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Raquel Gutiérrez, la 'imputada del IVAM' que sigue en el IVAM

21/01/2016 - 

VALENCIA. Raquel Gutiérrez, ex subdirectora del Institut Valencià d'Art Modern, ha sido imputada junto a Consuelo Císcar, otros subdirectores y vinculados al entro cultural. Aunque las causas son dispares, el juicio aborda "indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el centro", con la especificación de malversación de caudales públicos, prevaricación y un delito de falsedad documental ahora recogidos por la magistrada del juzgado número 21 de instrucción de Valencia.

A diferencia de los otros ex subdirectores y del grueso de imputados, Gutiérrez es la única que sigue trabajando en el IVAM. De hecho, su vinculación profesional con el centro es única atendiendo la cronología: estuvo al frente de la Subdirección General Técnico Artística desde el 1 de junio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2013; sin embargo, el nuevo director, José Miguel G. Cortés, la recuperó para estas mismas funciones desde el 17 de marzo de 2015 hasta su dimisión.

En la dimisión, que se comunico públicamente por parte del IVAM tan solo unos días después de que la Intervención de la Generalitat Valenciana publicara su informe en torno a la gestión del IVAM entre 2009 y 2013, tenía una fecha conocida del 1 de julio. No obstante, en el auto de la jueza que imputa a Gutiérrez, la fecha referida es el 31 de agosto de ese mismo año. Pocos días después, Valencia Plaza publicaba como, pocos días después de esa nueva fecha, Cortés presentó a Gutiérrez de nuevo ante los trabajadores para asegurarles que seguía muy vinculada a su trabajo; en sentido figurado, como se la catalogara durante años en referencia a Císcar, como su persona de confianza.

La imputación de Gutiérrez

Lo cierto es que Gutiérrez fue contratada libremente por Císcar. Una vez dentro, logró la plaza de la que ahora disfruta: Técnico de Exposiciones y Acción Exterior. La imputación, en cualquier caso, no tendrá afección directa a su situación laboral, toda vez que ni siquiera se conoce un calendario de comparecencias ni plausibles escenarios judiciales en el horizonte de este caso sobre la gestión del IVAM.

Gutiérrez formó parte de la Comisión de Adquisición de Obras de Arte, sobre la que la investigación ha encontrado numerosos indicios de irregularidades. De hecho, el auto ya avanza que "ha supuesto a título indiciario el área donde mayores quebrantos económicos se han cometido, es bastante para su imputación por tales sobrecostes injustificados". En algunos casos, de hasta el 1.500% del valor de las obras en el mercado.

La ex subdirectora y empleada del IVAM ha sido mencionada por sus compañeros ante la Brigada Policial de la Provincia de Valencia. Y las acusaciones son concretas en el auto: el registrador de obras de arte, en su puesto desde la apertura del centro cultural, adjuntó un informe desfavorable en torno al transporte de una obra de arte en un correo electrónico. Posterior a este acontecimiento, Gutiérrez se presentó en su oficina y le exigió -siempre según el auto- "que en el futuro las quejas no fuesen por escrito".

Por su parte, el jefe del departamento de publicaciones alega que "en varias ocasiones" Gutiérrez le "obligó" a incluir a un artista en catálogos que ya habían sido impresos, creando "un elevado sobrecoste" para las arcas públicas.

El IVAM rechaza hacer valoraciones acerca de las imputaciones

El actual equipo del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) rechazó hacer valoraciones sobre las imputaciones y se limitó a expresar su "total respeto" por la acción de la justicia. Cortés, en declaraciones a Europa Press, añadió que quieren "mirar al futuro" por lo que respecta al trabajo cultural del museo.

No obstante, quiso agregar que su primera medida al tomar posesión de su cargo fue pedir un informe sobre la situación económica del museo y nombrar a cuatro nuevos responsables en su equipo con el fin de "rompen lazos con el pasado". Lazos que se retomaron en marzo de 2015 con la ya citada reincorporación de Gutiérrez para volver a salir meses más tarde, ya fuera el 1 de julio como anunció el centro o el 29 de agosto como dice el auto hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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