VALENCIA. La Comisión Europea publicó este viernes en su boletín oficial una resolución en la que destripa las ayudas que ha facilitado la Generalitat Valenciana a los clubes de fútbol. En concreto, el informe hace referencia a los avales firmados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con tres fundaciones vinculadas a sociedades anónimas deportivas: la del Valencia CF, la del Hércules CF y la del Elche CF (el texto no hace referencia al aval a la fundación del Levante UD).
En este informe, tal y como se ha adelantado, la Comisión Europea plantea un sinfín de dudas sobre la legalidad de esas ayudas públicas, fundamentalmente porque contravendrían la legislación comunitaria sobre a qué empresas se puede ayudar con dinero público.
La publicación de este informe tiene como finalidad abrir un plazo de un mes para que los perceptores de las ayudas, las tres fundaciones, presenten alegaciones. Atrás ha quedado ya el plazo para que España -que es formalmente a quien cuestiona las ayudas la CE- presentara la suyas.
En el texto se evidencia que las excusas alegadas por la Generalitat no convencen a ejecutivo comunitario, que destaca a lo largo de su argumentario que las razones que le llevan a dudar de la legalidad de esas ayudas se hayan despejado. Es más, tras las aportaciones de la Generalitat, Bruselas sigue considerando que los avales son ilegales.
Las razones para que la Comisión Europea considere que son ilegales los avales concedidos a las tres fundaciones deportivas son fundamentalmente dos: la primera que esos avales se concedieron por parte del IVF en condiciones fuera de mercado. Es decir, ninguna entidad privada hubiera concedido ese respaldo a los créditos que distintas entidades financieras dieron a las fundaciones.
Esta afirmación lleva aparejada que, al no tener razones económicas para conceder los avales, se entiende que el IVF los concedió para salvar a estas entidades de una quiebra económica cierta. De ser cierta esta suposición, como ocurrió, el IVF debería haber pedido permiso a la Comisión Europea para dar una ayudas a una empresa en crisis, algo que no ocurrió.
De consolidarse las sospechas de la Comisión Europea, la Generalitat (formalmente el Gobierno de España) debería devolver todas las ayudas que, con dinero público, ha otorgado a las fundaciones deportivas.
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