Foto: PLATAFORMA PDI PRECARIETATVALÈNCIA. Profesores asociados de la Universitat de València (UV) piden el "reconocimiento" salarial de sus "horas reales de trabajo". Una situación provocada porque este tipo de profesionales cobran únicamente por el tiempo de docencia impartida en el aula, sin contar aquellas horas dedicadas a la preparación y corrección de actividades. El caso ha llegado hasta los tribunales con un juicio que ha contado con seis aplazamientos y que la pasada semana quedó visto para sentencia.
Desde la Plataforma PDI Precarietat explican que en marzo de 2017, la UV aprobó un documento con los criterios de reconocimiento de dedicación del Personal Docente e Investigador (PDI) en el que se estipula que, por cada hora de docencia, corresponden cuatro horas de actividades relacionadas con la misma. "Pero, en este documento, se excluye el PDI Asociado, que realiza las mismas tareas docentes que el resto de PDI", aseguran.
"A nuestro parecer hay un caso flagrante de discriminación porque no se nos reconoce las horas reales de trabajo", afirma Isabel De La Cruz, una de las representantes de esta plataforma que defiende los intereses del personal asociado universitario. Esta docente asegura que únicamente en la UV hay 1.300 profesores afectados por lo que considera "una discriminación palpable y evidente".
"El Plan Bolonia implica la evaluación continua. Tenemos que estar todas las semanas haciendo trabajos que tenemos que preparar y corregir", lo que, explica la representante, no queda reflejado en la retribución. De La Cruz La asegura que, "haciendo cálculos", existen casos de profesores cuyo salario le sale a "unos cuatro euros escasos" por hora si se tiene en cuenta el tiempo "real".
Esta situación llevó a 53 PDI asociados a presentar una demanda en abril de 2021 por discriminación laboral contra la UV, que fue ampliada a la Generalitat Valenciana "a instancias de la misma universidad". La vista oral ha estado aplazada hasta en seis ocasiones, cada una por motivos distintos.
El último aplazamiento , en marzo del pasado año, se fundamentó en la aprobación por la Mesa General de Universidades de la modificación de un decreto que afecta a las retribuciones de los docentes y que, según la jueza, podría repercutir en el desarrollo del juicio y la posterior sentencia. Los afectados llegaron a presentar un escrito contra esta suspensión.
El pasado miércoles se celebró finalmente el juicio, que quedó visto para sentencia. Preguntada sobre ello, De La Cruz explica que desde la plataforma esperan "que la jueza tenga en cuenta las reivindicaciones", las cuales cuentan con el "apoyo" del fiscal. "Nosotros confiamos en que la justicia reconozca esta situación. De todas maneras, hay que esperar - a la sentencia -. No queda otra", añade.
Esta docente también subraya el "coste" económico y emocional que han supuesto los seis aplazamientos del juicio durante más de tres años: "Hay compañeras que se han jubilado esperando que saliera al juicio". "Nuestra esperanza es que la Universitat de València y todas en general dejen de maltratar a una buena parte de su profesorado y reconozcan los derechos que tenemos", incide la representante de la plataforma.
"Nosotros estamos a tiempo parcial. Obviamente nuestra jornada y retribución debe ser a tiempo parcial", pero, debe contar "con el reconocimiento" exigido, considera esta representante. "No estamos pidiendo que nos pongan el mismo sueldo que a un docente a tiempo completo, pero sí que se tengan en cuenta las horas que nos corresponden", añade.
Aunque este grupo de profesionales se integran en la Universitat de València, esta profesora remarca: "Afecta a miles de trabajadores en todas las universidades públicas españolas". La portavoz, además, asegura que han mantenido conversaciones con los ministros Pedro Duque, Manuel Castells y Joan Subirats sin llegar a ninguna conclusión. Ahora, aspiran a reunirse con la ministra Diana Morant "para volverle a plantear las mismas cosas" que a sus predecesores.
De la Cruz también incide en que el PDI Asociado desarrolla su profesión "en una situación absolutamente precaria", no solo económica sino también de "condiciones laborales": "Tenemos despachos donde estamos hasta ocho personas en los que no se pueden revisar exámenes, lo que nos obliga a irnos a otros lugares porque es imposible hacerlo allí". "Durante años hemos sido la gente que con su trabajo sin cobrar lo ha sostenido la universidad pública", defiende esta docente afectada.
