Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La tercera sesión del juicio sobre la financiación de las campañas del PP en 2007 y 2011 ha contado este jueves con las declaraciones como testigos de varios extrabajadores de la empresa Laterne. Se trata de una agencia de comunicación de la que, según los investigadores de esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula, los acusados se sirvieron para canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que creen que fueron simulados.
Una de las exempleadas ha señalado que le ordenaron cambiar varios conceptos de facturas. Lo hizo, ha dicho, Jesús Gordillo, exasesor de Alfonso Grau y el principal testigo de esta investigación, el cual este miércoles cambió totalmente su versión para eximir al que fuera vicealcalde de València y evitar hablar de cualquier irregularidad.
La declaración de la que fuera empleada de la agencia, sin embargo, ha sido muy ambigua. No ha podido concretar ni qué conceptos cambió, ni de qué facturas –sólo ha dicho que eran de clientes, no de proveedores– ni sabe si estaban relacionadas con las de la campaña del PP. "Gordillo nos decía: 'tomad las facturas y poned otro concepto'. Y lo hicimos y ya está", ha comentado.
Y aunque cree que coincidían con la actividad realizada por Laterne para el PP por la campaña electoral, tampoco ha sabido concretar a qué servicios correspondían, aunque eran por trabajos efectuados por la empresa. En todo caso, ha hecho hincapié en que Gordillo era su jefe y el encargado de toda la facturación. También en que a ella, directamente, nadie le dijo que hubiera terceras empresas que estuvieran financiando la campaña de los populares.
El fiscal le ha mostrado el libro mayor de la empresa Laterne, donde constan unos asientos contables de 2008 en los que hay ingresos de 400.000 euros. Ha respondido que esas cantidades eran anormales por la actividad que tenía la empresa. En una línea similar se ha pronunciado otra extrabajadora, que ha indicado que "en ninguna empresa es normal que se reciban estas cantidades en efectivo".
Otro testigo, ejecutivo de cuentas de Laterne, ha destacado que se gastaron más de dos millones de euros en la campaña del PP de 2007. Sin embargo, no ha aclarado "si esa cifra era el presupuesto de gasto o el total que se cobró al cliente" y ha añadido que, en cualquier caso, la diferencia sería el beneficio industrial, que oscila entre el 10 y el 15 %. Lo que supone que la cifra sería muy superior al límite legal y a los 150.000 euros declarados por el PP como gastos electorales.
