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Pérdida de cajas y bancos, de autonomía económica y financiera, degradación de la sanidad y la educación públicas y, finalmente, cierre de Radio Televisión Valenciana. Uno a uno, los grandes emblemas de la autonomía valenciana han ido desapareciendo producto de una gestión política desastrosa. Triste herencia 

VALENCIA. El cierre de la radio y televisión públicas valenciana (RTVV) anunciado ayer por el Consell de la Generalitat Valenciana, presidida por el máximo dirigente del Partido Popular, Alberto Fabra, solo puede ser calificado como una muy mala noticia para la sociedad valenciana y la certificación negativa del modelo de gestión política que ha administrado la Comunidad Valenciana durante los últimos años, regentado por el Partido Popular.

Las víctimas de este monumental fracaso político son, en primer lugar, todos los trabajadores de RTVV, que pierden su empleo y buena parte de sus expectativas personales a causa de una gestión empresarial en la que no han participado pero de la que se convierten en primeros depositarios de sus catastróficos efectos.

La presión a la que ha sido sometida la plantilla durante los dos últimos años, tanto los despedidos en el ERE ahora anulado, como los que se quedaron -no todos, ni mucho menos, 'enchufados'- ha sido un castigo inmerecido a los profesionales de la casa.

Ninguno de ellos fue responsable ni siquiera en parte de la desastrosa gestión del ente llevada a cabo por los sucesivos equipos directivos nombrados a dedo por el PP y que le condujo a unos niveles de endeudamiento y de sobredimensionamiento impropios de una gestión pública sensata y honrada cuya misión debía ser velar por los intereses generales y no por los particulares y los partidarios. De estos últimos ha habido de sobra en la historia reciente de RTVV.

OTRO SERVICIO PÚBLICO LIQUIDADO

En segundo lugar, el cierre de RTVV convierte en víctima a toda una sociedad que de un plumazo se ve privada de un servicio público de información, comunicación y entretenimiento construido y financiado durante años con los impuestos y el sacrificio de los contribuyentes valencianos.

Todos ellos, toda la sociedad, cinco millones de valencianos, han sido defraudados no solo por la pésima trayectoria política y gerencial que ha conducido al ente a unos resultados económicos insostenibles, sino también a una gestión del proceso de reestructuración que en términos coloquiales solo puede ser adjetivada de descomunal chapuza, tal y como la sentencia del TSJ puso ayer negro sobre blanco con la declaración de nulidad de un ERE mal diseñado y peor ejecutado.

Finalmente, es víctima masiva y propiciatoria de esta cadena de negligencias el sentimiento autonómico que de norte a sur y de este a oeste recorre el histórico territorio valenciano. Un mazazo a la conciencia nacional de un pueblo orgulloso de sus señas y de su historia, de su lengua y de su cultura. Las consecuencias de este contundente golpe al sentimimiento autonomista valenciano son impredecibles, pero nada bueno se puede esperar.

TODO EMPEZÓ EN LOS NOVENTA

Y no es justo ni de recibo, como ya se pudo escuchar ayer en determinados sectores de la actual Administración autonómica, achacar ahora la responsabilidad de lo ocurrido a los tribunales de justicia. Y ni tan siquiera a la todavía directora del ente, o a áreas concretas de la Administración, vicepresidencia incluida. Todos ellos son responsables, sí, pero la situación catastrófica de RTVV viene arrastrándose de muchos años atrás, de cuando tras sus balbuceantes momentos iniciales como verdadero servicio público pasó a ser utilizada a partir de la segunda mitad de la década de los noventa como herramienta de propaganda política al servicio de los sucesivos gobiernos que han pasado por la Generalitat, todos del mismo color.

Ha habido muchas, tal vez demasiadas, oportunidades en todos estos años para poner fin a la sangría visible del ente. Pero la ceguera cuando no la ambición y el egoismo político de los gobernantes permitieron una gangrena del ente público que ha finalizado como ya tristemente todos conocemos.

El cierre de RTVV no simboliza solo el fracaso del actual Gobierno de Alberto Fabra -que lo es a pesar de que desde la propia Presidencia del Consell se pretenda vestir el cierre como una decisión firme en defensa de las prestaciones sociales-, sino de todo un modo de entender y practicar la política y la administración pública.

PÉRDIDA DE AUTONOMÍA

Lo que importan son los hechos y los hechos reflejan que la sociedad valenciana ha perdido una nueva seña de identidad como es la radiotelevisión pública y antes lo fueron sus cajas de ahorro, símbolo de la autonomía económicofinanciera y despues la autonomía fiscal, intervenida como se encuentra por el Estado la Hacienda autonómica.

Tendremos ahora la oportunidad de medir la capacidad de autocrítica y de asunción de responsabilidades del partido que lleva casi dos décadas en el poder de la Generalitat. Pero no tenemos muchas esperanzas en ello, como tampoco la tenemos en la supuesta alternativa representada por el principal partido de la oposición, demasiado acomodado durante lustros al relajado papel de comparsa.

En todo caso, serán los ciudadanos los que con su presión democrática y sobre todo con su voto, los que deberán juzgar los hechos.