Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El nombramiento de los tribunales del concurso-oposición de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización del Ayuntamiento de València ha despertado cierto revuelo entre buena parte de los sindicatos. Tanto, que UGT, CSIF y el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) piden su suspensión porque, dicen, el consistorio ha actuado con "premura" a las puertas de unas elecciones municipales del pasado 28 de mayo.
El dilema es el siguiente: la concejalía de Gestión de Recursos que dirige Lluïsa Notario convocó la Mesa General de Negociación el pasado 4 de mayo. Una cita en la que trasladó a todos los sindicatos -entre ellos los que piden la suspensión del proceso- su intención de comenzar a constituir los tribunales de las oposiciones por concurso-oposición para agilizar los proceso de estabilización de interinos.
No en vano, estas oposiciones buscan reducir la temporalidad en la administración a raíz de una sentencia europea y la ley marca unos plazos para publicar y resolver las convocatorias. Con la cita electoral a la vuelta de la esquina, la concejalía de Personal decidió dejar el proceso lo más avanzado posible para que si había cambio de gobierno o cambiaba la concejal del ramo, el proceso no se viera afectado ni se pospusiera más allá de verano, según explican desde el Ayuntamiento.
Después de dar traslado a los sindicatos de estos planes, la edil instó a las organizaciones sindicales a que se citaran otro día para dedicarse exclusivamente a la realización de los sorteos de los tribunales. ¿El motivo? Debían constituirse mediante esta fórmula todas las vocalías de un total de 35 tribunales; un procedimiento largo que prefirieron dejar para otro día, pues la Mesa General debía debatir más cuestiones que tenían pendientes. De esta manera, se citó a los sindicatos el pasado 25 de mayo para proceder al sorteo; a este encuentro asistieron la jefa de servicio de personal y el coordinador del área, Ferran Puchades.
Ahora bien, después de las elecciones municipales los sindicatos han pedido suspender el proceso. Critican en un comunicado que se hayan constituido los tribunales antes de que la convocatoria del concuso-oposición de la OPE de estabilización se hubiera publicado. Un orden de factores que, sostienen, "nunca" antes había ocurrido.
Pero más allá de esto, fuentes sindicales apuntan a que el problema surge por la designación de los presidentes de tribunal de oposiciones, que para los procesos selectivos municipales se realiza por libre designación. Es decir, a dedo entre el personal fijo de la corporación (normalmente jefes de servicio), y no por sorteo. Razón que ha motivado las suspicacias de UGT, CSIF y SPPLB, y la petición de paralización.
Desde la corporación local, sin embargo, rebaten esta crítica alegando que hasta 2015 los tribunales se constituían al completo a dedo; desde presidentes, hasta vocales, y fueron Compromís y PSPV quienes lo cambiaron. Ahora, los vocales son elegidos por sorteo, mientras los presidentes los designa la Concejalía de Personal entre los jefes de servicio (funcionarios) del departamento en cuestión sobre el que se hayan sacado las plazas. Por ejemplo, el jefe de servicio de Arquitectura sería el presidente de una oposición de arquitectura.
Pese a todo, los sindicatos creen que ha habido "premura" porque se eligió a los tribunales antes de convocarse las oposiciones en el BOE, "donde se puedan dar motivos de recusación o causas de abstención posterior debido a que ni siquiera se sabe qué aspirantes se presentarán a dichos procesos", señala el comunicado.
Desde el equipo municipal, insisten en que los sindicatos sabían antes de las elecciones que se quería constituir los tribunales para cumplir con los plazos legales porque así se lo trasladaron desde la concejalía del ramo y "ninguno se opuso", por lo que ahora cuestionan que el cambio de criterio se produzca después de las elecciones tras las que habrá un cambio de gobierno y se preguntan cuál es el objetivo de intentar suspender la designación del tribunal.
Por su parte, los sindicatos añaden que la concejalía de Gestión de Recursos debería haber esperado a que se resolviera la convocatoria de méritos de la OPE extraordinaria, dado que esta permitirá que 655 interinos consoliden como funcionarios de carrera y, por tanto, habría una mayor cantidad de personas entre las que elegir para figurar como presidentes de tribunal.
En el escrito, UGT, CSIF y SPPLB también deslizan que el PP, que gobernará en el consistorio los próximos cuatro años, podría revertir la elección de los tribunales acometida por los gestores actuales. "El resultado de las elecciones muy probablemente conllevará una reorganización municipal, donde la Corporación entrante adaptará la organización a su programa de gobierno, revisando todas las actuaciones puestas en marcha por el gobierno cesado y que deban ejecutarse por el gobierno entrante", razonan.
"Es por lo que, con el fin de evitar expedientes innecesarios y que los tribunales de los procesos de consolidación por concurso oposición nazcan desde la suspicacia o la desconfianza por el momento en que se han realizado, y con anterioridad a su publicación, los sindicatos abajo firmantes hemos solicitado la suspensión del nombramiento de los mismos hasta la constitución del nuevo gobierno municipal y la inmediata Mesa General de Negociación que se convoque al efecto", concluyen UGT, CSIF y SPPLB.
El Ayuntamiento de València se encuentra ahora mismo resolviendo la convocatoria de méritos de la OPE extraordinaria que busca reducir la temporalidad en la administración en la que hay convocadas un total de 655 plazas. Para estos puestos, los interinos aspirantes no tienen que presentarse a ningún examen, sino que simplemente se les barema la experiencia profesional que acumulan para determinar si finalmente logran consolidar una plaza como funcionarios de carrera. Al proceso se han presentado casi 10.000 personas.
De forma paralela, la semana pasada el BOE publicó la convocatoria del concurso-oposición de esta misma OPE, para las que hay reservadas 559 plazas que contemplan 35 categorías diferentes. En este caso, los aspirantes deben enfrentarse a un examen que, si bien no tiene carácter eliminatorio, sí debe sacarse una puntuación mínima de 15 puntos para considerarse que se ha superado para, a continuación, puntuarles la experiencia acumulada en la administración.
Respecto a la primera convocatoria, los tribunales ya fueron constituidos hace semanas, pues el proceso lleva en marcha desde hace meses. Mientras el nombramiento de los tribunales del segundo proceso es el que ha despertado polémica. La resolución por la que se aprobó la convocatoria del segundo proceso es del 15 de mayo. Esta se remitió al BOE tres días después y fue publicada el 31 de mayo en el Boletín Oficial del Estado, por la que se abría el plazo de presentación de instancias por un periodo de un mes.
A ambas oposiciones se podían presentar personal de la Administración de la Generalitat. Es decir, que no estaban limitada a aquellos temporales que hubieran desarrollado su carrera en el ámbito municipal, si no que se podrían presentar desde funcionarios de carrera de otras administraciones cuya intención es mejorar su posición dentro del empleo público, hasta interinos que buscan consolidar su puesto. La experiencia, en ambos casos, se tendría en cuenta de la misma manera tras haber modificado las bases la Junta de Gobierno Local para que estas no fueran discriminatorias, como ya avanzó este diario.
De acuerdo a la normativa estatal, el Ayuntamiento de València convocó las plazas ocupadas por interinos de larga duración -desde antes de 2016-, por el proceso de concurso, donde el 60% de los puntos corresponderá a méritos profesionales, y el resto -40%-, a méritos académicos, como el conocimiento de valenciano hasta 15 puntos, la formación, hasta 28, oposiciones aprobadas previamente, hasta 15, y otras titulaciones, otros 5.
Aquellas plazas de interinos ocupadas ininterrumpidamente durante los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, dice la ley estatal, debían convocarse por el método del concurso-oposición. De estas, ya se sabe que el examen contará el 60% de los puntos finales y esta fase "no tendrá carácter eliminatorio", aunque hará falta una puntuación mínima de 15 puntos para considerar que se ha superado.
Según las bases, para las plazas de grupo A se hará un único ejercicio con dos partes: un tipo test (80 preguntas en 100 minutos para el subgrupo A1; 60 preguntas en 80 minutos para el A2) y un caso práctico de 20 preguntas tipo test. Cada parte supondrá la mitad de la nota y en ninguna de las dos restarán los fallos.
En el caso de los grupos B, C y AP se llevará a cabo sólo un examen tipo test (50 preguntas en 70 minutos para el grupo B; 40 preguntas en una hora para el C1; 30 preguntas en 50 minutos para el C2; y 20 cuestiones en 40 minutos para las Agrupaciones Profesionales), donde tampoco restarán los fallos.
Todo ello en la fase de la oposición. Pero el restante 40% de la puntuación, dependerá del concurso. Aquí, se podrán conseguir hasta 36 puntos por méritos profesionales y hasta 4 puntos por méritos académicos (hasta 2 por el valenciano, hasta 3 por formación y hasta 2 por oposiciones superadas previamente).
