Foto: Delegación del GobiernoVALÈNCIA. En la sesión plenaria del pasado martes 12 de marzo, el Senado ha respaldado una propuesta del Partido Popular para modificar la Ley de Costas, con el objetivo de evitar la demolición de ciertas viviendas cercanas a las playas. Esta iniciativa, que ha contado con el voto en contra del PSOE y del PNV, busca brindar protección jurídica a miles de propietarios cuyas construcciones podrían estar afectadas por nuevos deslindes de dominio público marítimo-terrestre.
La modificación legislativa nacional repercute directamente en las costas valencianas, donde algunos núcleos como Almardá, Corinto y Malvarrosa podrían enfrentar la posibilidad de demolición debido a deslindes que los incluirían en el dominio público marítimo-terrestre. Este cambio afecta especialmente a aquellas viviendas que cuentan con una concesión y a las que ahora pasarán a formar parte de esta zona. En concreto son las Casas de Queralt —aproximadamente 30 viviendas— las más afectadas por este cambio legislativo, aunque la normativa también llega a las zonas de Menera y el Grau Vell, en el mismo municipio de Sagunt.
La propuesta se centra en permitir la preservación de conjuntos urbanos costeros de valor histórico y etnográfico en terrenos que ahora son considerados de dominio público marítimo-terrestre. Para ello, se establecen requisitos como la demostración de valores culturales, históricos o etnológicos, la integración en el entorno costero y la existencia previa a la inclusión en el dominio público marítimo-terrestre.
El senador popular Francisco Martín Bernabé Pérez ha destacado la necesidad de proporcionar seguridad jurídica a los propietarios afectados, quienes enfrentan órdenes de demolición sin garantías de beneficio medioambiental para el litoral. Para proteger estos núcleos urbanos de especial valor, se propone un proceso de evaluación que involucra a las administraciones locales, autonómicas y estatales.
Sin embargo, algunas voces en el Senado han expresado preocupación por la eficacia de esta modificación, ya que señalan que podría no abordar todas las situaciones actuales relacionadas con el deslinde y la expropiación de propiedades en primera línea de costa. En la misma línea, destacan la importancia de ser ambiciosos en la protección costera y realistas ante los desafíos del cambio climático.
Respecto a la Ley de costas de la Comunidad Valenciana, nace con el objetivo de proteger los núcleos urbanos que no tengan afectación como dominio público marítimo terrestre y que, por estar sometidos a un deslinde, podrían ser derribados por costas por su afecto. En esta legislación se incluirá la misma medida que la propuesta recién aprovada a nivel nacional de protección de núcleos urbanos históricos. "La importante es la Ley de Costas Estatal", asegura Javier Cremades, miembro de la Plataforma Somos Mediterránea. Cremades argumenta que "los criterios son subjetivos" y que se debe tener en cuenta la opinión de las personas afectadas "desde el puro incio". En la actual fase, se pueden presentar propuestas por el hecho de estar en consulta público.
Por otra parte, el nuevo Reglamento General de Costas (Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto) modificó una normativa del año 2013 en la que para determinar el dominio público cinco temporales debían llegar a un mismo punto durante 5 años. La nueva modificación tomaba de referencia una ola como marca para determinar el dominio público. El reglamento fue anulado por el Supremo como respuesta a un recurso presentado por la “Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera”, en el cual alegan que dicho Reglamento no cumplió con la preceptiva Consulta Pública. Aunque el Supremo tumbó el reglamento, el Ministerio de Transición Ecológica ha lanzado una nueva proposición de reglamento de costas, que sí que se ha trasladado a audiencia pública para así cumplir el trámite que omitió y que llevó al Tribunal Supremo a declararlo nulo.
Esta normativa también está en fase de consulta pública y abre la posibilidad ha la participación ciudadana y como respuesta las Asociaciones vecinales de la Costa española, aglutinadas en el Movimiento Cívico Somos Mediterranea han preparado un documento básico de Comentarios y Sugerencias, que está siendo firmado por ciudadanos, Asociaciones y Ayuntamientos de toda la costa española y remitido al MITECO.
En este contexto, la presidenta de la Asociación Vecinal de las playas de Almardá, Corinto y Malvarrosa de Sagunt, Amparo Peris, ha subrayado la necesidad de proteger y regenerar las playas sin comprometer los núcleos poblacionales y las casas de pescadores. La discusión sobre la modificación de la Ley de Costas continúa, mientras se busca un equilibrio entre la protección del patrimonio costero y la salvaguarda de los derechos de los propietarios afectados.
