Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La sesión de este martes sobre la financiación de las campañas del PP para las elecciones de 2007 y 2011 dentro del caso Taula se centró en las declaraciones de testigos vinculados a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau. En su momento, el juez instructor consideró a que su exgerente, José Salinas, consintió contratos "de vago contenido prestacional y una significada onerosidad". Se refería a Laterne, la agencia de comunicación de la que se habría servido el grupo municipal popular para sufragar de manera irregular los gastos de los comicios de 2007. La investigación apuntó a que no tenía actividad real y que se habría dedicado a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento por trabajos que parecen ser simulados.
En la fase de instrucción, se trató de averiguar quién propuso la contratación de Laterne con Turismo Valencia, quién aprobó los pagos y qué trabajo se realizó con esa agencia (con la que se suscribió un contrato de 600.000 euros). También hubo varios testimonios que cuestionaron diversas prácticas dentro de la Fundación, al frente de la cual estuvo el vicealcalde de la ciudad Alfonso Grau. Desde destrucción de documentos hasta ausencia de contratos. Este martes se ratificaron ante del tribunal de la Audiencia de Valencia que juzga estos hechos.
El que fuera subdirector de Turismo Valencia, cuestionado por si había contrato con Laterne y justificación del pago a la empresa, explicó que preguntó a los trabajadores que continuaban cuando él entró (2016), pero no se encontró ningún respaldo documental de los trabajos realizadas. Tras varias indagaciones y después de instalar el sistema informático, comentó que aparecieron tres transferencias a Laterne –que constaba en 2006 de alta como proveedora– de años anteriores a su estancia en la Fundación.
"A mí se me transmitía que no se comprobaba nada. Se recibían órdenes y se ejecutaban con instrucciones de 'esto hay que pagarlo'. Y se pagaba. Pero no se hacía comprobación material de entrega o de prestación de servicio", afirmó.
También destacó que se destruyó mucha documentación entre mayo-junio de 2015 –información jurídica, contable, administrativa y folletos de publicidad– y que nada se hacía sin autorización de los directivos (uno de los cuales era Salinas). "Hubo un borrado masivo de información operativa de gestión y también históricos del sistema de gestión interna. Al ir al histórico, debería verse la contratación con Laterne, quién lo ha promovido o autorizado. Pero esto no estaba. Estaba destruido. Llamé a la empresas de mantenimiento informático", añadió. Aunque no sirvió de nada.
Le dieron un disco duro, pero no la información que pedía porque "probablemente se borró accidentalmente". "Nadie sabía por qué había habido una desaparición masiva de datos del disco duro", remarcó.
Otro testigo, responsable de la aplicación informática interna de la Fundación y que colaboró con los investigadores en la recuperación de información, aseguró que una directiva de Turismo Valencia le pidió un borrado de datos masivo desde el 2009 hasta la actualidad. No le extrañó que un cliente se lo solicitara porque no es algo "anormal".
Una exdirectiva de la Fundación también afirmó que le pidieron el borrado de datos. Una orden que le dio la subdirectora, aunque entiende que la dio el director.
Por su parte, una extrabajadora de Turismo Valencia indicó que nunca ha visto contratos relacionados con Laterne, que contratos "no se han destruido" y que no tiene constancia de que se realizaran trabajos sin contrato.
