Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El edificio de seis plantas en la esquina de la calle Colón con Conde Salvatierra que la Conselleria de Igualdad mantiene vacío y sin uso desde la pasada legislatura por fin sale del olvido. El departamento que dirige Mónica Oltra acaba de licitar el contrato para la reforma del edificio por 1,5 millones para transformarlo en un centro de valoración de discapacidad.
Este edificio, que recientemente fue tomado por un grupo okupa, es un inmueble singular de 2.000 metros cuadrados repartidos en un bajo y seis plantas, es propiedad de la Generalitat y está adscrito a la Conselleria de Oltra desde el principio de la pasada legislatura, por lo que tiene cedidas todas las facultades de gestión, conservación y mejora del mismo.
Sin embargo, el edificio ha estado desaprovechado desde entonces a pesar de que en algunas ocasiones se barajó la opción de darle algún uso como sede provisional del TSJ o como ubicación temporal para el IVAJ.
Los planes para instalar este centro de Orientación y Diagnóstico de Discapacidades se remontan a octubre de 2018, pero ha sido más de dos años después cuando la Conselleria de Igualdad por fin ha puesto en marcha el proceso administrativo para realizar la reforma pendiente.
Según refleja el informe con el que se inicia la contratación, que se realiza por el procedimiento ordinario, el objeto del proyecto consiste en dotar al edificio de despachos de consultas donde trabajan los profesionales y atienden a los usuarios; una administración y dirección del centro; así como salas de reuniones y salas para el personal y unos archivos y espacios de gestión de las historias e informes.
Además, se incluye la renovación de las instalaciones de electricidad, fontanería, climatización, protección contra incendios, voz, datos y se adaptan los ascensores a la normativa vigente.
En el bajo del edificio está prevista la instalación de una tienda para vender los productos artesanales que se elaboran en los centros de discapacidad.
El periodo para presentar ofertas acaba el próximo 29 de abril y el plazo de ejecución del contrato es de quince meses. La Conselleria de Igualdad exige a la adjudicataria que la plantilla destinada a ejecutar la obra esté compuesta al menos en un 10% por personas en situación o grave riesgo de exclusión social, que estén desocupadas y tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario y que estén incluidas en alguno de los colectivos reflejados en las cláusulas de carácter social en la contratación pública.
Hasta 2018, el edificio de Colón 80 estuvo a disposición del IVAJ, otro departamento que depende de la Conselleria de Mónica Oltra. El instituto de la juventud lo había pedido para darle uso, pero la realidad es que todo el tiempo que lo ha tenido a su disposición el inmueble ha estado cerrado a cal y canto y no se le ha dado uso alguno porque su estado era "incompatible con las necesidades funcionales de los servicios centrales del IVAJ".
Previamente surgió la posibilidad de destinar este activo a albergar la sede provisional del TSJ durante la reforma del Palacio del Temple, pero la falta de acuerdo entre la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la propia Oltra impidieron ese traslado y obligaron a la Generalitat a acudir al mercado privado para alquilar un edificio por el que paga 30.000 euros al mes.
