Un juzgado investiga a Ribó, denunciado por el PP por no facilitar el expediente de la encuesta fallera

VALÈNCIA. (Agencias). El alcalde de València, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado por un juzgado de esta ciudad tras haber sido denunciado por el grupo municipal popular por negar información a la oposición sobre una polémica encuesta sociológica hecha en 2017 al mundo fallero que incluía preguntas sobre intención de voto y creencias religiosas.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, Ribó, de Compromís, tendrá que declarar por delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos el próximo día 25 ante el Juzgado de Instrucción número 9 de València.

La investigación comenzó con la denuncia interpuesta por un asesor del grupo popular en el Ayuntamiento contra el alcalde por negarle el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017.

La declaración del alcalde es la primera diligencia acordada por el instructor en el marco de una investigación abierta para determinar si los hechos expuestos en la denuncia interpuesta por el asesor popular son constitutivos de delito.

Esa encuesta llevada a cabo sobre el mundo fallero generó el año pasado numerosas críticas desde la oposición hacia el equipo de gobierno (formado por Compromís, el PSPV y València en Comú), que denunciaban el contenido de algunas de las preguntas que se hacían en ella.

El pasado mes de marzo, el grupo popular ya denunció ante los medios que Ribó utilizaba recursos públicos para recurrir el fallo de la Agencia Española de Protección de Datos por infracción muy grave al encuestar a los falleros sin autorización sobre su ideología política, sentimiento nacional o creencias religiosas. 

Ribó "mentía deliberadamente cuando negaba a los concejales del grupo popular el acceso a la información", que llevan reclamando desde 2017, "arguyendo que no se trataba de un expediente municipal", según dijo entonces el portavoz del grupo municipal, Eusebio Monzó. 

El Ayuntamiento presentó los resultados de la encuesta el pasado 1 de agosto y en ella se aseguraba, entre otras conclusiones, que el mayor problema para el fallero era la convivencia vecinal y que aunque su tendencia política es sobre todo de izquierdas, votaría antes al PP que al tripartito actual (Compromís, PSPV y València en Comú).

El estudio se hizo con 963 entrevistas a falleros de ambos sexos mayores de 18 años y residentes en València entre mayo y junio de 2017 y cuyo coste no pudo concretar en la rueda de prensa de presentación el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, también de Compromís.

Ante las críticas de la oposición a esa encuesta, encargada tras la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Joan Ribó aseguró entonces que las preguntas eran "absolutamente razonables" y que la polémica se trataba de "una tormenta en un vaso de agua". 

El equipo de Ribó señala que la denuncia al alcalde es por un asunto administrativo ya resuelto

La denuncia interpuesta por un asesor del PP en el Ayuntamiento de València al alcalde, Joan Ribó, por la que deberá declarar como investigado, obedece a un tema administrativo que ya está resuelto, en concreto, el 9 de marzo de 2017 cuando se dio acceso al grupo municipal 'popular' a la información que reclamaba, tres meses antes de que el asesor llevara el asunto al juzgado, según han asegurado fuentes municipales.

Las mismas fuentes subrayan que no se trata de un caso de corrupción y no creen que sea "una casualidad" que se haya conocido la investigación al primer edil el mismo día en que se ha hecho pública la nueva sentencia del caso Gürtel.

Desde el consistorio se han hecho estas declaraciones después de que el Juzgado de Instrucción número 9 de València haya abierto diligencias previas y citado a declarar en calidad de investigado a Ribó, tras recibir una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba, en concreto, por no facilitarle el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

Sin embargo, según fuentes municipales, esta es "una más de las, al menos, 15 denuncias que, a diestro y siniestro, ha interpuesto el asesor imputado del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València contra los concejales del equipo de gobierno", en alusión a Luis Salom, investigado en el caso Taula.

Además de estas 15 denuncias, las mismas fuentes recalcan que ha interpuesto otras contra diversos consellers "e incluso las ha hecho extensivas, además de a la Fiscalía, a otras instancias como la Oficina Antifraude, el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo" y han añadido que todas ellas se han ido archivando "una tras otra" en sede judicial. Para el equipo de gobierno, estas denuncias "solo persiguen continuar ensuciando la imagen de València, instrumentalizando la justicia por puro interés partidista".

El PP señala que Ribó está siendo investigado por el despotismo y opacidad de su gestión

El edil del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València Félix Crespo ha asegurado este lunes que la investigación al alcalde Joan Ribó, denunciado por no facilitar el expediente de la encuesta fallera, es "consecuencia del despotismo y de la opacidad de su gestión" y por "vulnerar derechos de los concejales" de su grupo "como representantes democráticos de un gran número de vecinos" de la capital.

A su juicio, con esta investigación, "el mantra de las paredes de cristal que tantas veces repite se desvanece por su continua negativa a informar sobre su gestión". "Es la segunda vez que el alcalde Ribó vulnera derechos fundamentales, sucedió con la suspensión de los asesores de este grupo municipal, de la que hay una condena firme, y en este caso de la encuesta fallera, por no cumplir los requerimientos que marca la Ley en la protección especial de datos", ha indicado el edil.

En esta línea, Crespo ha insistido "la apertura de este proceso es consecuencia del despotismo y de la opacidad de su gestión y del desprecio al derecho a la información que tenemos los concejales de la oposición como representantes democráticos de los valencianos".

Crespo ha asegurado que antes de llegar a la vía penal "desde el grupo 'popular' habíamos presentado ante el Ayuntamiento un recurso de reposición y habíamos denunciado ante el Síndic de Greuges, el Consell de Transparència y el Defensor del Pueblo la negativa constante del alcalde a darnos acceso al expediente administrativo de la encuesta a los falleros".

Además, ha recordado que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una sanción "muy grave" al Ayuntamiento por vulnerar los derechos fundamentales de los falleros encuestados, a los que se les preguntaba por su ideología política. Sin embargo, según ha destacado, "esta sanción no supuso un punto de inflexión para Ribó y continuó negándonos el acceso al expediente".

Crespo ha subrayado que siguen esperando que tramiten el recurso de reposición presentado "hace más de siete meses" y al que el alcalde "está obligado a contestar por Ley en el plazo de un mes". En esta línea, ha incidido en que ha habido "pronunciamientos sobre este asunto del Síndic de Greuges, Consell de Transparència y del Defensor del Pueblo, a los que ha hecho caso omiso Ribó, en los que se apercibía al Ayuntamiento por la vulneración de los derechos de los concejales del grupo 'popular'".

"Ribó ha estado ocultando la información sobre la encuesta a los falleros sin justificación alguna, vulnerando los derechos de los concejales del grupo 'popular' de poder acceder a todos los datos de un expediente administrativo generado por el Ayuntamiento de Valencia tal y como se contempla en la Ley y en el Reglamento del Pleno," ha lamentado.