RitaGate: Estupor en el resto de partidos por la financiación del PP de Valencia

VALENCIA. Las reacciones a la presunta financiación irregular de la campaña electoral de 2007 del PP de Valencia, no se hicieron esperar este martes en Les Corts y en el Ayuntamiento de la ciudad. Mientras los diputados del PP evitaron hacer declaraciones sobre la información que adelantaba Valencia Plaza que desvelaba que el grupo municipal que encabezó Rita Barberá habría gastado tres millones de euros -20 veces más de lo declarado- en la campaña, el resto de partidos pedían explicaciones a los populares. 

En el caso de los socialistas, que perdieron aquellos comicios y no consiguieron superar la frontera que dejó Rafael Rubio de 12 concejales en las anteriores elecciones de 2003, el síndico parlamentario, Manolo Mata, manifestaba que el equipo de la exalcaldesa de Valencia "no sólo engañó a los valencianos, sino también al Tribunal de Cuentas y a las respectivas Juntas Electorales".

En este sentido, Mata también denunciaba la magnitud que podría tener el presunto "delito electoral" acometido por los populares. "Ya no estamos hablando de cuatro trajes ni de 1000 euros, sino de un partido que compitió ilícitamente en los procedimientos electorales. Lo del 'pitufeo' es una anécdota comparándolo con esto porque aquí hablamos de cifras disparatadas". Así, destacaba la ventaja que habría tenido el PP de Barberá frente a otros partidos en aquella campaña: "Mientras el resto no podían llegar a disponer de 150.000 euros para competir, algunos contaron con tres millones de euros, lo que suponía más publicidad, más propaganda y mayor presencia en medios. Es un escándalo porque nos han robado democráticamente muchas elecciones".

Sin embargo, no fue el único que se refirió a la igualdad de condiciones que aquella presunta financiación ilegal habría menoscabado entre los partidos que optaban a la Alcaldía en 2007 en las que sólo el PP y el PSOE obtuvieron representación parlamentaria y otros como Compromís se quedaron fuera del Cap i Casal. 

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se sumaba a las declaraciones del síndico parlamentario socialista y reprobaba las supuestas prácticas ejercidas en aquel encuentro electoral. "Cuando alguien se financia de manera irregular 20 veces más de lo que ha declarado y por encima de lo permitido, lo que está haciendo es romper la igualdad en el proceso electoral. Un delito muy grave que rompe las reglas del juego. La democracia se basa precisamente en que todo el mundo juegue con las mismas normas y si alguien las rompe concurre con una ventaja. No es lo mismo cumplir la ley de acuerdo a los límites legales que saltárselos a la torera", señaló.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Alexis Marí, y su homólogo de Podemos, Antonio Montiel, traslaban a este diario no sentirse sorprendidos por "otro asunto turbio del PP". Para el líder de la formación morada, los populares "deben una explicación a los valencianos porque si las empresas proveedoras entregaron tales cantidades de dinero era porque posteriormente obtenían algo a cambio. Y lo que recibían a cambio no salía del bolsillo de Rita Barberá, salía de los valencianos que en definitiva estaban pagando sobreprecios y sobrecostes en las adjudicaciones que posteriormente tenían esas empresas en la administración local". El portavoz de Compromís, Fran Ferri, además de pedir que desde el partido de Bonig se aclarase "todo lo ocurrido", afeaba "el respeto que tiene la derecha valenciana a la democracia".

Ayuntamiento de Valencia

Desde el consistorio que un día ocuparon los 21 concejales electos en aquellas elecciones que otorgaban al PP los mejores resultados en la historia de sus seis mayorías absolutas, el alcalde de Valencia Joan Ribó apuntó que en la pasada legislatura fue Compromís quien interpuso una denuncia fiscal para que se investigaran "estos temas" y, sin embargo, en aquel momento se archivó. 

No obstante, Ribó que hacía estas declaraciones este martes en la clausura de la actividad 'Voluntariat pel valencià' no fue el único representante municipal que se pronunciaba al respecto. La concejala socialista de Turismo, Sandra Gómez, tachaba la financiación irregular como "el delito más grave que puede cometer un partido" ya que a través de "manipulaciones se trata de competir con ventaja ante lo más sagrado que tenemos: unas elecciones". A su vez, también lamentó que lloviera "sobre mojado dado que se investiga la campaña en 2015 y por ello los concejales del PP de Valencia se encuentran investigados" con lo que si esta presunta financiación ilegal se "confirmarse apuntaría a una práctica más generalizada durante años".