El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano. Foto: ESTRELLA JOVEREl Tribunal Superior de Justicia valenciano ratifica la anulación de un decreto por el que Aarón Cano ocupó una jefatura de sección sin la requerida publicidad.
VALÈNCIA. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado la anulación de un decreto de la Diputación de Valencia por el que se situó al actual concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento al frente de una jefatura de sección mediante comisión de servicios. La sentencia confirma otra dictada por un juzgado en 2019, sobre la cual la corporación provincial presentó un recurso que ahora ha sido desestimado.
El origen del procedimiento fue una denuncia de Intersindical. En ella explicaban que Aarón Cano encadenó varias comisiones de servicios entre 2015 y 2017 según las resoluciones firmadas por el entonces presidente de la Diputación Jorge Rodríguez. En ese momento era funcionario del consistorio. La primera fue en noviembre de 2015 para la jefatura de sección de Investigación y Difusión del Patrimonio por un año de duración al considerar que era la persona idónea para el puesto, tal como consta en el decreto. La segunda fue en noviembre de 2016, cuando se le prorrogó la comisión de servicios tras ser de nuevo concedida por el Ayuntamiento de València al darse las mismas circunstancias. Su sueldo anual, remarcaba el sindicato, fue de 58.777 euros.
De acuerdo con la ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública, sólo se puede hacer uso de este mecanismo de cobertura temporal de puestos de trabajo vacantes durante un máximo de dos años. Sin embargo, en diciembre de 2017 llegó una tercera resolución del presidente de la Diputación para que siguiera en la corporación, pero esta vez en otro lugar. También en comisión de servicios, se le nombró jefe de sección de Gestión de Programas durante un año. Este decreto es el que acabó siendo denunciado por Intersindical, que considera que esa plaza fue creada para él en un pleno de un mes antes y en la que pasó a cobrar 56.220 euros anuales.
El puesto dependía orgánicamente de José Luis Aragón, quien fue jefe de Gabinete del exdiputado del PSPV José Ruiz, responsable del área de Personal de la corporación la pasada legislatura y vinculado de la corriente del ministro José Luis Ábalos. Motivo por el que Intersindical opina que Cano se dedicó realmente a trabajar para los socialistas. Se da la circunstancia de que el primero fue elegido consejero de Divalterra en mitad de toda la crisis por el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos. Un nombramiento que fue, al igual que otros, polémico, puesto que el actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar, colocó a afines al PSPV para controlar la empresa pública.
En febrero de 2018, el sindicato interpuso un recurso de reposición –es decir, en vía administrativa– ante la última resolución de Jorge Rodríguez. Pero, aseguran, la maniobra fue "cambiarlo de plaza y número para que pasara desapercibido y todo siguiera igual". Decidieron acudir entonces a la vía judicial, en la que denunciaron la correlación de decretos con el objetivo de mantener a Cano en la Diputación de forma, entendían, ilegal.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia anuló la última resolución del presidente de la corporación porque, concluyó, no existió el requerido principio de publicidad para la cobertura o nombramiento de un funcionario en comisión de servicios. La sentencia, sin embargo, no tuvo efectos reales más allá de esta cuestión porque un nuevo decreto, ya de diciembre de 2018 –previo al juicio– y firmado por Toni Gaspar, nombró a Cano asesor técnico del grupo socialista (nuevamente en comisión de servicios) a dedo. El periodo en esta ocasión fue de seis meses, los que quedaban hasta las elecciones municipales de 2019, cuando ya salió elegido concejal del Ayuntamiento de València.
Los servicios jurídicos de la corporación recurrieron esta sentencia y argumentaron que todo fue ajustado a derecho. Así, esgrimieron el Acuerdo de Condiciones de Trabajo de los funcionarios de la Diputación, en el que consta que la exigencia de convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo se reduce a los de carácter definitivo.
El TSJCV, sin embargo, ha ratificado la resolución del juzgado y opina que ese acuerdo no puede situarse por encima de la ley de Función Pública autonómica, que es la que prevalece al no existir regulación sobre los nombramientos en comisión de servicios. En ella se indica que la administración ha de motivar la necesidad de cubrir el puesto vacante mediante este mecanismo y que la persona que lo ocupe cumpla con los requisitos. En cuanto a los principios generales del Estatuto Básico del Empleado Público (igualdad, mérito, capacidad y publicidad), sostiene que, al menos, habría de darse el último en estos casos. La Sala afea a la Diputación, en este sentido, que prescindiera de esa exigencia como garantía de transparencia, para la cual no hay "ninguna salvedad".
Desde el entorno de Aarón Cano evitan valorar las sentencias y destacan que Intersindical únicamente denunció la comisión de servicios que le afectaba a él. Además, aseguran que la provisión de la plaza sí se sacó a concurso y que se presentó él junto a varias personas más. "No se ha cometido ningún ilícito, sino una cuestión administrativa que se resolvió con posterioridad sin ningún tipo de dolo para la Administración. Tampoco ha tenido efecto legal", añaden.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Rocio Gil, ha criticado que "Rodríguez dejó una herencia envenenada que, por desgracia, va más allá de Divalterra". En este sentido, se ha preguntado "cuántas comisiones de servicios más se han podido hacer a afines del PSPV, por qué no se le dio publicidad a la comisión de servicio del señor Cano y por qué, casualmente, se fueron prorrogando comisiones de servicio hasta que el señor Cano fue en las listas del PSPV al Ayuntamiento de València".
Además, ha señalado que "con sus antecedentes en Divalterra, no nos sorprende que Jorge Rodríguez usara la Diputación de Valencia para colocar a afines, pero llama la atención que el señor Gaspar, después de que ya existiera una resolución judicial contraria, vuelva a nombrar al señor Cano en una comisión de servicios" . "Si tanto interés tenía en que trabajara para el grupo socialista, podría haber cubierto una de sus plazas de asesores con su nombramiento desde el primer momento", ha advertido, al tiempo que ha lamentado que "se utilice la diputación para colocar a afines".
