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CASO URBANISMO

El TSJ-Murcia imputa al diputado del PSPV en Les Corts Ángel Luna

VALENCIAPLAZA.COM. 18/09/2013 El instructor de la causa, Manuel Abadía, ha dejado en suspenso su declaración al tener conocimiento de su condición de aforado

MADRID (EFE). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha imputado en el caso Novo Carthago, que investiga la construcción de 3.000 viviendas en una zona protegida del litoral murciano, al diputado socialista y vicepresidente segundo de Les Corts Valencianes, Ángel Luna.

Luna había sido citado a declarar como imputado el 3 de octubre, aunque el instructor de la causa, Manuel Abadía, ha dejado en suspenso su declaración al "tener conocimiento de que ostenta la condición de diputado".

Según la resolución a la que ha tenido acceso EFE, la providencia judicial acuerda también dirigirse al secretario de Les Corts Valencianes para que expida una certificación que acredite si actualmente sigue ostentando esa condición, así como la fecha en que tomó posesión como parlamentario.

La imputación de Luna se debe a su actuación como asesor urbanista de la empresa Hansa Urbana, sociedad promotora del proyecto.

Por el contrario, el magistrado Abadía sí mantiene las citaciones para otras tres personas imputadas en la causa, entre las que se encuentra el ex concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Cartagena Agustín Guillén y la arquitecta municipal Mónica Lavia.

Igualmente, aunque en este caso en calidad de testigos, han sido citados para los días 9 y 10 del próximo mes otras cinco personas, entre las que se encuentran la profesora Francisca Baraza Martínez, ex jefa de la Demarcación de Costas del Estado, y el arquitecto Felipe Iracheta.

En el caso Novo Carthago, en el que se investigan los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias, han prestado ya declaración también como imputados el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá; el ex director general del Medio Natural Carlos Brugarola, y una ex asesora de Cerdá.

Todos ellos defendieron su actuación y señalaron haber actuado dentro de la legalidad cuando promovieron la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que permitía la aprobación del proyecto y la construcción de las viviendas y de un campo de golf, en una zona que afectaba al espacio protegido de Lo Poyo.

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