VALENCIA, (EP). El Informe de Auditorías de la Intervención General de la Generalitat correspondiente a 2014 revela que las 35 entidades, empresas y fundaciones del sector público valenciano analizadas incurrieron en 2014 en algún incumplimiento de la legalidad.
Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano, donde ha explicado que se ha revisado la actividad económico-financiera de cuatro entidades autónomas de carácter mercantil, 11 entidades de derecho público, ocho sociedades mercantiles y 12 fundaciones públicas.
Según ha dicho, el informe pone de relieve un gran número de salvedades y limitaciones en la actuación de los entes públicos, desde el fraccionamiento de los contratos para eludir principios básicos como la concurrencia y la publicidad, el recurso a un mismo proveedor en varias sociedades públicas, el abuso en el procedimiento negociado sin publicidad, la declaración de urgencia motivada de manera insuficiente, la opacidad al no comunicar las adjudicaciones al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat o anomalías en las contrataciones y en el pago de las retribuciones del personal.
Oltra ha señalado en relación al capítulo de personal que en 29 de los 35 entes (todos salvo el Instituto Valenciano de Finanzas, la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, RTVV, Instituto Cartográfico y la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria) no solicitaron, no obtuvieron o no consta la autorización de la masa salarial para 2014, que corresponde legalmente a la Dirección General de Presupuestos.
Además, en cuatro entidades (IVACE, IVAS, EIGE y FISABIO) existe disparidad de condiciones laborales del personal (hay varios convenios colectivos de aplicación simultánea, y en nueve entidades no se dispuso de autorización para la contratación de personal temporal, el IVAS, CulturArts, Misteri Elx, Vaersa, Incliva, Fundación de la Fe, Fundación Región Europea, Palau de les Arts y Fisabio.
Asimismo, ocho entidades superaron el límite presupuestario para los gastos de personal: CulturArts, EIGE, Ciegsa, Incliva, F. de la Fe, Agroalimed, Feports y Fisabio. En el caso de La Luz de las Imágenes, la retribución del personal directivo superó el límite establecido en la Ley de Presupuestos, mientras que se han abonado excesivos importes en concepto de kilometraje, dietas e indemnizaciones, como en el caso del Palau de les Arts.
La vicepresidenta ha señalado, en este sentido, que se trata de una cuestión "de suma gravedad" porque se pagaban y se incrementaban los salarios "sin el visto bueno de la Dirección General de Presupuestos" y ha apuntado la posibilidad de trasladar estos casos al Tribunal de Cuentas para iniciar un procedimiento de alcance.
Preguntada sobre si se plantea el Consell la posibilidad de recurrir a la vía judicial, ha indicado que es la Abogacía de la Generalitat la que está estudiando el informe y será la que decida si esta es o no una opción. En caso afirmativo, se pondrá a disposición de la Fiscalía el documento.
No obstante, Oltra ha incidido en que más allá de las consecuencias jurídicas, "al final lo que queremos es recuperar el dinero" y que las cantidades que se han "desviado de manera irregular" vuelvan a las arcas públicas.
Respecto a si se ha contabilizado el importe total que podrían alcanzar esas irregularidades, ha precisado que no consta una cifra global, pero ha precisado que sí está contabilizado a cierre de 2014 el montante global de las retribuciones no autorizadas, que asciende a 93.000 euros.
Por otra parte, ha destacado que el auditor deniega emitir opinión de las cuentas de 2014 en tres entidades: Aerocas, Proyectos Temáticos (SPTCV) y Ciudad de la Luz. En el caso del aeropuerto, la decisión no viene motivada por las cuentas en sí mismas, sino que la lo justifica al no haber aportado los anteriores gestores del Consell un informe sobre el beneficio social o la rentabilidad potencial de la infraestructura.
La revisión señala que, al cierre de 2014, figura en el inmovilizado material el coste de las obras de construcción del aeropuerto, que asciende a 176,37 millones de euros.
En cuanto a la SPTCV, entre las causas figura la propia situación de sus filiales (Aerocas y Ciudad de la Luz, esta última en proceso de subasta), las incertidumbres de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las expropiaciones que se llevaron a cabo en Ciudad de la Luz y los 25,9 millones destinados a proyectos sobre los que no se ha realizado inversión alguna en años anteriores, como es el caso del Centro de Convenciones de Castellón o la Ciudad de las Lenguas.
Según Oltra, esta revisión es una prueba de la necesidad de una Ley del Sector Público Valenciano "que ponga orden en los organismos y empresas públicos al tiempo que establezca mejoras en el control y en la transparencia".
Ha señalado que hasta que la nueva legislación vea la luz la Conselleria de Hacienda dictará una "normativa de transición" con la finalidad de avanzar en esas mejoras en la gestión y en la transparencia.
Preguntada por el plazo para la entrada en vigor de la nueva ley, ha dicho que se trabaja con la perspectiva de que el proyecto de ley esté listo este año, aunque ha indicado que su aprobación y entrada en vigor dependerá de la duración del trámite parlamentario.
