VALÈNCIA. El histórico dirigente del Bloc (ahora Més y en Compromís) y presidente de la formación durante sus tres primeros años de vida, Pere Mayor, pactó una comisión de algo más de doce millones de euros por intermediar en una operación que pretendía crear y recalificar una gran parcela de terrenos en la localidad de Burjassot con la 'trama Azud' como agente urbanizador y construir, entre otras cosas, un centro comercial del grupo Eroski. Así lo recoge el sumario del caso, al que ha tenido acceso Valencia Plaza.
Como el proyecto finalmente no salió adelante, el expolítico asegura que no cobró el grueso del dinero y que si se le pagó algo fue "insignificante". Consultado Valencia Plaza, Mayor dijo que esa cantidad total de 12,6 millones "es una barbaridad" y aseguró también que era "ilógica" en una operación que, incluida la compra de los terrenos, su recalificación y su urbananización, se estipuló en 54 millones. "¿Quién se cree que me fueran a pagar eso? Entiendo que la cifra estaría vinculada a la venta posterior de los metros de la operación que sobraban a Eroski, que eran muchos", apuntó.
El caso es que tras las elecciones municipales de 2007, que es cuando se desarrolló la frustrada operación, el PSPV-PSOE mantuvo la vara de mando de Burjassot pero con un pacto de gobernabilidad con el Bloc, cuyos dos concejales eran clave para sacar adelante las votaciones al tener el PP los mismo concejales que los socialistas. La UCO remarca en su informe esa situación y el hecho de que fuera "necesario" el apoyo del que entonces era partido de Mayor para alcanzar la mayoría absoluta.
Un "reseñable" 23% de comisión
Según el informe de la UCO que recoge el sumario de la trama Azud, el empresario Jaime Febrer, epicentro de la misma, con el abogado José Luis Vera, muy vinculado al PSPV-PSOE, como asesor jurídico y 'conseguidor', perseguían desarrollar al PAI 'La Capella' en la localidad y venderle una parcela del mismo al grupo Eroski. Finalmente, lo que hicieron fue firmar un acuerdo para la constitución de una 'joint venture', o empresa conjunta, con el grupo vasco el 28 de marzo de 2008 para formalizarla si el proyecto salía adelante.
Ese mismo día, se firmó un contrato entre CVC, la empresa de Febrer, y Gamellons 59, creada por Mayor en 2004 tras abandonar la primera línea política. El contrato, según la UCO, le encargaba "la mediación en la compraventa de los terrenos"; "el asesoramiento tanto urbanístico como técnico en materia comercial"; "y la coordinación ante la administración local, autonómica e instituciones intervinientes".
El acuerdo estipulada unos honorarios de 12,61 millones "en concepto de mediación en la operación de compraventa" e incluía dos cláusulas más. Por una parte, un 10% del beneficio que hubiera obtenido Febrer de haberse salido de la promoción con anterioridad a lo estipulado. Por otra, 1.500 m2 de edificación totalmente finalizada si CVC "promocionaba el resto de terrenos a usos no comerciales".
La Guardia Civil califica como "reseñable" que la comisión de Mayor supusiera el 23% del valor de 54,69 millones de euros que se le concedió a la parcela si se hubiera creado, reclasificado y urbanizado. La parte del ex del Bloc y de Compromís (dejó ambas formaciones hace unos meses por desavenencias tras la refundación de la primera formación en el Més) duplicaría por ejemplo el coste estipulado para la adquisición de los terrenos. Por su parte, Febrer pensaba ganar 22 millones.
La versión de Mayor
Pese a que el contrato lo firmó con Febrer, el exlíder del Bloc asegura sin embargo que su cliente era Eroski, que fue quien contactó con él para la búsqueda de terrenos para un centro comercial. Explica también que su labor era conseguir las parcelas y poner en contacto a los propietarios con el consistorio "para que negociaran" e insiste en que nadie le hubiera pagado esa cantidad de doce millones por esas gestiones. "No son tontos", afirma.
Mayor defiende que su labor no era mediar con los partidos sino con los propietarios y ponerlos en contacto con el consistorio para que ellos negociaran. Sin embargo, la UCO recoge numerosas reuniones suyas con representantes de la trama Azud, incluido Vera, y de Eroski, con el socialista Pepe Ruiz, concejal de urbanismo del consistorio, y con Jordi Sebastià, regidor por parte del Bloc. La primera de ellas se produce incluso dos meses antes de la firma del contrato de Gamellons 59.
Además un correo de un representante de la empresa de arquitectura a la que Febrer encargó el desarrollo del proyecto al responsable de la trama deja entrever el papel de Mayor. "En cuanto al tema del convenio, todo apunta a que salvando algunos flecos, pueda llevarse también a pleno. Supongo que Pere te habrá trasmitido sus últimas gestiones, y te habrán pasado los cambios que quieren introducir", le comenta.
Vera cobra siempre
Finalmente, el 2 de junio de 2009 y previa exposición pública, se firmó el convenio entre el Ayuntamiento, la empresa de Febrer y la de Eroski pero finalmente el proyecto encalló al parecer por la falta de acuerdo con el resto de propietarios y no cobró nadie... excepto Vera.
Seis días después, el abogado reclamó al empresario sus 150.000 más IVA correspondientes al primero de los cuatro 'hitos' (el del convenio) de un acuerdo global que podía haber llegado a 1,5 millones. "Me urge que me remitas la transferencia, la necesito para pagar mi renta, pagas a mis colaboradores y creo que yo he cumplido mi trabajo", le escribió en un correo. Eso sí, la UCO no ha encontrado ningún abono suyo a ningún colaborador.
En enero de 2010, Febrer y Vera firmaron un nuevo contrato de 300.000 euros por trabajos para lograr que se cambiara el PGOU, que el abogado cobraría con la fórmula de tres mil al mes y devolvería si la operación no se completaba. Los investigadores muestran su extrañeza porque tres días antes, Febrer firmara un contrato casi idéntico en cuanto al encargo pero mucho más bajo con un conocido despacho de abogados.
Foto DANIEL DUART
