Las solares persisten en las partidas de Alicante: Prosolia y Powertis suman 15 MW en dos plantas

ALICANTE. El sector de las renovables mantiene el foco en las partidas rurales de Alicante con el impulso de nuevos trámites para el desarrollo de varios proyectos de huertos solares que permanecen pendientes de autorización definitiva. Ese es el caso de dos propuestas promovidas por Prosolia y por Powertis con los que pretenden generar 5 y 9,8 megavatios de potencia con la instalación de dos primeras plantas en Fontcalent y La Alcoraya, respectivamente.

Por partes. En primer término, la empresa con sede en Alicante (aunque desarrollada en Francia), Prosolia Energy, da otro paso en la tramitación de permisos para la construcción de un primer parque solar en la partida de Fontcalent, al noroeste del término municipal de Alicante. El proyecto, al que se distingue con la denominación de ISF Desaener, tendrá capacidad para producir 5 megavatios de potencia con la intención de distribuirlos en el mercado energético, según se detalla en la solicitud de autorización sobre su infraestructura de evacuación que ahora permanece en exposición al público para la presentación de alegaciones.

En concreto, la propuesta plantea la construcción de un huerto solar sobre un total de diez parcelas de suelo rústico de dicha partida rural en el que se prevé la instalación de 9.240 módulos fotovoltaicos montados directamente sobre suelo. Se trata de un proyecto que se complementa con otra propuesta de parque solar, también a iniciativa de Prosolia, capaz de generar una potencia mayor, de 13 megavatios, identificada como Fontcalent, y con su subestación, bajo la denominación de Castellet, que también se encuentran ahora en fase de tramitación. De hecho, ambas plantas compartirían la infraestructura de evacuación mediante una línea eléctrica de uso común, según se detalla en la solicitud ahora expuesta al público.

Por lo pronto, las instalaciones de ISF Desaener ya cuenta con informe favorable de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en el que se resuelve la continuación del procedimiento al no apreciarse que la construcción del huerto solar conlleve efectos significativos sobre el medio ambiente que requieran su sometimiento a un procedimiento de evaluación ambiental.

Como informó este diario, la compañía acaba de crear varias filiales controladas directamente por la rama francesa de generación eléctrica y domiciliadas en Alicante, ideadas expresamente para impulsar plantas fotovoltaicas. Esas tres sociedades son Prosolia Generation Spain 2 SL, Prosolia Generation Spain 3 SL y Prosolia Generation Spain 4 SL. Las tres firmas, domiciliadas en la sede de la compañía en el polígono del Pla de la Vallonga, están participadas íntegramente por la francesa Prosolia Generation France SAS, que además ha sido nombrada administrador único de las nuevas filiales.

Entre Alicante y San Vicente del Raspeig

En segundo lugar, la compañía con sede social en Madrid, Powertis, también avanza en la solicitud de autorización para la construcción de otro parque solar en terrenos comprendidos entre la partida alicantina de La Alcoraya y el vecino municipio de San Vicente del Raspeig, identificado como FV La Alcoraya II. En este caso, se trata de un proyecto que aspira a generar 9,8 megavatios de potencia, mediante la instalación de 17.940 módulos fotovoltaicos en el que se contempla una inversión de 5,3 millones, como ya había anticipado este diario.

Como en el caso de la planta precedente, Powertis también cuenta ya con una primera resolución favorable por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, desde septiembre de 2022, en la que se autorizaba la continuación del procedimiento de tramitación "al no apreciarse efectos significativos sobre el medio  ambiente que requieran su sometimiento a un procedimiento de evaluación ambiental". De ahí que se vuelva a acordar ahora un nuevo trámite de información pública para la presentación de alegaciones con el detalle de las 35 parcelas que se verían afectadas por su instalación.

Por el momento, las propuestas de Prosolia y de Powertis tendrían un recorrido distinto al proyecto promovido por Besolar Energy SL (una filial de la suiza EBL, también sobre terrenos de la misma partida rural de Fontcalent, cuyo desarrollo ha quedado desestimado por la Dirección General de Energía y Minas, adscrita a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. 

En concreto, Energía y Minas ratificó el pasado octubre que la construcción de esa planta conllevaría la generación de riesgo de impacto sobre suelo forestal, como se había apuntado en el informe evacuado por la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental a finales de 2022. Con esa decisión, Besolar Energy todavía tendría a su alcance la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa con el propósito de defender la viabilidad de su proyecto.

En todo caso, las propuestas de Prosolia y de Powertis podrían quedar expuestas al acuerdo de suspensión de licencias para la instalación de plantas solares aprobado provisionalmente por el pleno del ayuntamiento en julio de 2022, con los votos de Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs), Unides Podem EU y Compromís. En concreto, la propuesta, con una duración de dos años, afectaría a los proyectos planteados sobre suelo no urbanizable común, que queden recogidas en la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià como de alta y muy alta capacidad agrológica, o en aquellas que, siendo su capacidad moderada, el Ayuntamiento justifique mediante acuerdo plenario la necesidad de aplicar un régimen de protección agrícola.

De igual modo, también se preveía la suspensión de licencias si el ayuntamiento justificaba mediante informe que los proyectos de huertos solares podían suponer la posible degradación del entorno paisajístico próximo a usos residenciales o de alto valor de relevancia local. El equipo de gobierno (entonces compuesto por PP y Cs) justificó la adopción de la medida ante la necesidad de regular la instalación de parques solares, a través de una modificación del PGOU, para aportar seguridad jurídica a las empresas sobre los emplazamientos concretos en los que se puede desarrollar este tipo de proyectos. Con todo, lo cierto es que, hasta ahora, no han trascendido avances en esa planificación.