Este negro panorama ha hecho que la última Cumbre europea haya hablado de crecimiento y de empleo, por primera vez en dos años y 17 Cumbres. Un mínimo avance, ya que los dirigentes europeos se han centrado en aprobar una reforma de los Tratados para prohibir el déficit público en las Constituciones y sólo han dedicado palabras y los restos de los Fondos estructurales a crear empleo. Frente a la recesión, más ajustes y ni un euro nuevo para el empleo.

Algunos llevamos más de un año diciendo que por el camino de los recortes, impuestos por Merkozy y los conservadores de Bruselas, Europa acabaría estancada y en recesión. ¡Que viene el lobo! Y aquí está: España decreció un 0,3% en el cuarto trimestre de 2011, como Alemania (-0,25%), Gran Bretaña (-0,2), Italia, Francia y por supuesto, Grecia y Portugal. Y lo peor: el FMI ha pronosticado que la Europa del euro decrecerá -0,5% en 2012, con caídas fuertes en España (-1,7%), Italia (-2,2%), Portugal y Grecia y crecimientos mínimos para Alemania (0,3%), Francia (0,2%) y Gran Bretaña (0,9%), recesión que también continuará durante el año 2013 en España (-0,3%) y en Italia (-0,3%). Con ello, el paro en Europa superará los 25 millones de parados a fin de año, 5,8 millones de ellos en España.

Con estos datos sobre la mesa, los dirigentes europeos debían haber centrado la Cumbre de esta semana en cómo crecer y salir del agujero, en cómo crear empleo. Pero no, sólo han hecho declaraciones grandilocuentes a favor del empleo, los jóvenes y las pymes y ni un euro nuevo para reanimar la economía. Sólo van a dejar que se adelante el gasto de los recursos no consumidos del Fondo Social Europeo 2007-2013, unos 22.000 millones, de los que 2.700 corresponderían a España. Servirían básicamente para programas de formación a parados, sobre todo jóvenes. Calderilla para un problema que afecta al 22% de los jóvenes europeos y al 48% de los españoles, que están en paro. Y la misma fórmula, utilizar Fondos estructurales no gastados (otros 60.000 millones), para financiar proyectos de pymes.

Poco y poco concreto. Lo que sí ha sido concreto es el acuerdo para consagrar el ajuste y la austeridad presupuestaria en la Constitución de los 27 (sólo lo rechazan Gran Bretaña y la República Checa): déficit máximo del 0,5% (Rajoy, en España, ha ido más lejos y ha aprobado el déficit cero, rompiendo el pacto constitucional con el PSOE). Y el que no lo cumpla, será sancionado por el Tribunal de Justicia Europeo con multas del 0,1% del PIB (1.000 millones € en el caso de España). Además, sólo los que rebajen el déficit podrán resguardarse bajo el paraguas del nuevo Fondo de Rescate europeo, todavía no aprobado.

El problema es que "hacer los deberes", reducir el déficit público, es mucho más difícil con recesión, ya que bajan los ingresos y suben las necesidades. Merkel y los conservadores de Bruselas lo saben, pero no quieren suavizar los objetivos, bajar la guardia, aunque los ajustes nos estén llevando a la parálisis. Pero lo tendrán que hacer, porque la realidad es tozuda y muchos países no van a poder cumplir con el déficit del 4,4 % en 2012 y el 3% en 2013. El primero, España, que tendría que recortar 38.000 millones en 2012 (o más si entramos en recesión), algo imposible. Tampoco podrán cumplir Grecia y Portugal y por eso han vuelto los ataques de los mercados con la deuda lusa. Y lo tienen muy difícil incluso Italia y Francia, a pesar de sus planes de recortes y aumento de impuestos.

Mal de muchos, podría forzar a Merkel y a los fundamentalistas de Bruselas a suavizar los recortes en la Cumbre de principios de marzo, ampliando un año los objetivos y dejando el 3% para 2014. Eso sería un alivio para unas economías en recesión, pero no resolvería el problema de fondo: hay que crecer y crear empleo. Y sobre todo, lo necesita la Europa del sur, en especial España, que tiene el doble de paro: 22,9% frente al 10,3% de la UE (y el 5,5% de Alemania o el 4% de Austria). Estamos en una situación insostenible, que exige medidas para reanimar la economía europea y española, fomentando el empleo con urgencia, no seguir con los recortes que nos han conducido a la recesión.

Esto pasa por hacer un Plan Marshall en Europa, movilizando recursos públicos para fomentar la contratación, rebaja de cotizaciones, formación, I+D+i, infraestructuras y educación, como ha hecho Obama en EEUU. Hay que mejorar la liquidez y el crédito, para que haya más financiación y más barata. Y los países del norte, con Alemania a la cabeza, tienen que fomentar su consumo y sus importaciones, para tirar de la Europa del sur. Y del resto del mundo, preocupado porque la recesión en Europa nos meta en una recesión mundial.

Los líderes europeos no acaban de ver las orejas al lobo y mira que está cerca. Se han vuelto de Bruselas con su mensaje de austeridad y la palabrería del empleo. Pero ya no sirve. La recesión avanza y basta con ver nuestras tiendas, nuestros bares, nuestras empresas: no hay demanda, no hay ventas. No es un tema de reforma laboral, ni financiera. Es un tema de confianza en el futuro, de decisión para que la política tire de la economía, de medidas de estímulo y no más recortes. Porque el malestar social es creciente, como han visto los líderes europeos con la huelga general en Bélgica. Y ya hay 115 millones de pobres en Europa. Por este camino, vamos de ajuste en ajuste hasta el fracaso final. Los 6 millones de parados.
___________________________________________________
Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro
Ilustración: Enrique Ortega

Las rentabilidades de los bonos italianos y españoles cedían a niveles no vistos desde octubre pasado, mientras el euro recuperaba en su cotización contra el dólar. Y esto es precisamente lo que se necesita para ir poco a poco creando las circunstancias favorables que se conviertan en la base del retorno de la confianza y de la inversión. Tal y como manifestaron en Davos inversores de tanto prestigio como George Soros.

Comentarios y manifestaciones como ésta no son las más indicados para que Europa siga funcionando como la hemos conocido en los últimos diez años. A menos que la intención sea otra diferente. Algo que algunos analistas están empezando a considerar en vista de los obstáculos que no cesan de aparecer provenientes de declaraciones y actuaciones aparentemente innecesarias.

TREMENDAS CONSECUENCIAS

Pero como han manifestado prestigiosos inversores y académicos, entre ellos algún Premio Nobel de Economía, el daño ya está hecho y a pesar del menor tamaño de Grecia en el contexto europeo , el riesgo de una quiebra desordenada y de una salida de este país de la Unión Europea tendría consecuencias tremendas para el resto de los países.

No hay posibilidades de crear cortafuegos eficaces ante tal incendio. El inversor no se encontraría nunca seguro invirtiendo en Europa si Grecia quebrase. El único cortafuegos posible es salvar a Grecia y garantizar con un fondo de estabilidad tan grande que por sí solo alejara la necesidad de ser utilizado, tal y como comentó el ministro español de Economía Guindos.

La impresión que están trasladando al mercado los comentarios de Schauble -y de algunos otros miembros de gobiernos de paises europeos- es de irresponsabilidad.

Hasta el punto que se pueden leer comentarios -como uno que aparecía ayer en Reuters- donde el presidente de una importante consultora económica llama a los políticos 'analfabetos de la economía'.

Lo de la falta de conocimientos de la economía -y especialmente de la financiera- es obvio y entendible, pero creo que el tema que tratamos es de puro sentido común. Si quieres buscar financiación para tu empresa lo último que deberías hacer es sembrar dudas sobre el futuro de ésta.

Esperemos que todo vuelva a su cauce, que la sensatez reine en el futuro y que en nuestro país podamos empezar de inmediato a crear puestos de trabajo porque el desempleo es la verdadera crisis.

_____________________________________________________

* Miguel Ángel Rodríguez es analista asociado de XTB

VALENCIA. Sobrevivientes somos todos. Estuvimos en con el vino y las rosas y estaremos con el sudor y las lágrimas. Algo parecido le ocurre al conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela. "Un mal año para dejar de fumar" piensa cada mañana al levantarse el atribulado conseller, mientras se dispone a iniciar el rito cotidiano -que no abandona hasta la noche- de sumar y restar mentalmente para intentar cuadrar algo, cobrar de aquí y de allá y realizar algunos que otros pagos.

Sabe este Vela que no le perdonan sus 15 años en la casa -la verdad es que fueron inolvidables, como se está demostrando ahora-, de ellos los últimos diez al frente de los Presupuestos en plena burbuja de gasto y deuda de la Generalitat, pero él se sabe funcionario con estrictas normas de obediencia y no ha dispuesto de plena responsabilidad sobre sus actos hasta que fue nombrado conseller.

Admite el conseller cierta lógica en los que le increpan por su longevidad en el puesto. "Pero yo me iba y me llamaron para que volviera. Y pensar que ya tenía las cajas con mis cosas en el coche para irme a casa...", masculla con cierta nostalgia recordando el día que Francisco Camps se le plantó en el Palacio del Almirante para pedirle que volviera a entrar y se hiciera cargo de la conselleria.

Desde entonces Vela, José Manuel, ha ejercido su papel con la fe de los conversos y el ahínco del profesor ante la mirada crítica de sus alumnos. "En 2014 podremos diseñar un presupuesto con deuda cero y solo con los ingresos que seamos capaces de generar, pero hasta entonces necesitaremos la ayuda del Gobierno". Así que ya saben: eso no ha hecho más que empezar. No es que nos vayamos a tener que apretar algo más el cinturón, es que nos vamos a tener que estrangular con él (la cintura, solo la cintura).

De momento al conseller le toca bailar con la más fea: decir no a los levantiscos funcionarios (lástima que sus sindicatos no hubieran estado igual de estrictos con los excesos de hace unos años, cuando se concedían liberados y subvenciones a manos llenas), aplazar pagos a los proveedores hasta un minuto antes de que revienten, dar la espalda a sus compañeros de Consell, vender los muebles, enviar inspectores a los sospechosos de ‘manos blandas'... y visitar Madrid todas las semanas varias veces para informar de la situación, recibir instrucciones y con ellas, de vez en cuanto, un puñado de millones para salir del paso e impedir que los mercados no atropellen (aun más) la solvencia de la Comunidad Valenciana.

Un trabajo, este último, no del todo de su incumbencia y más cercano seguramente al campo de trabajo de su hermano, Jorge Vela, director de Instituto Valenciano de Finanzas, a su vez dependiente de la Conselleria de Economía y del nuevo conseller Máximo Buch, aterrizado tras las ‘espantá' de Verdeguer (¿aportarán las raíces germánicas de Buch -pronúnciese ‘buj'- alguna notas de carácter ‘merkeliano' a su gestión? Falta hace para poner orden en el ingobernable sector público empresarial...).

Pero mientras "Buj" se pone al día, Vela, Jorge, como íbamos diciendo, es el genuino responsable de buscar y encontrar fondos en el exterior para alimentar el insaciable y siempre desordenado apetito financiero de la Generalitat, aunque no parece estar obteniendo demasiado éxito en su tarea desde que el año pasado empezara la fase dura de la crisis.

La nota de solvencia autonómica está bajo mínimos poco le ayudará a cambiar ese signo el hecho de encontrarse imputado él mismo en el desgraciado affaire Urdangarín (no se pierdan la entrevista realizada en esta misma portada por María Costa al hijo de Paco Roig en la que éste admite cándidamente haber hecho negocios con el yerno real...).

Difícilmente un financiero tendrá éxito en el exterior si va acompañado del marchamo de funcionario-de-Valencia-imputado-en-caso-de-presunta-corrupción. Así son las cosas, qué le vamos a hacer... Vela, Jorge, no parece hoy día el personaje más apropiado para representar a la Comunidad Valenciana en los mercados exteriores, y punto.

Pero lo que ningún político nos quiere contar todavía claramente -ya va siendo hora, ¿no les parece?- es lo que va ocurrir después de las elecciones de Andalucía. Ahí llegará el gran apretón al gasto público. Entonces será cuando Moncloa dé la orden de actuar, la que no sabido, querido o podido dar después de las elecciones generles.

Rajoy y sus golden boys se proponen eliminiar las barreras que la legislación estatal tiene levantadas ante las comunidades autónomas para que éstas ahora puedan aplicar a partir de ese momento radicales reformas restrictivas del gasto público: sí, el copago sanitario, los límites farmacéuticos, las tasa judiciales y de otros tipo, los recortes en educación... Esperen y vean.

Camps, no culpable. Adiós, Camps

El jurado declaró no culpable al expresidente Francisco Camps y éste ha adquirido ahora derechos legítimos para recibir los desagravios que considere adecuados. Sea, que se los conceda su partido. Pero el resultado del proceso no borrará nunca el flaco favor que Camps se hizo a si mismo, a su partido, a la Generalitat, a la Comunidad Valenciana y a la institución de la Justicia el día que en rueda de prensa universal, hace tres años, negó pública y reiteradamente conocer a Álvaro Pérez el Bigotes, haberse pagado siempre sus trajes y no tener nada que ocultar.

Ese día puso fin a su historia como político de bien (o a lo que quedaba de ella después de negarse a recibir a las víctimas del accidente del metro). El histórico juicio seguido contra él ha demostrado que faltó a la verdad en los tres casos: conocía y mucho a Pérez, no ha demostrado haberse pagado los trajes (aunque según el jurado, la acusación tampoco lo contrario, es cierto) y si, tenía cosas que ocultar, como impúdicamente han puesto de relieve las grabaciones realizadas das por la Policía siguiendo órdenes de los jueces.

El jurado lo ha declarado no culpable y por tanto ahora carece de responsabilidades penales mientras no se abran los otros procesos pendientes. Limpio de polvo y paja penal. Que lo disfrute si puede tras la deblacle en la que ha sumido a la economía valenciana tras casi ocho años de gestión inensata. El caso es que el expresidente y algunos de sus fervientes seguidores aun sueñan, o han soñado, con volver al escenario del crimen. Solo son delirios: no sería posible sin romper la casa, como bien describe Ximo Aguar en su crónica en este mismo diario.

Haría bien el ex en seguir los consejos de sus allegados y poner tierra de por medio durante una temporada. Ha salido bien librado de ésta y demostraría conservar indicios de sentido común -y de agradecimiento ante la vida- si no tienta la suerte estirando la cuerda hasta el máximo. Acepte ese año sabático que le ofrecen sus amigos, coja sus bártulos y dispóngase a ver mundo y decir adiós, señor Camps, hasta la próxima. Au revoire.

La estructura narrativa era extraordinariamente simple: voz en off con imágenes de archivo combinadas con entrevistas a diversos periodistas, dirigentes políticos y magistrados, la mayoría de ellos claramente hostiles al juez. El reportaje obtuvo una audiencia del 3,3% (78.000 espectadores), dos puntos por debajo del promedio de la cadena.

Lo interesante del asunto es que este reportaje pertenece al grupo de tres (sobre Rubalcaba, los GAL y Garzón) que en su momento, y como ya explicamos aquí, contrató RTVV. El primero de estos documentales que iba a emitirse, sobre los GAL, fue anulado a última hora por la cadena autonómica, por su coincidencia con el anuncio del fin de la violencia por parte de ETA. Por esa razón, y hasta esta semana, RTVV había mantenido los documentales en el "congelador", a la espera de una ocasión propicia.

Los reportajes se vendieron a RTVV por un precio desacostumbradamente alto para el estándar de la cadena: 200.000 €. Sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de un trabajo en el que participan muy pocas personas, y que presentaba algunos problemas técnicos de importancia (el reportaje tuvo que resonorizarse en RTVV antes de proceder a su emisión).

DOS PRODUCTORAS GEMELAS

Con todo, lo más relevante de este asunto no es su elevado coste, ni la baja calidad del reportaje en cuestión. Lo que verdaderamente llama la atención es el vínculo, claro y diáfano, que se establece entre estos reportajes y el director de Antena de RTVV, Fernando Quintela, un alto cargo de la televisión pública contratado por RTVV en el verano de 2011,con el propósito de que se encargase del proyectado ERE.

La productora que vendió el reportaje a RTVV, Triskel Audiovisual, cuenta con el mismo domicilio social (un piso en Valencia, en la calle Gascó Oliag) al de la productora 25 Frames Audiovisual, en la que figura como Administrador único... el propio Fernando Quintela. Triskel Audiovisual tiene como administrador único a Mario López Sanclemente, un productor que trabajó para Fernando Quintela en El Mundo TV y en la productora El Nacimiento TV. El realizador Luis Valero Taverner, que figura como apoderado en Triskel Audiovisual, según consta en el Registro Mercantil, trabajó en la productora 25 Frames Audiovisual, de la que Quintela es propietario.

Es decir: un alto directivo de RTVV, encargado de ejecutar el ERE como principal consecuencia de las políticas de austeridad a las que se ha visto abocado el Consell, aporta, de entrada, tres reportajes carísimos e innecesarios. Reportajes que, en el mejor de los casos, son contratados con productores muy cercanos a Quintela; en el peor, con la productora del propio Quintela, a juzgar por la extraordinaria coincidencia en la dirección social de ambas productoras. La televisión pública se gasta un dinero que no tiene a beneficio de aquellos que, teóricamente, han venido a arreglar el desaguisado, no a agravarlo.

POPULISMO AUSTERO

Como ejemplo de dichas políticas de austeridad, la Generalitat Valenciana ha presentado una nueva página web, "Cap Avant 2012", cuyo supuesto objetivo es propiciar que los ciudadanos hagan llegar directamente sus propuestas de austeridad al Consell.

Se trata de un nuevo hito en la línea que con creciente intensidad está asumiento el gobierno autonómico: de reconocimiento de la culpa, de constantes actos de contricción ante la deuda, los impagos y los recortes. Ahora, el Consell realiza un reconocimiento tácito de la impotencia para hacer frente a la crisis, y busca iluminación en los ciudadanos. O eso, o hace un mero brindis al sol. Una impresionante exhibición de demagogia populista. De, podríamos decir, "peronismo digital". Habrá que ver si se publican algunas de las propuestas que lleguen, que a buen seguro atentarán contra la línea de flotación de la gestión del PP.

#prayfor ...TWITTER SE AUTOCENSURA

La red social Twitter ha anunciado que bloqueará aquellos mensajes o comentarios que sean contrarios a las leyes locales de determinados países en materia de libertad expresión. En otras palabras: que hará lo necesario para que los gobiernos puedan censurar aquellos contenidos que consideren oportunos. En particular, los gobiernos de países no democráticos.

La medida ha suscitado intensas críticas entre los usuarios, que ven en ello una traición del espíritu de esta red social, y una clarísima vulneración (por ahora, sólo potencial) de la libertad de expresión. En realidad, subyace una razón mucho más pragmática: el interés de Twitter por crecer internacionalmente, en especial en China, donde Twitter fue censurada en el verano de 2009, y donde su espacio fue posteriormente ocupado por una red china, Weibo, que acepta la doctrina del Gobierno chino en materia de libertad de expresión (que, como podemos imaginarnos, no es excesivamente garantista). Una lección de realpolitik de primer orden por parte de Twitter: esto es una empresa, y lo que queremos es abarcar el mayor mercado posible.

(*) Guillermo López García es profesor Titular de Periodismo en la Universitat de València

VALENCIA. Aunque las grandilocuentes iniciativas que definieron a los gobiernos populares en la Comunidad Valenciana se vienen abajo en medio de una crisis económica y social devastadora, el PP goza de una posición política envidiable, la mejor de su historia como partido tanto en poder institucional como en distancia electoral con sus competidores.

A corto y medio plazo, además, no se atisba ninguna alternativa política (cambio de políticas) ni alternancia (mera modificación de los equipos gobernantes) protagonizada por otros partidos. Así las cosas, en este momento, la única alternativa al PP es el propio PP. Lo que, paradójicamente, convierte al PP valenciano, ahora bajo vigilancia atenta de Madrid, en la principal amenaza para su posición de hegemonía y dominio político en la Comunidad Valenciana.

El hundimiento del modelo

En contraste con las victorias electorales de 2011 y con el enorme poder que el PP concentra en la Comunidad Valenciana (gestiona en torno al 99% de los presupuestos públicos que afectan a los valencianos), el modelo de desarrollo económico y social que los populares valencianos han impulsado en los últimos 16 años se viene abajo sin paliativos. Si el estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis en 2008 había puesto en evidencia la debilidad del eje central de su política económica desde 1995 y la apuesta por el ladrillo, la acumulación de malas noticias en los últimos meses amenazan seriamente la imagen de la Comunidad Valenciana y la gestión futura del Consell.

La lista es desmesurada: pérdida de Bancaja, CAM y Banco de Valencia, venta a precio de saldo de lo que fueron las joyas de la corona (grandes proyectos, Terra Mítica, Ciudad de la Luz), gasto excesivo en la Ciudad de las Artes y la Ciencias o la Fórmula 1, malos indicadores económicos, paro, falta de inversión en los servicios del Estado del Bienestar, sensación de despilfarro en muchas inversiones pasadas. Y sigue creciendo: dificultades para pagar lo que se debe, fracaso en la emisión de los bonos patrióticos, consideración de la deuda valenciana como bono basura, recortes severos a trabajadores y servicios públicos básicos, despidos de investigadores mientras se preserva el entramado, sin conttrol y mal gestionado, de las empresas públicas del Consell donde las dosis de clientelismo y deudas son exasperantes.

Ciertamente, el castigo que está sufriendo la imagen de la Comunidad Valenciana y de sus instituciones, a menudo por el propio PP central, es excesivo. No todo es mala gestión ni toda la deuda se debe al despilfarro, también es cierto que la financiación autonómica nos perjudica gravemente. Pero eso no niega la responsabilidad negativa de la gestión del PP, especialmente con los gobiernos de Camps, en el crecimiento y descontrol de la deuda pública que es la causa de los recortes y en los problemas de caja actuales de la Generalitat. Individualmente, nadie ha asumido responsabilidad alguna por lo ocurrido, ni lo hará. Socialmente, la mala gestión parece que no tiene, de momento, consecuencias políticas ni electorales.

Cada ocho años, reciclaje

La tarde del 20 de julio de 2011 Camps, se veía obligado a dimitir como presidente de la Generalitat y del PPCV para, según sus palabras, no perjudicar las expectativas electorales de Rajoy. Ese día el PP valenciano quedaba bajo tutela de la dirección central del partido en Madrid, que avalaba a Alberto Fabra como nuevo hombre fuerte. De poco sirvió el conato de rebelión de Barberá el septiembre pasado para mejorar la posición del PP valenciano.

La contundencia del mensaje de Rajoy al PPCV en la configuración de su Gobierno ha sido de órdago. E igualmente precisa ha sido la respuesta del PP central para acabar con cualquier atisbo de que la reivindicación del Camps absuelto por un jurado popular signifique su rehabilitación política. Homenajes a Camps todos, responsabilidad ni una; esa es la consigna de Génova.

El mensaje está claro. Fabra será el referente del PP en la Comunidad Valenciana y no hay vuelta atrás. De este modo, en el PP valenciano se repite un hecho muy poco habitual en la política española, cada dos legislaturas se ha cambiado al máximo responsable del gobierno, sin cambiar de partido gobernante. Este hecho, curiosamente, tiene un efecto potencialmente dinamizador de los anquilosamientos internos y, sobre todo, sirve para reciclar políticas, formas y personas.

Crea la sensación de un tiempo nuevo y, hasta cierto punto, puede llegar a hacer pensar que se superan los aspectos menos positivos de la gestión anterior. El viejo PP es cambiado por un nuevo PP sin dejar de ser continuista. La cuadratura del círculo. Ocurrió con Camps y puede pasar con Fabra, mientras que no se rompa la coalición social que da apoyo estable al PP desde 1993. Otra cosa es que lo viejo se resista al cambio.

Fabra, leyendo a Maquiavelo y Sun Tzu

¿Pero el proceso de consolidación de Fabra en el PP será igual al que tuvo Camps? Difícilmente. Camps era fuerte en Valencia y Castellón y tuvo que conquistar a sangre y fuego la zaplanista Alicante. El estilo de Fabra es distinto, sus apoyos de partida menores. Su consolidación necesitará de un largo proceso de renovación y de cambio profundo en la dirección y la nomenclatura del PP valenciano y del Consell sin levantar las suspicacias de quienes hasta ahora estaban en los puestos de mando.

Fabra tiene a su favor la ausencia de referentes zaplanistas o campsistas fuertes en Alicante, la desaparición de la figura de Carlos Fabra en Castellón. En ambas provincias todo está a su favor; sin embargo, por su condición de castellonense y por su distanciamiento con la etapa de Camps, está encontrando una resistencia coriácea en la derecha de la ciudad y provincia de Valencia a dejarse liderar por alguien que no es directamente de los suyos. Le costará abrirse paso en Valencia. Rus y Barberá ya han manifestado su voluntad de condicionar la autoridad de Fabra.

Su principal apoyo es un Rajoy empeñado en pasar página en la Comunidad Valenciana. No es poca cosa, pero no está de más recordar a Maquiavelo cuando afirmaba que los líderes que llegan al poder por un golpe de fortuna y sólo tienen el apoyo de quienes los situaron en esa posición llegan con facilidad y se mantienen con muchísimo esfuerzo y dificultad. En consecuencia, para lograr consolidar su posición deberán cimentar su autoridad sobre bases nuevas, apoyos crecientes y buen criterio hasta incorporar a su causa, marginar o expulsar a los defensores de los líderes pasados.

Dicho de otro modo, Fabra para hacerse fuerte en el PPCV deberá cambiar personas, equipos y políticas, ganar voluntades y depender cada vez menos de Rajoy si quiere que su nuevo PP se imponga al viejo. El proceso será largo, progresivo y paciente. Y, a diferencia de lo ocurrido con la substitución de Zaplana por Camps, deberá seguir evitando la lucha abierta y mantenerse fiel a la vieja idea de Sun Tzu de que la victoria más completa se produce cuando el ejército propio no lucha y el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia.
__________________________________________

(*) Anselm Bodoque es analista político

D'altra banda, la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) acaba d'anunciar que uns 80 ajuntaments valencians podrien estar en fallida. És a dir, la seua situació estructural els impedeix i els impedirà fer front al pagament dels seus deutes. Dit d'una altra manera, amb els ingressos actuals i previsibles no podran satisfer les obligacions ja contretes. Es tracta d'una insolvència definitiva i potser cal recordar que de les situacions d'insolvència, definitiva o temporal, estructural o conjuntural, fallida o suspensió de pagaments, ara concurs de creditors, no se n'ix mai, quan s'aconsegueix eixir, amb un passiu igual o superior al d'abans. Les insolvències serveixen per fer net o per morir, que no és el cas dels ajuntaments. Les figures de la quita o quitança i l'espera o ajornament són les eines que permeten sobreviure, si alhora es posa ordre en l'organització.

Aquesta línia de crèdit de l'ICO tenia més de façana i de propaganda que d'instrument útil per a rebaixar el deute de les entitats locals i ajudar a recuperar la seua solvència. Els inconvenients afectaven a les quatre característiques principals de tot préstec: la finalitat, el termini, el tipus d'interès i la garantia.

Els préstecs tenien per finalitat la cancel·lació de deutes per subministraments, realització d'obres i prestació de serveis. Les restriccions bàsiques eren la preferència per deutes amb pimes i autònoms i l'antiguitat del deute. A més, la disponibilitat dels recursos, la gestió dels pagaments, es treia de les mans de les entitats locals en una mostra de desconfiança i es passava al banc intermediari. Tot plegat suposa la no disminució del deute global de l'entitat, substituint-ne un per un altre. En definitiva, es manté el nivell d'insolvència amb un doble agreujant: un cost superior i un retorn totalment captiu.

El primer i gran error de la línia és, doncs, no permetre, via negociació amb els proveïdors, una disminució real del deute mitjançant la quita habitual d'aquestes situacions. Davant d'una insolvència que no se sap quan ni com acabarà, qualsevol creditor prudent acceptarà liquidar el seu crèdit de forma immediata amb un cost encara assumible.

El segon error es demostratiu de la ignorància o de la intenció real de qui ha dissenyat i aprovat la línia. Els préstecs s'hauran d'amortitzar en un termini màxim de tres anys, sense possibilitat de carència i amb restriccions per a cancel·lacions anticipades. Aquestes condicions, a més de fer no assumible l'operació en el context actual de l'administració local, obliden la necessària temporalitat requerida per a refer l'entitat i recuperar la solvència perduda. En fallida i en concurs de creditors, el deute renegociat, és a dir, inferior a l'anterior, s'acostuma a retornar en terminis entre deu i quinze anys.

Els préstecs d'aquesta línia abonen un tipus d'interès de mercat. De mercat, sense més consideracions. Sense considerar, per exemple, la situació de penúria dels ajuntaments que els sol·liciten o sense considerar la finalitat no lucrativa de l'entitat prestamista ni el cost mig real dels recursos de que disposa. En qualsevol cas, un tipus del 6'5% anual, a títol d'exemple, sempre serà superior al cost de finançament via proveïdors, ni que es tinga en compte, que no cal perquè no es fa efectiu, l'interès de demora per superar el termini legal de pagament. O sempre serà superior al tipus que s'acostuma a pagar pel retorn dels deutes en situacions de concurs. Però, com es costum, l'ICO beneficia més l'intermediari que el prestatari. Aquest és, i no és menor, el tercer gran error de la línia.

Per fi, l'últim error és la repetició d'un anterior amb un vestit diferent: és el de les alegres bestretes del govern Zapatero, els lliuraments a compte dels exercicis 2008 i 2009, que l'anterior vicepresidenta del govern central reclamava fa poc. Aquests préstecs tenen com a garantía la participació dels ajuntaments en els tributs de l'Estat; és a dir, una part no menyspreable dels seus ingressos futurs. Davant de qualsevol incompliment amb l'ICO, el ministeri d'Hisenda farà l'oportuna i automàtica retenció. Això configura els préstecs, en definitiva, com una nova bestreta. Ara, però, amb els interessos a pagar a una empresa estatal i sense opció a negociar.

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques ha ofert als representants d'ajuntaments i governs autònoms una línia de crèdit de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) que permetrà fer front als pagaments pendents amb proveïdors. Cal desitjar que l'un i els altres aprenguen dels errors passats i, en la mida del possible, perquè és d'humans equivocar-se, no els repetisquen. En cas contrari, la foto i el titular del diari poden quedar molt bonics, l'ICO fer un altre bon negoci i els administradors de les institucions respirar de la seua angoixa durant uns dies. La seua solvència, però, la de les institucions respectives, quedarà intacta: o siga, amb perspectiva més negativa, seguint la terminologia a l'ús.
_______________________________________________
*) Ernest Sena és economista. Ha estat síndic a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i director general de l'Institut Català de Finances

MADRID (Ilustración: ENRIQUE ORTEGA). Tres semanas ha tardado Rajoy en salir en ayuda de las autonomías, la mayoría gestionadas por el PP. El riesgo de suspensión de pagos de la Comunidad Valenciana ha disparado las alarmas y se ha aprobado una inyección general de liquidez de 11.000 millones, más créditos del ICO. Un parche para pagar nóminas y a algunos proveedores, pero que no resuelve el tema de fondo: poner orden en las cuentas autonómicas. El Gobierno aprueba este viernes una Ley para controlar las cuentas públicas y aplicar sanciones, pero hay que revisar también sus competencias y su financiación. Con todo, las autonomías son responsables del 70% de desviación del déficit y tendrían que recortar 15.000 millones este año. O 20.000 si entramos en recesión. Un recorte imposible.

Las autonomías engañaron al Gobierno Zapatero, a pesar de las promesas hechas a la ministra Salgado, en julio y en octubre de 2011, de que iban a recortar su déficit. A finales de año, Rajoy se encontró (¿no lo sabía, cuando el PP manda en 11 de 17 autonomías?) con que el déficit público era del 8,2% (en vez del 6%) y que las autonomías eran culpables del 70% de la desviación (15.000 de 22.000 millones). Y nos subió los impuestos a todos. Cuatro autonomías son las culpables de tres cuartas partes de la desviación: Comunidad Valenciana (21%), Cataluña (15,5%), Andalucía (14%) y Castilla la Mancha (11,4%).

Además de "descubrir" el agujero, el Gobierno se encontró, los últimos días de diciembre, con el SOS de algunas autonomías. La Comunidad Valenciana era un polvorín: no podía devolver un crédito de Deutsche Bank ni pagar las nóminas y ya había aplazado el pago de la Seguridad Social de sus funcionarios, a pesar de un anticipo de 480 millones que les dio Elena Salgado antes de irse. El Gobierno avaló de palabra la refinanciación de la deuda y Montoro adelantó otros 110 millones para pagos urgentes. Baleares también había pedido un crédito para pagar las nóminas. Y Cataluña no ingresó en diciembre ni las retenciones del IRPF ni las cuotas de la Seguridad Social de sus funcionarios.

El Gobierno dejó claro que no iba a dejar caer a ninguna autonomía. Y así, aprobó la semana pasada una inyección de liquidez de 11.000 millones de euros: 8.600 son anticipos de la liquidación que les correspondía en junio y otros 2.400 son efecto de ampliar desde cinco a 10 años la devolución de deudas con el Estado. Además, se pondrá en marcha en dos meses una línea de crédito en el ICO para que paguen parte de las deudas a proveedores: 14.000 millones de euros, el 70% con laboratorios y empresas sanitarias.

Dinero contante y sonante y créditos a 5 años (al 3%) para evitar la suspensión de pagos de algunas autonomías. No todas, ya que el problema se concentra en cinco: Comunidad Valenciana (la más endeudada, 19,9% de su PIB, y la tercera con más déficit, un 4,2% según Fedea), Cataluña (segunda más endeudada, 19,7%, y un déficit del 2,4%), Castilla la Mancha (campeona del déficit, un 5,8% del PIB, y con un 18,3% de deuda), Murcia (4,7% de déficit y un 10% de deuda) y Baleares ( 4,1% de déficit y 16,8% de deuda).

Resueltos los pagos más urgentes, queda hacer frente a la deuda autonómica, 135.151 millones de euros (12,6% PIB). El problema ahora es refinanciarla, a un interés elevadísimo, por encima del 8%. Cataluña y Comunidad Valenciana, las más endeudadas, ya han pedido al Gobierno que les avale o que lance hispabonos, para pagar menos intereses, pero Rajoy se lo está pensando, como Merkel con los eurobonos. También le piden emitir deuda sanitaria, para financiar la sanidad.

El salvavidas del dinero llegará a las autonomías a finales de enero y ahora falta que, a cambio, pongan orden de verdad en sus cuentas. Cataluña es la única que lleva dos años de recortes serios y ha aprobado un Presupuesto 2012, con ayuda del PP, que reduce 1.535 millones entre recortes y subida de impuestos (con tasa turística y euro por receta). La Comunidad Valenciana anuncia un ahorro de 1.075 millones, con recortes a funcionarios y más impuestos. Y Castilla la Mancha ha añadido otra rebaja de 350 millones a los 1.815 anunciados hace cuatro meses y que no se acaban de concretar.

El Gobierno aprueba este viernes una Ley de Estabilidad Presupuestaria, para controlar el déficit, que incluirá sanciones para las autonomías que incumplan. Y habla incluso de reformar el Código penal para meter en la cárcel a los gestores manirrotos, una "ocurrencia" de cara a la galería, ya que lo que hacen falta son controles previos, que eviten más engaños y "sustos": el ministro de Economía propone el control previo de los Presupuestos autonómicos, como exige Merkel en Europa para los Presupuestos nacionales.

Más control sí, pero hay que ir al fondo de la cuestión autonómica: cuánto deben gastar y cómo se financian. Definir con claridad sus competencias, suprimiendo duplicidades con el Estado central y los Ayuntamientos (incluida la supresión de la mayoría de sus 2.359 empresas públicas). Y revisar el sistema de financiación, del que se quejan la Comunidad Valenciana y Cataluña (por no primar suficiente la población) y Galicia, Murcia o Aragón, por primarla demasiado, Después, habrá que forzar a las autonomías que quieran gastar más, a pagarlo con más impuestos propios, no que tengamos que pagar los demás la Fórmula 1 o los desmanes urbanísticos de Camps, por ejemplo.

Al final, el problema es que las autonomías, manirrotas o no, van a tener que hacer las tres cuartas partes de los recortes de España en 2012. Tendrán que recortar de sanidad, educación, gastos sociales, infraestructuras y ayudas a empresas y empleo, dos tercios de sus gastos. Unos 15.000 millones para cumplir con Bruselas, que podrían ser 20.000 si entramos en recesión. Una cifra imposible para las autonomías. Eso es lo primero que hay que revisar. Salvo que queramos que cierren...
___________________________________________________
Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro
Ilustración: Enrique Ortega

Usted sabe señor Presidente que a lo largo de este primer semestre tiene que liquidar unas cantidades millonarias en concepto de gastos financieros, de personal y gastos corrientes de los servicios básicos que superan los 5.000 millones.

Usted sabe, porque así se lo han dicho que o encuentra liquidez o la intervención estatal de la Administración autonómica puede ser una realidad para el verano. Una intervención que incluiría la suspensión de pagos, incluidos los sueldos de los funcionarios, porque los ingresos no van a ser suficientes como para generar esa liquidez.

Si se anuncia una baja de 1,5% del PIB español para 2012, eso significa, viendo la tendencia de los últimos años, que una bajada de la actividad y del PIB en España supone una rebaja aún mayor del PIB regional en medio o un punto más. Sólo en periodo 2008 y 2010 la Comunidad Valenciana fue la región española donde más se contrajo el PIB, con una caída del 6,4% y en durante el año 2009 el Producto Interior Bruto ha decrecido un -4,3% frente al -3,6% de España.

¿Espera que eso cambie cuando el sector servicios representa el 65,84% del PIB regional? La contracción del consumo afecta directamente a este sector que, a su vez, supone incremento de desempleo que a su vez reduce aún más el consumo y todo ello le supone a la Generalitat una reducción de sus ingresos da fácil cálculo.

Esta realidad desde luego no es exclusiva de esta Comunidad, pero eso no le va a evitar seguir liderando algunos parámetros o compartir ese liderazgo negativo con otros territorios.

Usted sabe todo esto ahora, aunque probablemente no lo sabía cuando asumió la Presidencia de la Generalitat abducido, como buena parte de la población, por los discursos postmodernistas de su antecesor. Pero ahora le toca lidiar con esta situación. Pero no puede solo. Así que ha de pedir ayuda y cuanto antes mejor, a todos los grupos parlamentarios incluyendo, si fuera necesario, la conformación de un gobierno que los incluya.

Para nadie y menos para la oposición puede ser una estrategia aceptable el "cuanto peor mejor" pero para usted tampoco vale el "dejadme solo" de los toreros ante un morlaco de estas dimensiones. Da igual ahora quién lo haya alimentado aunque entre sus obligaciones está y así se lo pedirán los grupos de la oposición con los que ha de contar, pedir responsabilidades a aquellos gestores.

Usted puede pasar por ser el Presidente de la continuidad del caos o el que le puso freno. Usted sabe que ambas decisiones le van a costar su cargo, pero sabiéndolo. ¿Cuál es la mejor opción?"
______________________________________________________________
(*) Alfons Puncel pertenece a Iniciativa del Poble Valencià. Miembro de la Comisión Política de Compromís. 

* Miguel Ángel Rodríguez es analista asociado de XTB

En todo el mundo -y en todos los productos- se mantiene la diferenciación entre productor y distribuidor. Es más, cuando el producto es complejo también hay otra figura importante y diferenciada: la del asesor. El ejemplo más sencillo es el de las medicinas. Hay un productor (el laboratorio), un distribuidor (la farmacia) y un asesor (el médico).

Imagínense qué pasaría si todo ello, incluido el médico, estuviera en manos de una gran corporación, tipo 'Abarca y Devora', la de la película de los hermanos Marx. Obviamente no funciona así porque el riesgo para la salud de los ciudadanos de una acumulación de poder de ese tipo sería enorme. Pero, en cambio, si ocurre en el sistema financiero español, con cierto riesgo para la salud financiera de ahorradores e inversores, que no es poco.

Si uno quiere comprar un teléfono móvil, un coche, ropa interior, en fin, cualquier cosa, se va a una tienda, a un centro comercial, a un gran almacén... Puede mirar, buscar, comparar y decidir de forma rápida y sencilla, incluso todo en el mismo local. Pero eso no es lo habitual en los productos financieros.

A día de hoy, la mayoría de los inversores españoles cuando compran un producto financiero van a un banco, normalmente solo a uno, al 'suyo' -que de 'suyo' desgraciadamente tiene poco- y ese banco es a la vez el fabricante, el distribuidor y el asesor, pues teóricamente 'asesoran' a sus clientes sobre el producto financiero idóneo para su perfil de inversión y la situación de los mercados financieros. Pero la realidad suele ser distinta.

Se le 'recomienda' aquello que en ese momento sale de la cadena de producción del banco y está en la lista de objetivos de distribución de sus sucursales. En otras palabras: que el banco tiene sus intereses, que consisten en vender sus productos, lo cual es perfectamente legítimo, pero el cliente tiene los suyos, y no siempre coinciden.

Este conflicto de intereses es algo tan obvio que fuera de aquí se solucionó hace tiempo gracias a la llegada, implantación y regulación de la actividad de asesoramiento financiero independiente. Se trata de empresas financieras -las llamadas EAFIs- que no tienen producto propio, sino que asesoran sobre los distintos productos financieros que hay en el mercado. Las que dan mejor servicio ofrecen casi toda la gama disponible en su activo o producto de referencia, que es lo que se llama 'arquitectura abierta'. Y no manejan dinero de los clientes, se limitan a dar consejo e información.

Afortunadamente, hace ya tres años que esta actividad fue regulada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -la actividad que llevaba tiempo funcionando, pero limitada a muy pocas empresas-, y hoy en día es un modelo de negocio perfectamente accesible a inversores y ahorradores de todo el país, aunque todavía siguen siendo pocas las empresas que realizan este tipo de servicio. Pese a su rápido crecimiento, son muy pocas si se comparan con las cifras de Francia, Italia o Alemania, por no hablar de Estados Unidos o el Reino Unido.

Qué duda cabe que las habrá buenas, malas y mediopensionistas. Y también con matices en cuanto a su grado de independencia, sí, pero que siempre será mayor que el de una entidad cuyo objeto sea sólo la pura venta de producto.

El asesor financiero independiente que quiera durar muchos años en la profesión sólo tiene un camino: alinear sus intereses con los del cliente porque para él lo importante no debe ser el producto sino su cliente. Un fabricante puede vender un producto que dé un mal resultado y no por eso queda fuera del mercado. El asesor financiero que pierde la confianza de su cliente, que se basa en la objetividad que da la independencia y la alineación de intereses, pierde su razón de ser. Y su negocio.

(*) Víctor Alvargonzález es consejero delegado de Profim Asesores Patrimoniales

Con todo, los problemas estructurales socialistas no son sólo de base electoral y podrían resumirse en dos máximas: primera, el PSPV apenas si cumple adecuadamente ninguna de las funciones básicas de un partido (reclutamiento de elites cualificadas, instrumento de participación, socialización y representación ciudadana, y ocupación eficiente del poder institucional), y segunda, es una marca política potente que todavía atrae a un gran número de votantes. La combinación de ambos factores da lugar a que el PSPV sea un actor político poco articulado y decadente, un intelectual colectivo acéfalo y un instrumento para dar trabajo, recursos e influencia a un número decreciente pero significativo de personas.

¿Cuáles son los problemas de los socialistas valencianos? Nos limitaremos a citar los seis que consideramos principales.

En primer lugar, la cultura política. Predominan unas formas organizativas y de conformación de grupos de interés internos antiguas y contraproducentes. Las lógicas principales son endogámicas, mediocráticas, bastante cerradas y, no exentas de sectarismo y de una visión desconfiada de la sociedad. Si, en algún momento de su historia, el PSPV era vanguardia de la sociedad e iba por delante en los procesos de cambio; hoy eso no es así y tiene poca capacidad de innovación.

Segundo, su sistema de selección de dirigentes se produce a través de familias o grupos de interés de base personalista y sin ninguna ideología o propuestas políticas diferenciadas que las justifiquen. Los dirigentes del partido se deciden en procesos internos sin la menor incidencia de los ciudadanos, lo que acaba favoreciendo la proliferación de dirigentes de aparato que acaban colonizando la práctica totalidad de los cargos de representación institucional y puestos de mando. Lo más característico de este colectivo es que cada vez más está compuesto por personas sin preparación específica y, sobre todo, sin trabajo fuera del partido, cuya prioridad personal acaba siendo, en muchos casos, continuar viviendo de la política sin más.

Tercero, es una organización con pocos afiliados en comparación al número de votantes y el grueso de los que posee tiene una formación política escasa, sin apenas presencia en la sociedad civil y con graves dificultades de afiliación en las grandes y medianas ciudades, donde se concentra el 80% de la población.

Cuarto, carece de un proyecto político estratégico medianamente definido. A la repetida crisis de la socialdemocracia europea, se añade en el caso español (y valenciano) el hecho de que el proyecto socialista erigido en la transición (consolidación de la democracia y del Estado Autonómico, desarrollo de las bases del Estado del Bienestar, modernización de la sociedad, reestructuración de la economía e integración en Europa) se culminó con un éxito relativo a finales de los años ochenta y principio de los noventa del siglo pasado. Lo que ha venido después, el proyecto de Rodríguez Zapatero, tuvo más de iniciativa radical democrática o de simple reacción contra el autoritarismo de Aznar que de proyecto coherente de carácter socialdemócrata y ha acabado de manera corrosiva e hiriente para el PSOE. Y no está de más recordar que el socialismo valenciano nunca ha aportado nada, intelectualmente hablando, al socialmo español. 

Quinto, el PSPV carece de discurso sólido. En todos los ejes esenciales del discurso político hace agua: ni define la Comunidad Valenciana ni el modelo de sociedad ni unos valores colectivos claros y universales. También se desconoce qué sistema de desarrollo económico defiende, cómo llevarlo a cabo y muchas de sus propuestas en la materia son cambiantes. Y lo mismo ocurre en las políticas sociales, donde no se va más allá de una defensa genérica del Estado del Bienestar y de los servicios públicos. El relato global simplemente no existe o es confuso. Y, se debe añadir el hecho negativo de que el PSPV-PSOE no es una organización bien valorada por los ciudadanos valencianos.

Sexto y a modo de conclusión, el PSPV carece de credibilidad y, aunque este sea un mal que afecta a la mayor parte de la izquierda en estos momentos, este hecho lo paraliza como actor social y político. Los ciudadanos no distinguen con nitidez las propuestas socialistas y, sobre todo, no siempre ven una mínima correspondencia entre los discursos de los dirigentes socialistas, su comportamiento público y su modo de vida.

¿Hay solución? Siendo realistas, con las dinámicas internas dominantes en el PSPV, es difícil que pueda existir una solución positiva, venga esta desde abajo en forma de rebelión de unas más que escuálidas bases o desde arriba generándose alguna especie de pacto generoso de las elites para abrir y regenerar la organización. Los próximos congresos socialistas parecen soluciones precipitadas y al final el único motor de cambio que quizás pueda hacer reaccionar al PSPV sea el que viene del exterior en forma de pérdida de electores y terceros partidos que puedan disminuir el número de cargos, sueldos y prebendas de los todavía dispone el PSPV. Pero incluso entonces, asomándose al abismo o cayendo por él, es posible que el pequeño mundo de las familias internas lleve a ese partido al colapso y la irrelevancia.
_____________________________
(*) Anselm Bodoque es analista político
________________________________________

ARTÍCULOS PUBLICADOS:

- Más allá de los intereses orgánicos (por Mercedes Cabrera)

- PSOE-PSPV 2012: ¿Un congreso más o la madre de todos los congresos? (por Manuel López Estornell)

- No és un problema de noms (por Joan del Alcázar)

- ¿Socialisme és llibertat? Algunes reflexions (por Ana Aguado)

El pistoletazo de salida de esta reestructuración lo va a dar la circular que prepara el Banco de España sobre provisiones de los riesgos inmobiliarios de las entidades financieras. Esta norma pondrá nombre y apellidos al reparto de esos 50.000 millones de mayores provisiones que un buen número de entidades no va a poder afrontar en varios años, puesto que no tienen capacidad de generar resultados de los que sacar esos fondos. Esas entidades serán las que tengan que ser fagocitadas por aquellas que sí puedan generar recursos para cubrirlos.

En este caldo de cultivo, el rumor de una fusión Caixa-Bankia ha tenido un considerable impacto, hasta el punto de convertirse en carne de papel periódico. Un rumor que había sido precedido, a finales de año, de otra combinación, aquella que colocaba a Bankia como pareja de baile de BBVA. En todo caso, lo que parece claro es que la pieza maestra para resolver el puzzle parece llamarse Bankia, ya que su problema es de tal dimensión que son pocos los candidatos para resolver el problema y si falla el encaje, todo el dibujo se va al suelo.

El primero que entendió que comienza el baile en serio fue el BBVA, por eso su presidente, Francisco González, sorprendió a todos el 23 de diciembre a las 7 de la tarde con la comunicación de que elevaba la edad de jubilación de los consejeros (la suya por tanto) a los 75 años. ¿Tenía alguna urgencia para semejante gesto? No.

FG cumplió 67 años el 19 de octubre pasado -nació en 1944- de modo que le quedaba hasta octubre de 2014 para continuar en el puesto sin necesidad de cambiar la norma. Sin embargo, está claro que trabaja con una fusión in mente, de lo contrario no tendría por qué asumir el coste de imagen de prorrogarse de nuevo el mandato. Seguro que se acuerda de que Emilio Botín tuvo que hacer en 1999 la concesión a Ángel Corcóstegui (BCH) de mantener la cláusula del Banco Central Hispano que jubilaba a los consejeros a la edad de 72 años, lo que en la práctica significaba que Corcóstegui se quedaría solo al frente del banco en 2007. La realidad fue otra, como es evidente, pero después de una dura batalla.

¿En quién pensaba FG? Pues todo apunta a que en Rodrigo Rato, nacido un 18 de marzo de 1949, cinco años más joven que el presidente del BBVA. Si seguimos con la hipótesis, podríamos ver un escenario de una fusión BBVA-Bankia. En esta operación, como suele ser habitual, se pactaría con una copresidencia FG-Rato, y con una presidencia única de Rato desde 2014, tras alcanzar FG el límite de edad.

Esta posibilidad ya no existe, FG ha sabido manejar el calendario y se ha cargado esa teórica ventaja de Rato, pero lo relevante es que el presidente del BBVA trabaja con la integración de Bankia como un escenario real. Ambos son los banqueros de cabecera del PP, algo que no es necesario argumentar. FG debe su cargo a que Rato le puso en Argentaria en 1996, pero después ha sabido defender su bastión con enorme habilidad, hasta el punto que apenas se reconoce el pasado del BBV en el equipo directivo o el Consejo del banco actual y eso se lo ha ganado él. Rato, por su parte, no es el responsable del balance tan desastroso que tiene Bankia, con una cantidad de activos inmobiliarios dañados procedentes de Cajamadrid y Bancaja, que quizás la hacen inviable.

La integración BBVA-Bankia fue moneda de especulación tras la vuelta del verano pasado; sin embargo, ahora, la moda es emparejar a Bankia con La Caixa, una operación que es mucho más difícil de cuadrar. Siguiendo con la especulación, esta integración la debería liderar La Caixa en pura lógica, puesto que es la entidad que asumiría el rol de salvadora. Además, la sociedad catalana, su gobierno, CiU y el PSC, no pasarían por una operación en la que mande la entidad de matriz madrileña, y aquí da igual que Isidro Fainé cumpla 70 años en julio de este año.

Entonces, ¿mandaría La Caixa en la integración con Bankia? Difícil. El gobierno de Rajoy tiene realmente un papelón. Bankia es un bocado grande incluso para La Caixa, pero convenientemente ayudada podría hacerse cargo. El problema es político. ¿Puede asumir el PP, tanto el de Madrid como el valenciano, aun con el desprestigio de este último, perder su única influencia sobre "su" gran entidad financiera? Es muy posible que la militancia del PP en estas dos regiones y en otras como Castilla y León o La Rioja se pregunten para qué hemos ganado las elecciones si resulta que nuestro propio partido nos sube el IRPF, el IBI y nos quita la caja de ahorros.

Por tanto, quizás la operación más factible sea una integración BBVA-Bankia, ya que si no son capaces de ponerse de acuerdo, ahí estará el Santander de Emilio Botín dispuesto a lanzar de nuevo la gran operación. FG lo sabe, por eso se alarga la vida útil, pero muy a su pesar tendrá que pactar con Rodrigo Rato. Quién tenga más apoyo político se llevará el gato al agua y además quizás presuma de haber traído a Madrid la sede social del BBVA. La solución, en los próximos meses.
________________________________________________________
Carlos Díaz Güell es periodista y autor del blog Tendencias del Dinero

Quizá sea prematuro adelantar un pronóstico sobre el futuro del banco valenciano. Quedan muchas incógnitas por resolverse antes de que el proceso de subasta se abra. Sus actuales gestores siguen escudriñando las tripas de la entidad para sacar a flote las pérdidas y aclarar sus necesidades de capital tras realizar las provisiones que entienda necesarias por su excesivo riesgo inmobiliario.

También queda pendiente conocer la salida que se dará a los más de 50.000 accionistas, entre los minoritarios y los históricos, que forman parte de la propiedad del banco, excluida Bankia, aunque de aplicar los mismos criterios que en las cajas hasta ahora adjudicadas, las expectativas son poco halagüeñas.

Pero en caso de que el interés de BMN se confirme, nos podríamos llegar a encontrar con una situación cuanto menos llamativa, casi un efecto bumerán.

Eran otros tiempos cuando el Banco de Valencia, ya controlado por Bancaja, inició un proceso de expansión a mediados de la década de los 90 que acabó con la compra del Banco de Murcia en 1997. La operación la realizó inicialmente Bancaja, si bien posteriormente la entidad murciana recayó en la órbita del Banco de Valencia, poniendo fin a la independencia que había mantenido en los primeros años en los que había mantenido la marca (aunque con la imagen corporativa de Bancaja). A partir de 2002 las 80 oficinas que tenía distribuidas el Banco de Murcia en la región y algunas provincias limítrofes fueron rebautizadas y la enseña desapareció de las calles.

Pero ahora las cosas han cambiado mucho y el comprador puede ser comprado en lo que desde Murcia se ve casi como un acto de justicia. El diario La Verdad de Murcia, publicó la semana pasada un pequeño suelto editorial titulado 'La posible vuelta del banco pródigo' que concluía con esta afirmación: "La entidad valenciana utilizó la red de oficinas de Banco de Murcia para extender en la Región el Banco de Valencia. Si finalmente BMN adquiere el banco intervenido, la 'esencia' murciana volvería a la antigua red de oficinas de Banco de Murcia.

No es el primer intento del sector financiero murciano por tomar posiciones en la Comunitat Valenciana. Como seguro recuerdan, la fusión CAM-Cajamurcia estuvo a punto de cerrarse. Y entonces, pese a que CAM era en teoría el pez grande, en el fondo lo que estaba ocurriendo era que el pez chico acudía al rescate de la (como después se supo) quebrada CAM.

Quizá la operación no se cierre. Hay otros interesados que podrían posicionarse una vez se adjudique Unnim, ya que algunas de las entidades que concurren a esta subasta (la próxima en celebrarse), de quedarse fuera, podrían pujar por el Valencia. O también podría ocurrir un milagro y que aparezca un grupo de inversores valencianos dispuestos a poner dinero para mantener al banco en casa.

Con la CAM en manos del Sabadell, el Banco de Valencia en el punto de mira de BMN y Bankia en la órbita de La Caixa, resulta complicado no pensar que nuestros vecinos tanto del norte como del sur hicieron las cosas mejor que nosotros.

CAIXA DE GROS

Hablando de Bankia y de los últimos rumores que corren por la Villa y Corte, llama la atención la coincidencia de informaciones que se pueden leer entre los diarios madrileños en los que se incide de forma reiterada en que si el banco que preside Rodrigo Rato está abocado a una fusión para salvar los muebles es por culpa de la mala situación de Bancaja. "Mucho peor de lo que nos dijeron. Están saliendo cosas que no sabía ni el Banco de España", aseguraba a una fuente no identificada citada por un diario salmón la semana pasada. No hay que ser muy listo para intuir de dónde vienen esas informaciones.

Dos consideraciones en este sentido: de ser ciertas esas afirmaciones, convendría que se hicieran públicas de forma transparente, sin ambages y con datos. Las acusaciones son graves y, de ser ciertas, merecen ser investigadas. Pero si de lo que se trata es de aprovechar las horas bajas que atraviesa la imagen de la Comunitat Valenciana para alcanzar algún objetivo o justificar alguna decisión, las filtraciones adquieren tintes de deslealtad entre los socios de Bankia. Francisco Pons tiene trabajo por delante...

¿O es que quieren hacer creer que Caja Madrid era un dechado de virtudes?

CAIXA DE MENUT

Y ya que la cosa va de bancos, una pregunta final: ¿Qué ha sido del grupo Cajas Rurales de Mediterráneo (CRM)? Tanto discurso sobre las bondades de esta integración laminados en menos de una semana con la decisión de Ruralcaja de entregarse en brazos de Cajamar. ¿En qué situación han quedado las otras rurales valencianas que escucharon los cantos de sirena de Juan Antonio Gisbert y aceptaron participar en un proyecto del que ha escapado para salvar sus propios muebles? Alguien lo debería explicar.

VALENCIA. No ha tenido mucho acierto la Comunidad Valenciana con sus dirigentes en los últimos años, aquellos que desde desde la gestión política, la financiera y la económica y empresarial marcaron el porvenir de cinco millones de ciudadanos que en estos momentos están iniciando una dura travesía del desierto: desde la tierra de promisión que representaba la Valencia de principios de siglo hacia un destino aun incierto que podría arrastrarse a lo largo de esta segunda década...

Una estresante situación social cuyo cuyo emblema más significativo se halla representado en la figura de expresidente Francisco Camps sentado en el banquillo reclamando la justicia de sus conciudadanos. Sea cual sea la decisión del jurado, Camps pasará a la historia no como  beneficiario de "cuatro trajes" regalados sino como el presidente que introdujo a esos mismos conciudadanos en un oscuro túnel de difícil salida.

Aunque a fuer de ser sinceros, no mucho más edificante ha sido el destino del resto de los anteriores presidentes de la Generalitat. El socialista Joan Lerma no ha tenido mayor ocupación desde que perdiera el Gobierno de la Generalitat, allá en 1995, que mover los hilos de una organización que nunca ha conseguido aproximarse a su objetivo como primer partido de la oposición: configurarse en alternativa real de gobierno para no privar a la endeble democracia valenciana de la necesaria alternancia en el gobierno de la región.

Su sucesor, Eduardo Zaplana, el carismático 'molt-ho president', rescataría al pueblo valenciano de su histórico pesimismo para devolverle el orgullo como pueblo en unos de esos vaivenes del péndulo que conduce invariablemente a los valencianos como sociedad desde la depresión profunda a la euforia absoluta sin apenas matices intermedios.

Sí, devolvió el orgullo valenciano a los valencianos pero puso la semilla de un modo de gobierno que al final ha devenido en letal. El espejismo del crecimiento y el desarrollismo atrajo los sobrecostes en las grandes obras públicas, el endeudamiento excesivo para una Administración autonómica que ya daba muestras de delirios de grandeza y de sus vicios asociados, descontrol en la gestión pública, nepotismo, amiguismo y marginación de todo aquel que no comulgase con la doctrina oficial... El tiempo de Zaplana pasó y ahora entretiene su tiempo sin misión conocida a sueldo de Telefónica, departamento de versos sueltos. 

SULTANES DE LA INDUSTRIA FINANCIERA

Es cierto que el conglomerado legal que rige en España el sistema de cajas de ahorro ha concedido y permitido el control de éstas a los estamentos políticos, quienes, con su lógica habitual y de forma mayoritaria, han utilizado estas poderosas herramientas financieras en provecho político propio y en el de su casta (así está concluyendo el sistema de cajas).

Por este motivo no puede aislarse la evolución de las cajas de ahorro durante la crisis del perfil de los políticos que las han regido desde las cuotas de representación de los gobiernos autonómicos en sus órganos rectores. Y en Valencia ya tenemos una idea más o menos aproximada sobre cómo se han gobernado la asuntos económicos en los últimos años.

Pero tampoco se puede exonerar a los gestores de la cajas de ahorro valencianas y a sus órganos rectores de la responsabilidad de todo cuanto ha ocurrido. Más bien podría decirse que a los dirigentes y gestores de las dos grandes cajas valencianas les vino grande la misión. Los dos últimos presidentes tanto de Bancaja como de la CAM -De Migel y Olivas en la primera, y Crespo y Sala en la segunda- no se mostraron a la altura de las circunstancias, como tampoco lo hicieron los directores generales que trabajaron a su vera, García Checa e Izquierdo (Bancaja), López y Amorós (CAM).

De Bancaja sobrevive su presidente, José Luis Olivas, enclaustrado y aislado en su torre de marfil de Pintor Sorolla, a la espera de un desenlace cantado y acompañado de su último director general, Aurelio Izquierdo, ubicado en una extraña tierra de nadie en espera de destino. Durante la edad de oro, ambos fueron lo máximo en Bancaja y... en el Banco de Valencia. Ahora practicamente solo les espera el retiro.

En todo caso, al menos lograron salvar los muebles: Bancaja ha sido subsumida en un grupo financiero, Bankia, que aun no ha finalizado su travesía y que en mayor o menor medida, siempre contará con algún valenciano en su consejo -como lo está ahora Paco Pons-, puede que con escasa voz, pero siempre con voto.

En Alicante han ido peor las cosas. La grotesca singladura de la CAM en sus últimos dos años, mil veces glosada -les ahorro repeticiones- acabó como el rosario de la aurora. Es decir, con el escarnio nacional, los interventores del Banco de España dentro de casa, la subasta pública de sus activos y la posterior entrega a precio de saldo al Banco Sabadell (oh, el denostado capitalismo catalán...). Roberto López, otrora virrey de Alicante, devino en directivo manirroto que se autoconcedió a si mismo y a sus colaboradores, suculentas y para muchos inmerecidas indeminizaciones.

Una ‘película' -de miedo- similar a la ‘rodada' en el escenario del Banco de Valencia, con Domingo Parra en el papel 'estelar' y los miembros de su consejo de administración en el de secundarios. Una década prodigiosa de negocios y rentabilidades sin fin que acabaría como lo que el viento se llevó: Parra en la calle, el Frob en el banco y los desconsolados consejeros y accionistas esperando que alguien les devuelva la cartera que les sisaron cuando miraban hacia otra parte.

EL SEGUNDO ESCALÓN

Apartados de sus responsabilidades los primeros espadas de la dirección política y económicofinanciera de los últimos años, no está de más echar un vistazo rápido a un segundo nivel de dirigentes colaboradores necesarios en el triste desenlace final. Por ejemplo, los consellers de Economía, Hacienda e Industria de los últimos años, Gerardo Camps, Vicente Rambla, Belén Juste, Miguel Peralta y Fernando Castelló. La mayoría deambula por pasillos y moquetas -salvo Rambla, que acaba de integrarse en el bufete Cuatrecasas pero sin dejar el escaño- en busca de no se sabe muy bien qué.

Especialmente destacable el caso de Gerardo Camps, de quien todo el mundo glosaba su "excelente preparación y conocimientos para el puesto" pero bajo cuyo mandato se produjo la suicida paralización de una Administración autonómica necesitada de acciones urgentes de salvamento. Durante su etapa en Economía y Hacienda se consumaría la pérdida del sistema financiero y del control de la deuda pública. Confiado en algún nombramiento dentro del nuevo gobierno Rajoy, G. Camps no parece contar de momento en los planes de ninguna agenda oficial.

El catálogo de dirigentes desafortunados, cómplices, víctimas o simples compañeros de viaje de los anteriores se extiende por las organizaciones empresariales, camerales y sindicales, ayuntamientos y diputaciones, intituciones y entidades generosamente regadas con caudales públicos cuya gestión en demasiadas ocasiones ha sido oportunista y alejada del interés general. No son más perjudiciales, sin embargo, las corruptelas y errores generales cometidos en la Administración de la Comunitat, que la falta de confianza vertida sobre su magullada imagen exterior.

La memoria colectiva practicamente ha amortizado a la mayoría de ellos, más preocupada por el difícil presente y el aún más imprevisible futuro. Se acaba el tiempo de la vista atrás y comienza el tiempo de coger al destino por los cuernos. Para ello se necesita otro mimbre de dirigentes, duros y correosos, con voluntad y determinación para darlo todo. ¿Existen?

EL CONSELLER MÁXIMO

De la firmeza y precisión sin contemplaciones que demuestren ahora los nuevos dirigentes de la Comunitat, Fabra a la cabeza, depende que la recuperación sea solo cuestión de ciclos o que el deterioro de las condiciones de vida para millones de valencianos perdure más allá de lo que los ciudadanos puedan merecer y tolerar.

La renuncia de Enrique Verdeguer a seguir pilotando una reforma del sector público empresarial de la Generalitat a contra corriente de la resistencia y zancadillas recibidas durante sus siete meses al frente de  Economía e Industria oscurecen un tanto el panorama de lo que se puede y se debe hacer para empezar a cambiar. No todos en el Partido Popular y en la Administración autonómica asumen que son parte importante del problema. O les importa un bledo.

El desembarco en Economía del head hunter Máximo Buch, un ingeniero experto en riesgos y talentos pero novato en la cosa pública, reabre de nuevo la esperanza hacia unos cambios que no pueden esperar más. A ver qué pasa. Suerte, "Max".

Se tratase realmente de un hacker o de un error de los gestores de la cuenta del PSOE, que tuitearon ese mensaje pensando que lo hacían desde su cuenta personal (un error que se ha producido a menudo con muchas cuentas corporativas), la verdad es que su mensaje condensa bastante bien la impresión que está dejando en muchos ciudadanos tanto las candidaturas presentadas hasta la fecha como la campaña que están llevando a cabo los candidatos, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. Ciudadanos que, en muchos casos, son votantes del PSOE y buscan alguna razón para seguir votándoles. O, lo que es peor: exvotantes que quizás, a poco que el PSOE les diese una buena razón, volverían a votarles.

Como ya comentábamos hace algunas semanas, no parece que los candidatos que se postulan a la secretaría general sean los más adecuados para superar el legado tóxico de la crisis y la gestión errática de Rodríguez Zapatero, puesto que fueron copartícipes de la misma. A quien gane la secretaría general le espera una travesía del desierto que se aventura larga y difícil. En especial, si el PSOE pierde también el gobierno de Andalucía en las elecciones autonómicas de marzo. Tras lo cual estaremos ante tres años sin procesos electorales, salvo las elecciones vascas (en las que el PSE muy probablemente pierda el Gobierno), las europeas, de importancia menor, y las gallegas (en las que el PSOE sí podría aspirar a recuperar el terreno perdido).

Tal vez Rubalcaba o Chacón puedan funcionar como pilotos de la transición durante la mencionada travesía del desierto, más o menos como funcionó Almunia en la sucesión de Felipe González y también de Josep Borrell. La debacle de las Generales del 2000 dio paso a un Congreso abierto y a la victoria de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, en esta ocasión parece que las cosas se producen en orden inverso: primero se ha dado la devastadora derrota electoral (de Rubalcaba en España y de Carme Chacón en Cataluña) y sólo después el intento de gobernar el PSOE. El legado electoral se antoja una losa demasiado pesada. En especial, para Alfredo Pérez Rubalcaba, más expuesto por su papel en los gobiernos de Zapatero, su durísima derrota del 20N y con mayor edad que su rival.

Por desgracia para Chacón, sus debilidades también son mucho más notorias que sus virtudes. Su vínculo con Zapatero es más intenso, su formación y experiencia genera más dudas. Y en su discurso es enormemente complicado encontrar alguna idea con un mínimo de profundidad, más allá de las habituales invectivas a la derecha, de tipo circular (pues se basan en explicar que la derecha es mala por el hecho de ser de derechas). Por último, los apoyos mediáticos de Chacón son más endebles que los de Rubalcaba.

Prisa contra Mediapro

La campaña por la secretaría general muestra claramente que Rubalcaba cuenta, como ha contado siempre, con el apoyo cerrado de Prisa, es decir, el diario El País y la Cadena Ser. Chacón se apoya en medios muy hostiles a Rubalcaba, como El Mundo, y fundamentalmente en Mediapro (Público - La Sexta).

Pero Mediapro es un apoyo menos consistente: por un lado, su incidencia global en la opinión pública es mucho menor que la de Prisa. Por otro lado, su situación financiera es más delicada. El diario Público se ha declarado en concurso voluntario de acreedores, preludio de un abanico de posibilidades que oscila entre mantener la apuesta, reducir páginas y ediciones, limitarse a una edición de fin de semana e, incluso, el cierre. La Sexta, fusionada con Antena 3, mantiene por ahora su independencia editorial (una decisión inteligente, desde el punto de vista de la audiencia), pero no es seguro que lo siga haciendo en el futuro, o que se mantenga en la misma línea.

El pisotón de Pepe a Mediapro

Pero los problemas de Mediapro no derivan de Público, ni siquiera de La Sexta. Público genera pérdidas (estimadas en unos 20 millones de €); La Sexta también, y en una medida mucho mayor (en torno a 100 millones de €), aunque han sido enjugadas merced a su venta a Antena 3, que se ha hecho cargo de la deuda.

Sin embargo, no son comparables con el nivel de gasto y endeudamiento que ha generado Mediaproducciones, la filial de Mediapro encargada de la gestión de derechos deportivos, fundamentalmente el fútbol y la Fórmula 1. El endeudamiento, estimado en cifras que llegan a los 1.250 millones de €, proviene de los astronómicos contratos firmados por Mediapro con los clubes de fútbol.

La historia es conocida: ante el fabuloso negocio que, se intuye, supone la explotación de los derechos del fútbol, las cadenas de televisión se lanzan a cerrar acuerdos con equipos. El problema (para ellas) es que nunca lo hacen en régimen de monopolio, sino que siempre hay al menos dos competidores. Ocurrió en 1996-1997 (con PRISA y Antena 3 como contendientes) y ha vuelto a ocurrir ahora con PRISA y Mediapro.

Esa competencia obliga a las empresas audiovisuales a ofrecer cifras cada vez más altas, para unos derechos que luego no pueden explotar en toda su intensidad (el soñado régimen de monopolio). El retorno económico que tendría que llegar tras la enorme inversión nunca es suficiente para enjugar las pérdidas. Y los niveles de gasto acaban por quebrantar la solidez económica de toda la empresa.

El fútbol es tóxico para ellas, igual que lo es para las administraciones públicas, para las entidades financieras y para cualquiera que se acerque al supuesto negocio. Comenzando por el propio fútbol, cuyos equipos presentan unos niveles de endeudamiento comparables con los de las empresas audiovisuales a las que tanto contribuyen a endeudar.

#prayfor... #todosconAlbertoFabra

El pasado jueves, y como contó Valencia Plaza, el hashtag #todosconAlbertoFabra se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter a nivel nacional. Posiblemente su éxito tuvo mucho más que ver con el uso irónico de dicho hashtag para criticar la gestión del PP valenciano y del propio Alberto Fabra que con el caudal de entusiasmo generado por los afines al presidente autonómico.

Sin embargo, lo que me interesa destacar aquí es el afán por incluir el nombre del president, "Alberto", en el hashtag. Los mensajes en Twitter son forzosamente muy breves (140 caracteres como máximo). Un hashtag como #todosconAlbertoFabra ya supone gastar 22 caracteres. ¡Apenas queda espacio para hacer loas y alabanzas de la, por lo visto, magnífica gestión de Fabra! Así pues... ¿Por qué no resumir algo el mensaje, y dejarlo, por ejemplo, en #todosconFabra?

Ya sabemos el porqué: no vaya a ser que alguien confunda a "el Fabra bueno" (Alberto, president, que intenta gestionar con seriedad el desaguisado que le ha dejado "la herencia", ya no se sabe si de Zapatero, de Camps o de ambos) con "el Fabra malo", es decir: Carlos, expresidente de la Diputación de Castellón, inmortalizado por una gigantesca estatua de Ripollés en el aeropuerto sin aviones, ganador habitual de la lotería y también imputado habitual en una serie de procesos judiciales que nunca terminan.

Y tampoco podía hacerse un hashtag de otro tipo, que aludiese a la condición de Fabra, por ejemplo #todosconelPresidentFabra, aún más largo, no fuera a ser que alguien lo escribiese incompleto y se pudiera pensar que lo que se pretendía era lanzar un mensaje de apoyo al president... Camps. Ya saben que Fabra y Camps son como la noche y el día, no tienen nada que ver, uno sólo intenta arreglar los desaguisados del otro. Y aunque haya alguna parte de verdad en esto, tampoco hay que pasarse. Que a veces parece que Camps y Fabra no pertenecen al mismo partido.
_______________________________________________
Profesor Titular de Periodismo en la Universitat de València

Nos estamos olvidando de los famosos CDS o seguros de impago, que tanto han dado que hablar durante 2011. Estos famosos seguros se pueden ejecutar cuando, como su mismo nombre indica, se da un impago por parte del emisor de los bonos, en este caso Grecia. Con lo que, de declarar las agencias de rating a Grecia en quiebra tras la quita 'voluntaria' de los inversores privados, se podría desatar una avalancha de ejecuciones de CDS cuyo alcance supera las fronteras europeas. En todo caso, todo parece indicar que este fin de semana saldremos de dudas, pues es el plazo que se baraja para llegar a un acuerdo entre tenedores privados de deuda griega y su gobierno.

Mientras tanto, los mercados permanecen tranquilos e incluso con más apetito por el riesgo de lo que cabría esperar con un panorama como el anteriormente comentado. El FMI es el responsable de la relativa calma que estamos viendo tanto en renta fija como en renta variable. Lo es con ese inesperado anuncio de aumentar su capacidad de préstamo hasta un billón de dólares, algo que ha sido tomado por los mercados como un auténtico salvavidas para un barco, el de Europa, que hace aguas desde hace bastantes meses.

Con este escenario sobre la mesa las subastas, tanto Francia como España han pasado la prueba sin muchos esfuerzos tras sus respectivas rebajas de calificación. En concreto, en España se rompe la tendencia que traíamos desde hace varias semanas, de ver subastas netamente positivas con una emisión, la de bonos a 5 años, que ha aumentado rentabilidades.

Sin embargo, hay que puntualizar que en las emisiones de ayer, los vencimientos exceden la duración del programa LTRO del BCE (3 años), lo que ha supuesto una prueba de fuego que se ha superado con relativa facilidad. Incluso hemos visto que se ha colocando más de lo previsto ante el temor a un empeoramiento de las condiciones de financiación durante los próximos meses.

_____________________________________________________

* Soledad Pellón es estratega de mercados de IG Markets

Al margen de la pérdida del Ministerio, la peor noticia ha sido el recorte de 600 millones en el Presupuesto para 2012 (8.000 millones), a la espera de si hay un nuevo recorte en el Presupuesto definitivo de marzo. Con ello, habrá muchos organismos públicos de investigación (como el CSIC o el CIEMAT) que no podrán realizar proyectos y tendrán que despedir a investigadores, reduciéndose subvenciones y créditos a empresas para que innoven. Una opción política que contrasta con otra decisión del Gobierno Rajoy: recuperar las subvenciones a la compra de vivienda y mantener el IVA superreducido, dos medidas que costarán unos 6.000 millones de euros, casi el presupuesto en I+D+i. Luego se opta por apoyar al ladrillo más que por modernizar la economía.

Con todo, el mayor problema es que Rajoy sigue la senda de Zapatero y ya llevamos tres años de recortes en I+D+i (un 30% entre 2010, 2011 y 2012), tras una congelación del gasto en 2009, después de 16 años de apuesta continuada por la investigación (desde 1992). Con ello, España se ha estancado, dedicando sólo un 1,36% de su PIB a investigación, mientras Europa está en el 2,01% y los países punteros han aumentado estos años su esfuerzo en investigación, tanto Alemania (2,82%) como Francia (2,25%) o Reino Unido (1,87%). Y seguimos en el furgón de cola de la UE: el 6º país que menos apuesta por la I+D+i.

El problema no es sólo que el gasto público en investigación se recorte sino que la crisis ha reducido también el gasto en I+D de las empresas, que sólo financian el 43% de la investigación española, cuando Bruselas planteó en la Agenda de Lisboa 2010 que deberían suponer dos tercios y en los países punteros, como Alemania, las empresas privadas realizan hasta el 70% del gasto en I+D. En España, la investigación depende demasiado del sector público y por eso ahora, con los recortes, la caída es mayor.

De hecho, 5.369 empresas han dejado de innovar en 2010, según el INE, la mitad por el recorte de las subvenciones del Estado y las autonomías y la otra mitad por la crisis y la falta de crédito. Con ello, el porcentaje de empresas innovadoras en España (43,5%) es inferior a la media europea (51,5%) y a países como Alemania (70% empresas). Y las tres autonomías con mayor porcentaje de empresas innovadoras (La Rioja, Navarra y País Vasco) son precisamente las que tienen menos tasa de paro. No es casualidad.

Los recortes y la crisis son un grave hándicap para la investigación y la innovación, pero faltan más proyectos que dinero: 1 de cada 4 euros del Presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en 2010 no se gastó, porque empresas y autonomías pidieron sólo el 60% de los créditos públicos disponibles. Y de cada 100 empresas, 34 desaprovechan las ayudas a la investigación, según un estudio de Alma Consulting. Tampoco funcionan los incentivos fiscales a la I+D. Todo porque la crisis hace que las empresas no se metan en proyectos de investigación o innovación ni en créditos que han de devolver.

Ahora, la clave es aprovechar la nueva Ley de la Ciencia, una de las pocas aprobadas con consenso entre PP y PSOE, y relanzar la investigación y la innovación, con recortes y sin Ministerio. Hay tres tareas urgentes. La primera, poner en marcha la Agencia Estatal de Investigación, un organismo independiente (con presidente elegido por 5 años) que debe estar protegido de los vaivenes políticos. La segunda, aprobar un nuevo Plan Nacional de I+D+i 2012-2015, que marque objetivos y prioridades y que consiga aunar los esfuerzos públicos y privados en investigación e innovación. Y la tercera, agarrarse como una lapa a Europa, para aprovechar los crecientes fondos europeos (80.000 millones) y los proyectos comunitarios del futuro programa Horizon 2020, que quiere apostar por relanzar la investigación en Europa, retrasada frente a Estados Unidos y Japón.

La investigación e innovación no es sólo cuestión de dinero, aunque hace falta más (hay una campaña de firmas para recabar más fondos). Hay que inocular la I+D+i en la educación, fomentarla en las empresas (sobre todo en las pymes), simplificar las ayudas, unificar esfuerzos, potenciar las compras públicas, implicar más a las empresas y a la Universidad, obsesionarse con no perder el tren tecnológico de Europa... Y sobre todo, marcar una estrategia a medio plazo, porque la I+D+i necesita tiempo y estabilidad. Pero hay que apostar por la innovación para salir de la crisis. Como dice Juan Lerma, "hay que hacer más economía con ciencia en vez de economizar con la ciencia". Amén.
Publicado por Javier Gilsanz en 14:32 0 comentarios
___________________________________________________
Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro
Ilustración: Enrique Ortega

Primero oímos que los proveedores externos reclaman el cobro de lo que la Generalitat les adeuda. Luego nos enteramos de que no se consigue colocar deuda en los mercados ni atender al pago de intereses de los créditos. Más tarde leemos que los organismos propios como escuelas y hospitales no reciben las transferencias para sus gastos corrientes. Por último se ejecutan recortes drásticos sin anunciar detalladamente los medios de los que se dispone (ingresos y patrimonio) para hacer frente a deudas y pagos.

Tal avalancha de noticias alimenta la idea de que las arcas están vacías. Mientras no dispongamos de una visión integral y detallada, se está lanzando una señal clara a los mercados: "Algo gordo debe de estar pasando en Valencia". Las agencias han recogido el mensaje y nos acaban de decir que en España somos malos y en Valencia, peores. Por detrás del "Bad" valenciano, sólo quedan cuatro escalones para llegar a la suspensión de pagos, según Moody's.

No se despeja la incógnita cuando desde Madrid nos advierten tranquilizadoramente de que no nos dejarán "caer". Como parte del Estado, que es uno (central) y trino (autonómico, provincial y local), la Generalitat, a diferencia de empresas y familias, no puede suspender pagos ni provisionar pérdidas, ni convocar un concurso de acreedores, ni nombrar a un Molt Honorable administrador judicial. Pero quien sufre las consecuencias de los impagos, los recortes y la falta de crédito son quienes sí pueden declararse legalmente en quiebra: empresas y familias.

Aunque un diagnóstico certero no implica dar con una solución adecuada, conocer la realidad es indispensable para poder afrontarla. Si estamos ante un default no es lógico ocultarlo, ya que más pronto o más tarde serán evidentes las consecuencias, con ley o sin ella. Perdemos además un tiempo precioso para establecer un plan de viabilidad autonómico.

Por el contrario si no hay riesgo de bancarrota, aunque sea a coste de desprenderse de patrimonio (o como lo expresa el portavoz del Consell "Aunque haya deuda también hay patrimonio" , no tiene ningún sentido que la maltrecha economía local se deteriore más por una incertidumbre que se solventaría presentando un balance actuarial de las arcas valencianas.

Ante esta encrucijada, mientras sigamos leyendo noticias de impagos y las medidas de ajuste no vayan acompañadas de un arqueo realista de la caja, no dejaremos de preguntarnos si la situación es peor de lo que imaginamos, o simplemente, que nadie lo sabe.
_____________________________________________
Jorrdi Paniagua Soriano es ingeniero de telecomunicaciones y economista, profesor de la Universidad Católica de Valencia

Sin embargo, bajo la apariencia de rigor y trato igual a todas las Comunidades, el acuerdo de estabilidad que va a poner en práctica el Gobierno de Mariano Rajoy consolida la desigualdad básica de trato que el sistema de financiación autonómica ha establecido entre los españoles según residen en unas comunidades autónomas u otras. Una desigualdad que tiene su origen en la notable diferencia en financiación por habitante que sigue existiendo y que coloca en una situación inaceptable a los valencianos, situados entre quienes reciben menos recursos.

Y una desigualdad que se mantiene lustro tras lustro desde la creación de la España de las Autonomías, con independencia del color político del Gobierno de Madrid. ¿La razón? la incapacidad de la sociedad valenciana, y de forma muy especial de su clase política y económica, para exigir -y conseguir- un trato similar, al menos, a la media de las CCAA españolas.

En ese contexto, la exigencia de un porcentaje similar de déficit para todas las comunidades obligará a la Generalitat a realizar una política contractiva todavía más intensa de la desarrollada hasta ahora. Ello va a repercutir negativamente en el inicio de la recuperación de la que tanto hablan los ministros económicos del nuevo Gobierno conservador mientras aplican restricciones que no pueden sino reducir el nivel de actividad.

Y sin embargo, hasta el momento el Consell no ha tomado medidas contundentes ni ejemplarizantes contra el despilfarro. A fecha de hoy, sólo uno de los múltiples eventos deportivos de discutible rentabilidad colectiva pagado con el dinero de los valencianos ha sido suspendido, mientras los funcionarios, como los proveedores, siguen pagando el desaguisado que el PP ha provocado.

Dado el escaso prestigio que tiene hoy todo lo valenciano en los círculos del poder -recuérdese que nadie relevante del PP vino a la toma de posesión de Alberto Fabra como presidente de la Generalitat- esta discriminatoria situación se va a mantener durante un período prolongado. Haría bien, por tanto, el Consell de Alberto Fabra en explicar cómo va a abordar el ajuste en lugar de dejar pasar el tiempo para descargar en cada nueva crisis otro golpe contra la calidad de servicios básicos como la educación o la sanidad.

Como haría bien la oposición socialista, en manos del desnortado Jorge Alarte, abandonando ocurrencias como el observatorio de los recortes y haciendo pública su alternativa a la crisis de las finanzas públicas. Aunque ello implique un mayor esfuerzo de lo que tiene por costumbre la dirección de ese partido, apoltronada como está desde hace ya tantos años en la oposición.

A pesar de la crisis y de tener una sanidad pública de las mejores del mundo, España es el cuarto país de Europa con más peso de los seguros médicos privados, tras Holanda, Alemania y Francia. Concretamente, 10.677.961 españoles tienen algún tipo de seguro privado de salud : 1 millón son seguros que pagan las empresas (desgravan 500 € por empleado en Sociedades) y otros 2 millones son seguros a funcionarios, que pueden elegir entre ellos o la sanidad pública (el 85% elige los privados). El 70% de pólizas se hacen en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, sobre todo los que viven en grandes ciudades. Hay 55 compañías, pero dos tercios del mercado se concentra en las cinco grandes: Adeslas (24%), Sanitas (16,8%), Asisa (13,7%), Mapfre (6,3%) y DKV (6,2%).

El seguro de salud es el segundo que más dinero mueve, tras el de automóviles: unos 6.550 millones de primas en 2011. Y el que más crece (+5,6% en 2010 y +3,5% en 2011). En la última década, las primas se han multiplicado por 2,5 y desde que estalló la crisis hay 1,1 millones de españoles más con seguro sanitario. Se lo hacen por las listas de espera de la sanidad pública, para acudir a algunos especialistas como el ginecólogo (69 días de espera media), el oftalmólogo (63 días), el cardiólogo o el urólogo (57 días) y el traumatólogo (44 días), aunque en la sanidad privada también hay esperas (de 8 a 22 días, según la OCU). También para tener una habitación individual en el hospital. Pero en el último año y medio han crecido por el miedo a los recortes en sanidad, la tercera preocupación de los españoles, tras la economía y los políticos, según el Barómetro del CIS.

Las aseguradoras han visto el negocio y llevan año y medio lanzadas a una guerra de ofertas y seguros low cost, desde 15 euros por persona si se contrata por Internet. El truco es ofertar pólizas muy básicas (microseguros), adaptadas a un cliente en crisis. Y para bajar precios, se rebajan coberturas, se aumentan los copagos y se multiplican las limitaciones. Todo con tal de ofrecer un precio atractivo que publicitar, como en los seguros de coches. Se trata de robar clientes en un mercado con mucha movilidad: si antes los asegurados estaban 15 años con la compañía, ahora no pasan de tres o cuatro.

El problema es que cuando el cliente ya está dentro, pagando unos 2.400 euros al año por familia, le llega al año siguiente una fuerte subida (en mi caso, +34%). Y después, a poco que se use el seguro, las subidas superan el 10% (en mi caso, este año, +11,2%). Y así seguirán, porque los costes sanitarios (tecnología, material, personal) están creciendo el doble que el PIB en todo el mundo. De hecho, los seguros médicos son de los que tienen menos retorno para las compañías: 7,3% sobre primas frente al 8,5% en automóviles o el 14,8% en multirriesgos.

Los seguros médicos son los segundos con más quejas y reclamaciones, duplicadas en 2010. Y no sólo por las fuertes subidas de precios. Los asegurados se quejan de las condiciones leoninas de los contratos (meses de espera para tener derecho a hospitalización o parto, obligación de estar un año, preaviso de dos meses para cambiarse, restricciones de atención, copagos, limitaciones de las pólizas) y de que puedan echar a un asegurado por edad, porque usa mucho la póliza o tiene determinadas enfermedades, no cubriendo algunas (VIH, drogodependencias, crónicas).

Otros que se quejan son los 16.000 médicos y 255 hospitales a los que pagan sus servicios las aseguradoras, imponiendo precios y condiciones. De hecho, el 62% de los ingresos de la sanidad privada procede de los seguros médicos (otro 26% de los conciertos con la sanidad pública). Una sanidad privada cuyas cifras impresionan: 483 hospitales (el 51%), 54.000 camas (33%), 253.000 profesionales (56.000 médicos), 31 % de las operaciones y 20% de las urgencias, el 27,5 % del gasto sanitario total. Pero un sector con graves problemas financieros, que han llevado a muchas ventas (1.000 millones en 2011) y que está pendiente de vender grupos tan importantes como USP (13 hospitales y 19 clínicas), Quirón (7 hospitales), Ribera Salud (6 hospitales) o Clínica el Pilar, por los que pujan fondos de capital riesgo británicos, franceses y norteamericanos, que ya controlan gran parte de la sanidad privada española. Su objetivo es ganar tamaño para negociar mejor con las aseguradoras.

Cara al futuro, las aseguradoras han pedido al nuevo Gobierno que permita desgravar el 15% de las primas de los seguros privados a los que ganan menos de 30.000 euros, con lo que captarían otro millón más de clientes. Y si no, piden una ayuda de las autonomías (400 € por asegurado), por descargarles de gastos sanitarios (dicen que ahorran a la sanidad pública 1.448 € por asegurado al año). Lo consigan o no, parece claro que Rajoy y las autonomías van a reducir el actual catálogo de prestaciones de la sanidad pública, con lo que habrá más negocio para la privada. Será más necesario que ahora tener un seguro médico privado. Y será aún más caro. Con la salud si se juega.
___________________________________________________
Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro
Ilustración: Enrique Ortega