Foto: UVVALÈNCIA (EP). La Federación de Serveis Públics de UGT- PV ha exigido al Gobierno valenciano la aplicación "con carácter inmediato" del convenio de las fundaciones públicas e institutos de investigación sanitaria de la Comunitat Valenciana cuyo preacuerdo fue firmado el pasado 8 de mayo y que, "seis meses después, continúa sin publicarse a expensas del informe de la Conselleria de Hacienda".
El sindicato recalca que "el retraso en la publicación del convenio está afectando a los más de 1.200 investigadores e investigadoras de estos centros públicos, personal que históricamente sufre unas condiciones laborales de gran precariedad".
Además, advierte la organización, "de la inestabilidad laboral, se producen escandalosas diferencias salariales entre profesionales de similar categoría y cualificación, diferencias salariales que se mueven entre los 500 y 700 euros de media al mes".
Y avisan que "el bloqueo, además, está provocando un clima de tensión que podría llegar a alterar la paz social de un colectivo ya de por si muy mermado por la falta de atención y respuesta a sus necesidades por parte de la Administración valenciana".
UGT recuerda que el convenio suscrito la pasada legislatura por la Conselleria de Sanidad y las seis fundaciones e instituciones afectadas --las fundaciones de investigación de La Fe, el Hospital General de València y el Provincial de Castelló; Fisabio, Incliva e Isabial-- recogía la homologación salarial de este personal respecto al personal estatutario en cumplimiento de la nueva Ley de Ciencia sobre contratación indefinida y condiciones laborales y retributivas.
La negociaciones arrancaron el 7 de septiembre de 2022 con la constitución de la mesa negociadora del primer Convenio de las fundaciones e institutos de investigación sanitaria, un diálogo que culminó con la firma del preacuerdo de convenido el 8 de mayo de 2023.
A partir de ese momento, apunta UGT, el personal de las fundaciones e institutos de investigación valencianos siguen a la espera de la aplicación de dicho convenio y, por ende, del cumplimiento de los preceptos de la Ley.
Estas actuaciones administrativas "solventarían muchos de los problemas actuales y generaría un clima de seguridad y bienestar laboral que, además, otorgaría el merecido reconocimiento del trabajo de estos profesionales que tanto contribuyen a la mejora de la salud de la sociedad", sostiene la federación.
Añade que este personal (de apoyo, técnico, asistencial, investigador, etc.) trabajaba en líneas y proyectos punteros de investigación sanitaria, como es la covid o la lucha contra el cáncer.
Un trabajo que sólo desde las condiciones laborales dignas puede dar los frutos necesarios para convertir a la Comunitat Valenciana en una sociedad avanzada en el ámbito de la salud y el bienestar de la ciudadanía.
Por esto, UGT, como "miembro mayoritario de la mesa de Negociación del convenio de las fundaciones públicas e Institutos de Investigación sanitaria de la Comunitat Valenciana", exige al Gobierno valenciano "que cumpla con la publicación del convenio".
