Otra porción más para el pastel de Imelsa: nueva pieza separada

VALENCIA. La operación Taula está siendo troceada por el magistrado instructor Víctor Gómez Saval como si de un pastel se tratase. El monumental volumen de la causa así lo requiere. A las ya conocidas “porciones” del pitufeo, de los zombies y de los contratos del Ayuntamiento –esta última diseñada pero no firmada- se une ahora otra más, la del call center de Mariano López, exsuegro del yonki del dinero Marcos Benavent.

Según ha podido saber Valencia Plaza por fuentes conocedoras de la causa, el hecho de seguir repartiendo “la tarta” en trozos obedece a la complejidad del proceso. Tanto el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, como el magistrado han optado por ir instruyendo la causa pieza a pieza, de menor a mayor complejidad, algo que les permite la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y es mucho más garantista para los investigados.

Así, varias partes de la macrocausa podrían dejar de estar secretas antes de las vacaciones estivales, ya que cuanto más tiempo permanezca el grueso de la investigación bajo secreto, más probabilidades hay de que las partes soliciten de cara a un hipotético juicio unas dilaciones indebidas, lo que conllevaría una reducción en las posibles penas.

Nueva pieza

La nueva pieza es la que se centra en el contrato del contact center tributario que recibió el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, por 840.000 euros y que le fue otorgado a la empresa Servimun, gestionada por su hijo. Tal y como publicó Valencia Plaza, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han tratado de encontrar las pruebas que demuestren el favoritismo en la adjudicación, ya que en este contrato en concreto “es muy posible que no hubiera mordidas”. 

Fuentes próximas al caso informaron que el exvicepresidente de la Diputación Máximo Caturla encargó este servicio a Imelsa a través de una encomienda de gestión. A la oferta se presentaron cuatro empresas de las que Servimun fue la mejor valorada en la oferta económica situándose varios puntos por encima de sus competidoras. Este hecho ha sido acreditado durante la instrucción judicial por los letrados de los implicados que presentaron el informe de la mesa de contratación con la valoración económica de Servimun, así como de las otras tres empresas que se presentaron al concurso.

El problema de la adjudicación radicó en dos vertientes diferentes. Por un lado, los sindicatos y EU denunciaron que sacar ese concurso era “privatizar un servicio público” y por otro, los técnicos hicieron un informe contrario por deficiencias en el servicio.

Fue entonces cuando presuntamente el expresidente de la Diputación Alfonso Rus encomendó al jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa, que falseara un informe que contradijera a los técnicos de la Diputación, tal y como publicó ayer Valencia Plaza. En dicho informe Deusa exponía que la prestación de los servicios por parte de la empresa era buena. Por tanto, los agentes de la UCO en este caso están tratando de demostrar el delito de tráfico de influencias y falsedad de documento público, y no las mordidas.