El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. Foto: EFEVALÈNCIA. Los valencianos tendrán que acudir a las urnas este mismo año para votar la reforma del Estatuto de la Comunitat. Esta es la conclusión que se extrae del desbloqueo acontecido este martes en el Congreso después de, nada más y nada menos, 45 aplazamientos respaldados en gran parte por PP y Ciudadanos.
Así, la formación que lidera Albert Rivera, tras negociaciones con el portavoz de Compromís en la Cámara Baja, Joan Baldoví, decidió en esta ocasión no respaldar una nueva prórroga de ampliación del periodo de enmiendas tal y como pretendían los populares. Por tanto, la reforma, tras siete años en el Congreso, podrá seguir su curso.
De esta manera, fuentes parlamentarias consultadas por este diario, apuntaron a que los pasos a seguir previstos son que la citada reforma vaya ahora a la Comisión Constitucional, donde se elaborará una ponencia. Si existen enmiendas se debatirán y posteriormente se emitirá un dictamen para, después, elevarlo al pleno para su votación.
En teoría, si se repiten las mayorías que se produjeron en la aprobación a trámite, donde todas las fuerzas votaron a favor excepto Ciudadanos y PNV que se abstuvieron, la reforma saldría adelante. Cabe recordar que esta variación del texto valenciano incluye la equiparación de las inversiones del territorio con el peso poblacional.
Así pues, aunque las citadas fuentes no concretaron en cuánto tiempo puede prolongarse este proceso, todo apunta a que si no se producen más zancadillas en el Congreso, la luz verde a la reforma no debería tardar demasiado. A continuación, según refleja el artículo 81.5 del propio Estatut, la aprobación de la reforma por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, incluirá "la autorización del Estado para que la Generalitat convoque un referéndum de ratificación de los electores en un plazo de seis meses desde la votación final en las Cortes Generales". Por tanto, salvo nuevas dilaciones o ralentización del proceso, los valencianos deberían acudir antes de que termine 2018 a ratificar en las urnas la reforma estatutaria.
Con este escenario, la preocupación del Gobierno valenciano iría dirigida a promover la participación en una votación de estas características. Como ejemplo, el Estatut de Catalunya de 2006 no alcanzó el 50% de afluencia en las urnas e, indudablemente, era un proceso con una repercusión muy superior. De la misma manera, también es reseñable el coste de esta consulta: el popular Alberto Fabra la tasó en ocho millones de euros cuando era presidente de la Generalitat.
Ahora bien, tanto el problema de coste como el de participación pueden subsanarse -o al menos amortiguarse- si se hace coincidir este referéndum con un proceso electoral. A día de hoy, los comicios autonómicos y locales en la Comunitat Valenciana, que además coincidirían con los europeos, estarían fijados para el 9 de junio.
Una fecha que parece demasiado alejada para el margen máximo de seis meses tras la aprobación de la reforma estatutaria en el Congreso. Así, salvo que existieran dilaciones o se buscaran retrasos premeditados en la Cámara Baja para no afrontar el referéndum en solitario, la otra opción que podría aplicarse es la de hacer coincidir esta votación con la de unas elecciones autonómicas anticipadas.
Una posibilidad que últimamente se ha venido comentando en algunos círculos próximos al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con la intención de separar el debate autonómico de la batalla nacional de siglas que puede producirse al coincidir con las europeas y sin saber si Mariano Rajoy pudiera jugar también un adelanto estatal.
Aunque distintas fuentes consultadas por este diario aseguran que el jefe del Consell tiene intención de agotar la legislatura, la obligatoriedad de celebrar un referéndum para la reforma del Estatuto podría fortalecer la posibilidad del adelanto, dado que añadiría argumentos al relato reivindicativo sobre financiación, inversiones y deuda histórica que viene reiterando el Gobierno valenciano.
Por otro lado, la noticia del desbloqueo fue conocida durante la rueda de prensa que se celebra después de la Junta de Portavoces en Les Corts Valencianes y celebrada por la totalidad de los grupos. Así, el portavoz socialista, Manolo Mata, expresó su "satisfacción absoluta" y se mostró convencido de que todos los grupos en el Congreso "agilizarán todo lo posible su tramitación".
El síndic de Podemos, Antonio Estañ, también celebró la "buena noticia, que ya tardaba en llegar" y permite "por fin respirar" al Estatuto, cuya tramitación "se viene postergando demasiado tiempo". "Ya está bien de que nos adelantaran todas las comunidades", recalcó.
Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, aseguró que los diputados populares estaban "muy contentos" puesto que es lo que han defendido "siempre" desde su grupo.
En cuanto a la síndica adjunta de Compromís Mònica Àlvaro, celebró el desbloqueo "después de 45 aplazamientos" para subrayar las "muchas quejas" que se habían producido sobre la tramitación de una reforma del Estatuto, que "permitirá blindar las inversiones" en la Comunitat.
