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VALENCIA. La directora general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Rosa Vidal, tiene por delante una agenda que afecta tanto a su futuro como al de la empresa que gobierna, al de la adjudicataria de los lotes de programación externalizados hace una semana y al de más de un millar de trabajadores y exempleados.

Sin ir más lejos, la primera cita es en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde se iniciará el próximo lunes 21 de octubre a las 10:00 el juicio sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que se ejecutó en la empresa hasta el 31 de agosto.

Los jueces han de establecer la legalidad del ajuste de plantilla que la empresa puso en marcha el 22 de agosto de 2012 y que ha afectado a 1.012 trabajadores, tras la repesca de 186 técnicos inicialmente afectado, sin los que la dirección, ya con Rosa Vidal como directora general, entendió que no se podía seguir emitiendo.

UN JUICIO CON DOS MALOS RESULTADOS

La resolución de este proceso, motivado por las demandas colectivas de los sindicatos Intersindical, UGT, CCOO y CGT, puede generar a la dirección de RTVV tres escenarios. El más a su favor sería el visto bueno judicial a los despidos. La sentencia significaría un espaldarazo para Rosa Vidal, a la dirección anterior y al propio Consell.

Los sindicatos deberían tomar en ese momento la decisión de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta las motivaciones que presenten los jueces y la capacidad de las cuatro organizaciones apara afrontar económicamente la prolongación del proceso. Sin embargo, hay otras dos posibilidades que traerían consigo pesadillas a los gestores.

Una alternativa es que el tribunal entienda que la reducción de personal no cumple los criterios para ser considerada como un despido colectivo y pase a calificarlos como despidos improcedentes. Este fue el resultado en el caso de TeleMadrid, que puede significar a la empresa madrileña un desembolso de unos 100 millones de euros, si la sentencia es ratificada por el Supremo.

UN TELEVISIÓN EN RIESGO DE CIERRE

El efecto que esta situación tendría en las maltrechas cuentas de RTVV sería contundente, ya que incrementaría significativamente la previsión de gasto de la empresa y, con ello, se vería comprometido el equilibrio que se había conseguido en las cuentas de la empresa tras la reestructuración mercantil y su viabilidad futura.

El peor de los casos para la continuidad de la empresa sería la anulación del ERE, que obligaría a la readmisión de los empleados despedidos. Tanto la dirección como la Generalitat han reconocido que esta situación haría inviable el actual contrato programa que rige la financiación de la empresa y llevaría a barajar el cierre de la cadena.

Además, se tendría que indemnizar a la unión temporal de empresa (UTE) formada por Endora y Videac, beneficiaria del concurso de externalización de franjas horarias de canal Nou (si se confirma la concesión de todos los lotes a esta), ahondando las pérdidas. Precisamente, la adjudicación definitiva del segundo de los tres lotes de este concurso se debe decidir el próximo jueves 24 de octubre es otra de las citas marcadas en rojo en la agenda de Rosa Vidal.

Aunque esta UTE fue la que obtuvo la mayor puntuación, sus responsables han de explicar cómo plantean sacar adelante el segundo de los lotes a un precio que la mesa de contratación calificóde "temerario", al resultar un 10% inferior a la media del propuesto por el resto de aspirantes.

MÁS AÑOS DE ESPERA EN EL COBRO DE INDEMNIZACIONES

En todo caso, fuentes conocedoras del proceso reconocen que, ante el consejo de administración del pasado lunes 14 de octubre, la dirección restó importancia al efecto a corto plazo de una sentencia contraria a sus intereses por parte del TSJCV ante el ERE, ya que prevén recurrir y aplazar cualquier efecto más de un año.

Además, fuentes jurídicas advierten que las indemnizaciones a los trabajadores no tienen porqué ser generalizadas, ya que el juez puede emitir una sentencia declarativa. De este modo, la empresa sólo estaría obligada a cumplir con el pago a los trabajadores que denunciaron su despido en los días siguientes a recibir la notificación.

Por otra partes, estos casos particulares no se empezarán a instruir hasta que se complete el proceso de la demanda colectiva e, independiente del resultado, puede traducirse en indemnizaciones e incluso en reincorporaciones más de dos años después de los despidos, si los jueces consideran que los criterios planteados en cada caso particular no han sido los correctos.