VALÈNCIA. La primera batalla de los ayuntamientos con el Gobierno de España tras la irrupción de la pandemia de coronavirus fue para que los municipios pudieran utilizar sus ahorros libremente. Y se consiguió. Pero quedaron cosas pendientes y ahora, como si de un segundo asalto se tratase, los consistorios de toda España vuelven sobre reclamaciones insatisfechas por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero y otras de mayor actualidad.
Este miércoles volvió a verse el frente común de València y otras grandes ciudades gobernadas por diferentes colores políticos como son Madrid, Zaragoza (PP), Cádiz (Adelante Cádiz), Girona y Reus (JuntsxCat), Granada (Ciudadanos), Lleida (ERC), Torrelavega (PRC), Pamplona (UPN) y Santa Cruz de Tenerife (CC). La advertencia era evidente: los ayuntamientos estamos aquí, necesitamos una inyección de liquidez y, además, queremos gestionar la parte que nos corresponde de los fondos europeos.
De esta manera los diferentes alcaldes devolvían al centro del debate una de las medidas que se contemplaron en la primera contienda con Hacienda a la hora de negociar el desbloqueo de los ahorros locales: aportar además un fondo de financiación extraordinaria para los ayuntamientos de cerca de 5.000 millones de euros. Una línea de ayudas a fondo perdido a los entes locales para hacer frente a los estragos causados por la pandemia de coronavirus, que no sólo han mermado la actividad económica privada, sino que han hecho crecer el gasto público y la exigencia de ayudas municipales a los sectores afectados.
Aquella propuesta que planteaba el Ministerio en el decreto fallido de agosto -el Gobierno se quedó sólo en el Congreso de los Diputados- fue considerada por buena parte del arco parlamentario y representantes municipales como una suerte de "chantaje" para que los ayuntamientos aceptaran la intención del Ejecutivo: que la liberación de los ahorros locales dependiera de si éstos los prestaban previamente al Gobierno. El rechazo a esta máxima provocó el fracaso del decreto y, más tarde, el fondo extraordinario de 5.000 millones desapareció del mapa. Los ahorros se desbloquearon pero no se supo más de esta inyección.
Es por ello que durante la reunión de la decena de munícipes este asunto constituyó uno de los ejes reivindicativos. El alcalde de València, Joan Ribó, dijo que en el encuentro se acordó "reclamar al Gobierno central la aprobación, de forma urgente, de un fondo de reconstrucción local por valor de al menos de 4.000 millones de euros para hacer frente a todos los problemas de la covid". Y además, la decena de municipios recordaron en un comunicado los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reclamar al Gobierno central que "arbitre" un sistema de ayudas en esta línea.
El segundo de los pilares no podía ser otro que el tan esperado fondo de financiación para el transporte urbano. Lo cierto es que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan este crédito extraordinario de al menos 275 millones de euros para las empresas como la EMT de València, una línea que podría ampliarse hasta los 1.000 millones en caso de que no sea suficiente y que se repartirá "en función de los ingresos por tarifa" correspondientes a 2018.
Pero más allá de la aprobación de los PGE, no hay nada más. Y sin ir más lejos, el consistorio de València ya ha reclamado en varias ocasiones que se ponga en marcha esta ayuda dada la delicada situación financiera de la EMT, que tuvo que pedir una póliza de crédito de 27 millones de euros por la notable bajada de viajeros y que, según hizo público recientemente el PP, este montante ya se ha consumido. La estrechez es tal que el propio alcalde estudia dedicar parte de los ahorros consistoriales del 2020 a paliar la situación financiera de la empresa de transportes. La reunión de alcaldes no hizo otra cosa que reiterar la exigencia.
Y en terecer lugar, los municipios reclamaron al Gobierno que preside Sánchez que entregue parte de los fondos europeos de reconstrucción a los consistorios puesto que son las administraciones más próximas a los ciudadanos. Concretamente, la petición es que los municipios gestionen la parte proporcional que tiene el sector de la administración local en el gasto público de toda España. Esto es, el 14,5% aproximadamente. Pedían así reconocer "el protagonismo" de las localidades en la gestión de estos fondos y reivindicar el papel "fundamental" de los ayuntamientos en la gestión de la crisis.
"El combate contra la pandemia nos ha supuesto un gran agujero financiero para costear los servicios públicos que necesitan nuestros vecinos", aseguraron en el comunicado tras salir de la reunión. Por su parte, el alcalde de València solicitó "el reconocimiento del protagonismo que las entidades locales han de tener en la gestión directa de fondos de la Unión Europea para la reconstrucción", y señaló que los tres puntos clave descritos "son reivindicaciones básicas de todos los ayuntamientos del Estado español, por encima de cualquier tipo de ideología". Los consistorios solicitaron una reunión urgente a Montero para acordar una solución a estas cuestiones.
Otra parte de la actualidad financiera local en València ciudad tuvo que ver este lunes con la deuda de La Marina. La comisión de Hacienda debatía una propuesta del PP para instar al Gobierno de España a que asumiera toda la deuda del Consorcio València 2007. Por ahora, el Gobierno central ya ha asumido en los PGE de 2021 la parte de la deuda asociada al crédito del ICO -390 millones de euros-, así como el dinero que se adeudaba al Puerto de Valencia por la reposición de las obras de la Copa de América -16,9 millones de euros en 2021 y los 12,1 restantes, en 2022-.
No obstante, queda una tercera fracción de la deuda, referente al derivado financiero que el Consorcio contrató con el Banco Santander para cubrir el riesgo del crédito del ICO. La entidad bancaria traspasó el derecho a un fondo oportunista norteamericano, TCA Taconic, con quien negocian los tres consorciados -Gobierno central, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de València- . En principio, esta deuda asciende a 69 millones de euros -teniendo en cuenta intereses-, pero todo indica a que finalmente sólo se pagarán 60 millones: 24 el Gobierno -ya ha presupuestado la mitad en 2021-, 24 la Generalitat y 12 el Ayuntamiento.
Precisamente esta parte restante es la que se quería que asumiera también el Estado. "Como defendimos en su día, se considera necesario el compromiso del Ejecutivo de asumir dicha deuda para que de esta manera se enmiende la discriminación financiera que sufrió el Consorcio cuando el Ejecutivo Central en 2005 decidió no asumir la financiación de la America’s Cup, suponiendo un agravio comparativo respecto a otros eventos" como los Juegos Olímpicos 92 o la Expo de Sevilla, rezaba la moción presentada por la portavoz popular, María José Català, y la edil Paula Llobet.
Sin embargo, el PP denunció este lunes el rechazo de esta moción por parte del Ejecutivo local. Fuentes populares criticaron en este sentido la "incoherencia" de parte del gobierno local, Compromís, dado que la coalición valencianista presentó una enmienda en su momento a los PGE con esta misma finalidad. De hecho, en aquella enmienda, el senador de Compromís Carles Mulet pedía exactamente esto, que el Gobierno de España se hiciera cargo de la totalidad de la deuda del organismo.
