Candidatos de la lista municipal del PP de Valencia en 2007. Foto: EFE/MANUEL BRUQUEVALÈNCIA. (EFE). El grupo de empresarios que han comparecido este viernes como testigos ante el juez que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de València en las tres últimas campañas electorales no han justificado los pagos que la Guardia Civil sostiene que hicieron de forma encubierta al partido.
Según han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración de estos empresarios, todos ellos directivos de empresas que fueron adjudicatarias de servicios y obras por parte del Ayuntamiento de València, ninguno ha podido documentar esos pagos o justificarlos desde un punto de vista comercial.
Esta declaración se ha enmarcado en el conocido como caso Imelsa, en el que se analizan supuestos casos de corrupción vinculados a esta empresa pública de la Diputación de Valencia pero también relacionados con varias Administraciones Públicas controladas por el PP.
El único de los comparecientes que ha admitido haber hecho una aportación de medio millón de euros a Laterne -empresa desde la que supuestamente se encubrieron las aportaciones ilegales al PP local- ha sido el representante de la Sociedad de Agricultores de la Vega, si bien ha negado la participación del exvicealcalde, Alfonso Grau, en estas gestiones.
La UCO de la Guardia Civil sospecha que desde Laterne se estaba preparando la creación de una empresa (Product Management Council), con la participación de firmas importantes de la ciudad, para acometer iniciativas singulares o grandes proyectos.
En esta operación, los investigadores destacan el papel relevante de Grau y del abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá y actual letrado de la secretaria del grupo municipal del PP, Mari Carmen García Fuster, procesada como prácticamente la totalidad del grupo por blanqueo.
Corbín está personado en esta misma pieza como letrado de García Fuster, aunque hoy no ha acudido a las declaraciones, han informado las mismas fuentes.
El responsable de Agricultores de la Vega que este viernes ha declarado como testigo en la causa ha admitido haber colaborado con medio millón de euros para la constitución de PMC, una sociedad que, a su juicio, debía dedicarse al fomento de la ciudad.
Según ha asegurado, consideró esa aportación "a fondo perdido y no pidió nunca justificación por la misma", al tiempo que ha negado que Grau participase en las reuniones constitutivas de la citada empresa.
Este mismo empresario ha sido preguntado por dos pagos que hizo a Laterne y que justificó ante la Agencia Tributaria como gastos de márquetin, si bien ha descargado cualquier responsabilidad en su hijo y ha asegurado no saber nada de este asunto.
Otro de los testigos, directivo de Secopsa, ha indicado que era su padre, ya fallecido, quien dirigía la empresa en la época en la que se investiga; ha asegurado desconocer cualquier tipo de pago a Laterne y ha indicado que no dispone de ninguna documentación al respecto.
Ha negado, también, haber contratado a Jesús Gordillo, uno de los asesores de Alfonso Grau en el Ayuntamiento, que también trabajó para Laterne.
Gordillo ha aportado a los investigadores diversa documentación que ahora está siendo utilizada como prueba, y ha admitido haber sido "colocado" por Grau, que incluso negociaba su sueldo, según su testimonio, en Secopsa y Laterne.
Otro de los empresarios que ha derivado la supuesta responsabilidad a su padre (y también a su tío) ha sido el responsable de Pavasal, quien ha asegurado que cenaron anoche y "no hablaron del tema" por el que hoy se le ha interrogado.
Según consta en el sumario de esta causa, varias empresas adjudicatarias de contratos públicos durante la época de Barberá pagaron directamente a Laterne los actos organizados por el PP local.
"La capacidad de disponer de elevadas sumas de dinero en efectivo, unido a las aportaciones de terceras empresas, fundaciones y organismos, permitió lograr que terceros sufragasen de manera efectiva gastos propios del partido, permaneciendo estos gastos ocultos a los órganos fiscalizadores que por lógica no pueden fiscalizar lo que, como en este caso, se les oculta", expone la Guardia Civil.
Estos hechos, unidos a los ya investigados respecto de las campañas de 2011 y 2015 "establecen la posibilidad de considerar la concurrencia en los hechos investigados de un posible delito electoral continuado".
De hecho, la secretaria del partido, María del Carmen García Fuster, ya reconoció en sede judicial que "en épocas cercanas a los periodos electorales se recaudaban distintas cantidades de dinero en efectivo entre colaboradores, militantes, afiliados", si bien no quiso identificar a un "recaudador" al que la Guardia Civil pone el rostro de Grau.
