionales a un mismo partido también ha propiciado decisiones tan apresuradas como perjudiciales para el buen funcionamiento del sistema y que nada tienen que ver con el modelo de inspiración federal del Estado. En otros, en fin, ha acarreado la fractura entre las organizaciones territoriales de un mismo partido. En todos, la política del corto plazo, la búsqueda de rentabilidad electoral a cualquier precio o la tendencia a anteponer los intereses de partido al interés general, han sido parte sustancial del problema.

Para las administraciones públicas, en segundo lugar, es reflejo de su incapacidad para concertar una política de gestión del agua de ámbito estatal. Para los responsables de la administración hidráulica, en tercer lugar, que carecen de la seguridad y claridad imprescindibles, es motivo de desconcierto porque hay demasiada confusión e inconsistencia en muchas de las decisiones que se han tomado. Téngase en cuenta que el tempo hidrológico, que nada tienen que ver con el tempo político, requiere de acuerdos estables de amplio alcance y duración en el tiempo. Una buena ley estatal debe ser imaginada para que tenga al menos una vigencia temporal de no menos de medio siglo. Del mismo modo que un Plan Hidrológico de ámbito estatal debe ser concebido para un período de vigencia no inferior a treinta años. Sin embargo, en la etapa reciente de la política hidrológica en España se han conocido ya tres Planes distintos desde 1993. De ellos, dos han sido derogados antes de su entrada en vigor y el Plan vigente correrá la misma suerte de producirse una mayoría política distinta en la Cortes Generales.

Una cuestión tan relevante que integra la dimensión geopolítica, económica, ambiental, social y cultural, requiere soluciones complejas y consensos básicos que hasta ahora no han prosperado. Si es en la política donde hasta el momento hay que situar gran parte del problema, será desde la política desde donde deberán partir soluciones consensuadas en la defensa del interés general y para consolidar un modelo de gestión a escala estatal. Por ahora, fracasada la política, sólo resta esperar futuras sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Triste balance geopolítico para un Estado que en materia de gestión del agua lo ha de fiar casi todo a sus tribunales de justicia.

Una estrategia equivocada se decía. Porque la política inteligente, casi imprescindible, diría yo, es la vía trazada en materia de sanidad o el reciente acuerdo sobre ferrocarriles entre el gobierno central y el gobierno valenciano. Si realmente se quiere pensar en el interés general no hay otro camino. Y si los dos grandes partidos persisten en esa estrategia de la polarización no deberá extrañarles que el partido más votado acabe siendo el de la abstención.

____________________________________

Joan Romero es catedrático en la Universitat de València y autor de 'Geopolítica y gobierno del territorio en España'

______________________________________

José E. Boscá es profesor del Departamento de Análisis Económico y director del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Valencia.

Javier Ferri es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

LONDRES. Serrucho fiscal en ristre, tijeras presupuestarias y dolorosas inyecciones de capital privado a costa de frenazos salariales o cierre de servicios públicos: a medio camino entre el déficit del 12,7% de Grecia y el 9,8% de Portugal, España se enfrenta ya en 2010 al vencimiento de créditos por valor de 225.000 millones de euros.

Y es justo en este momento, cuando la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's ha perdido confianza en el fuelle económico del país. Es hora de cortar el 11,2% de déficit y ofrecer una ruta creíble a los mercados de la inversión para reducirlo al 3% en menos de tres años. Además, España debería arrojar un superávit primario del 2% en 2012 o de lo contrario, S&P degradará su calificación todavía más.

Sin embargo, "en los parqués, no ha sido noticia". Han leído bien, así describía Markit News  a las 18:20 de la tarde, el correctivo que S&P aplicó ayer a la deuda soberana de España. Markit, la mayor firma europea de análisis y proceso de productos derivados, aportaba desde sus oficinas en Londres varios datos para contrastarlo. Por ejemplo, que las garantías de los bonos españoles a cinco años se habían abaratado en 13 puntos básicos. De hecho, el sector del crédito soberano europeo en su conjunto mejoró los costes en 27 puntos.

El índice FTSE de la Bolsa de Londres perdió tres décimas, pero lo cierto es que se recuperó del -2,1% inicial que había provocado el anuncio de S&P sobre el riesgo de invertir en España. Incluso el Íbex de Madrid, que descendió un 3%, consiguió remontar un 1,1% antes de acabar la sesión. El CAC francés y el Dax germánico, por su parte, rondaron un punto porcentual negativo, "una reacción muy diferente a la que sucedió con la rebaja de la calificación del riesgo griego", ha explicado Michael Church, de Addison Capital.

"Por supuesto, España no es Grecia", había declarado el lunes el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet. Pues parece que tenía razón. Más de lo que algunos se habían imaginado. Como la chancellor alemana, Angela Merkel.

ENTRE UNICORNIOS Y ELEFANTES

"Grecia es el ejemplo perfecto", me dicta desde Nueva York una de las periodistas financieras independientes más reconocidas en Wall Street, Heidi Moore, "en vez de unir esfuerzos para ayudar a Grecia, la Eurozona ha tratado de exiliarla con la pretensión de mantener una fachada de salud económica". A juzgar por los resultados, no hemos engañado a nadie. Ante mis quejas sobre la deuda de California, Moore se limita a decir que "el problema de la Unión Europea es que, a diferencia de los Estados Unidos, no es una construcción real, está hecha de unicornios y buenos deseos".

La capacidad de movimiento de las instituciones europeas y de sus países miembros ha sido letárgica, inoperante, y las consecuencias se preveen duras de digerir. La situación de España bajo observación rigurosa, aunque contenida transitoriamente, sólo puede empeorar. Merkel avisaba hace apenas unas horas en Berlín de que las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el gobierno griego "necesitan acelerarse". Entonces, ¿por qué ha dejado correr tanto el tiempo que la zona euro nunca ha tenido?

El líder del grupo socialista en el Parlamento Europeo, el ex primer ministro de Dinamarca, Poul Rasmussen, ha criticado a Merkel en estos mismos términos: "desde enero, hace cuatro largos meses", ha indicado Rasmussen a la prensa en Estrasburgo, "la Unión Europea ha esperado en vano que Alemania tomara las riendas. Pero durante todo este tiempo, Merkel ha preferido jugar a la política local antes que priorizar la solidaridad europea".

Ben May, analista de Capital Economics ─con sede en Buckinham Palace Road, en Londres─ coincide con el eurodiputado danés: "Tras la rebaja en la calificación de riesgo de Portugal, era evidente que la crisis fiscal iba a afectar a los países de la periferia europea más allá de Grecia". En palabras de May, España se ha convertido ahora en "un elefante dentro de la cacharrería, por la simple razón de que la Unión Europea no tiene medios suficientes para sacar a España de una posible quiebra".

Y LOS PAYASOS

Un elefante con el 40% de la población activa menor de 26 años de edad en el desempleo, y con un déficit equivalente a más del 50% de los ingresos del estado, no va a ser fácil de manejar. España ocupa la cuarta posición entre las economías europeas y es una de las diez mayores del mundo.

"La cuestión no es la solidez de los fundamentos económicos del país", dice Philip Lane, profesor de economía internacional en el Trinity Collage de Dublín, "el problema, sencillamente, es que te encuentras con que los mercados no quieren financiarte. De hecho, si repasas los datos oficiales, Irlanda es mucho mejor candidato que España para sufrir el contagio griego".

Terry Smith, de la compañía Tullett Prebon de Londres, especialista en inversiones de riesgo, añade el Reino Unido a la lista roja de las agencias de calificación de riesgo: "Cualquier país, con cualquier moneda, que haya garantizado deudas de un volumen considerable respecto al total de su economía, se va a ver en las mismas circunstancias", asegura.

La satisfacción para los contribuyentes españoles, sea como fuere, es bien poca. Los intereses que habrán de pagar para rescatar a la economía del hundimiento bancario e industrial, no bajarán fácilmente. El analista Owen Ireland, de la asesoría ODL Securities, señala que "la presión de los inversores contra los países del sur en la zona euro continuará sin lugar a dudas".

Veinte años de burbujas inmobiliarias han reventado entre el miércoles 28 de abril y el pasado diciembre de 2009, que marcó el comienzo de las notas negativas de S&P en cuanto a la calidad de los bonos soberanos españoles. Al descubierto, han quedado gobiernos y reguladores que habrían de haber vigilado los excesos del sector del ladrillo y su efecto arrastre sobre las cajas de ahorros, entre otros. Pero no son los únicos.

Jeremy Warner, que ha estudiado el comportamiento de las agencias de calificación de riesgo en las últimas décadas, cree que "si observamos de cerca los acontecimientos actuales, es obvio que las agencias han actuado como verdaderos payasos. Sus tasaciones y clasificaciones han sido ridículas y alejadas de la realidad".

El pasado 23 de abril, el subcomité del Congreso de los Estados Unidos que investiga las causas de la crisis del crédito, describía el panorama de forma extrañamente sutil: "Sabiendo que las instituciones financieras de Wall Street y la City de Londres, así como gobiernos occidentales, podían emplear a cualquier otra agencia si no recibían grados positivos en sus productos hipotecarios y bonos, las agencias demostraron ser débiles ante los requerimientos de las instituciones emisoras y bancos de inversión".

A ojos de los mercados internacionales, la pobre doble AA que S&P ha concedido a la deuda española no es particularmente embarazosa. Y es eso, precisamente, lo grave. Lo peor está por venir: es decir, el ajuste de cuentas.