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MADRID. Entre bravuconadas, amenazas, llamamientos a la cordura, mutis por el foro, rechazos a cualquier posibilidad de independencia y mucha, quizá demasiada, incredulidad y laxitud, la fecha del 9 de noviembre fijada para que los catalanes se manifiesten sobre si quieren la segregación de España, se va acercando de forma inexorable y aquí nadie parece intuir cual puede ser la solución final a un conflicto que de durar tres años más como aventuró recientemente Moody's, al señalar que la posible independencia de esta región es un "hecho poco probable (...) por lo menos en los dos o tres próximos años", va a empezar a aburrir sobremanera al personal, aunque al día de hoy, no parece que sea un asunto que preocupe al conjunto de la sociedad.

Mientras ese día llega, el Congreso de los Diputados ha fijado la fecha del 8 de abril para debatir y rechazar la consulta catalana. En ese momento, faltarán 215 días para que se consume un acto que traerá muy serias consecuencias económicas y de todo tipo para el futuro de España, salvo que en ese interregno, la cordura se adueñe de una clase dirigente que hoy solo tiene como escenario un profundo abismo.

De todo ello parecen ajenos una gran mayoría de los ciudadanos españoles si hay que fiarse del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que en su último barómetro de febrero y a la pregunta de "¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?", los nacionalismos -así es como se contempla la única alusión al independentismo en la encuesta- se sitúan detrás del paro, la inseguridad ciudadana, la sanidad, la vivienda, los problemas de índole económica, los problemas relacionados con la calidad del empleo, la corrupción, el fraude, las pensiones, los políticos en general, la Administración de Justicia, los problemas de índole social, la inmigración, los problemas relacionados con la juventud, la crisis de valores, la educación, el gobierno y los partidos políticos, los recortes, los bancos, la subida del IVA o los desahucios.

En lo que al grado de preocupación de los españoles se refiere, los nacionalismos, se empareja al terrorismo de ETA y se sitúan muy por encima de la violencia contra la mujer, el fraude fiscal o la Ley del aborto.

Así las cosas, ahí puede residir el hecho de que Mas se desgañite en decir cada día mayores machadas, mientras que los miembros del gobierno central, especialmente representados por el presidente y su ministro de Asuntos Exteriores, traten de no entrar a las provocaciones de los inspirados independentistas, salvo que sea una provocación lo dicho últimamente por Rajoy de que no piensa pasar a la historia como el presidente del gobierno central que permitió una consulta soberanista sobre el futuro político de Cataluña.

Con ese trasfondo de tanto interés para políticos y medios de comunicación, la fecha del 9 de noviembre se acerca irremediablemente sin que parezca que nadie crea que puede llegar un momento en que una comunidad como la catalana se declare unilateralmente independiente. Al menos, esa percepción existe a la vista del cuidado exquisito, incuso tibieza, con que instituciones políticas y empresariales, tratan el asunto, como si callando o hablando con voz queda se diluyera el peligro de la segregación.

Han surgido voces, demasiado suaves muchas de ellas -como si nadie quisiera colisionar con el nacionalismo catalán y su desafección hacia España- que avisan del riesgo de tan peligrosa senda, especialmente para el mundo económico, aunque el gobierno y buena parte del establishment empresarial , se empeñen en centrar su tenue activismo recordando lo mal que Cataluña lo va a pasar fuera de la Unión Europea, como si eso fuera la purga de Benito, olvidando que a los pueblos, todavía hoy, les mueven los poetas.

Cuando faltan algo más de 30 semanas para que se consume una aberración histórica de incalculables consecuencias, la sociedad española -fundamentalmente la de fuera de Cataluña- asiste entre despectiva y apática a un proceso que no anuncia nada bueno para nadie por mucho que se empeñen Mas y Mas (Colell) en decir lo contrario.

El proceso independentista catalán está revestido, cada día que pasa, de un fuerte componente de emotividad en la sociedad catalana y ante ese estado de ánimo, las soluciones se presentan cada vez más complejas, ya que se tiende a despreciar los vínculos y entramados familiares, personales, afectivos o de intereses que unen a ambas comunidades, si es que se puede hablar en esos términos.

El drama no es que a una buena parte de la sociedad catalana le importe cada vez menos salir de la Unión Europea o la pérdida de negocio de sus empresas con fortísimos intereses en el resto de España, lo que hace inútil tratar de contrarrestar el mundo de las pasiones con el mundo de la "pela", por mucho que ésta y el "seny" hayan sido santo y seña del pragmatismo catalán a lo largo de siglos; el gran problema, es que a medida que pasan los días, el resto de la sociedad española comienza a estar ahíta de tanta amenaza, desprecio y jactancia y eso es tan malo o incluso peor que las posturas sostenidas por un independentismo catalán que parece haber perdido el sentido de la realidad.

Ante ese cúmulo de cosas y como sea que la ruptura emocional comienza a ser cuasi definitiva y tardará decenios en recuperarse, si es que se recupera, se echan de menos posiciones más contundentes, no solo de la clase política española, sino de la clase empresarial catalana, algunos de cuyos miembros engordan sus cuentas de resultados fuera de Cataluña de forma significativa.

Hasta ahora, se han producido posicionamientos claros y rotundos por parte de significados empresarios catalanes y alguna que otra patronal, echándose de menos la de otras importantes instituciones que mantienen el equilibrio entre silencios y pronunciamientos vaticanistas que lo único que consiguen es dar "vidilla" a una situación cada vez más enrarecida, aunque todo quede oculto tras una tramoya de apatía y de ficción.