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VALENCIA (EP/VP). El juez instructor del caso Emarsa ha concluido la instrucción de la pieza principal que investiga el supuesto saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia), con un total de veinticinco imputados por un supuesto "agujero" de más de veintitrés millones de euros.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que se ha dedicado en exclusiva a este caso desde que lo abrió en 2010, ha emitido un auto de 1.029 folios en el que da cuenta del final de la instrucción y dicta la transformación de procedimiento.
El juez Vicente Ríos mantiene la imputación de veinticinco personas en la pieza principal del caso, abierto por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo.
En el auto, el juez entiende que de lo investigado existen indicios contra los imputados José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Crespo; Esteban Cuesta; Enrique Arnal; Adolfo Polo; José Luis Sena; Vicente Ros Bartual; Enrique Sena; Jorge Ignacio Roca; Sebastián García Martínez (Chanín); María Paz García Martínez.
También están imputados Antonio José Arnal Llorens; Juan Manuel García; Eva María Marsal Gil; Juan Carlos Gimeno; Vicente Tomás Benlloch; Ana María Ríos Solaz; Leonor Moreno Esteve; Luis Antonio Botella; Rafael Quiles Asensi; Daniel Calzada; José Ramón Cuesta; Santos Peral; e Ignacio Martínez Maiques.
El auto señala que existía una red de empresas que durante al menos los años 2004 a 2010 actuó para detraer más de veintitrés millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).
Los hechos habrían sido cometidos por los citados imputados a través de distintas empresas y/o desde sus responsabilidades en esa entidad y/o en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y/o de la Entidad Pública de Saneamientos Residuales (Epsar), según el TSJCV.
Estos delitos serían uno continuado de malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales, todo ello "sin perjuicio de las calificaciones de los hechos que puedan hacer, en su caso, las acusaciones personadas en la causa".
Las partes tienen a partir de hoy diez días para presentar sus escritos sobre la apertura o no de juicio oral contra las personas imputadas señaladas.
LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, SOBRESEIDOS PROVISIONALMENTE
En el mismo auto se acuerda el sobreseimiento provisional respecto a los delitos contra la Hacienda Pública que han sido objeto de investigación y, además, se señala a Cristina Segarra como responsable civil, no como imputada, y se acuerda el archivo provisional de la causa sobre Olekksandr Kurales y Nina Kurales.
El juez recoge en esos 1.029 folios de auto el resultado de todas las diligencias practicadas, que permiten reconstruir la actividad que tuvieron los imputados contra los que se continúa el procedimiento.
Las partes personadas en esta pieza principal son el Ministerio fiscal, la Emshi, la Generalitat, la AEAT y como acusación popular, el diputado provincial del PSPV Ramón Marí y otros.
En la pieza principal se ha oído a los imputados, levantándose 97 actas de declaración, y también se ha oído a 125 testigos y testigos peritos, levantándose 232 actas de declaración.
La pieza principal en la que se ha dictado el auto de transformación de procedimiento cuenta con 161.941 folios en soporte papel. Es decir, 450 tomos, de los que 291 son tomos integrados por documentos.
Además, está integrada por dos expedientes electrónicos, con 837 y 533 elementos cada uno. Si esta documentación en soporte electrónico se imprimiera, la causa pieza principal superaría los 200.000 folios.
En la causa se ha formado siete piezas separadas de situación personal y se mantienen vigentes la orden europea de detención y orden de busca y captura internacional respecto de Jorge Ignacio Roca, uno de los principales "cerebros" de la trama; y las medidas cautelares por libertad provisional, con obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio Schengen para Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Enrique Arnal, José Luis Sena, Sebastián García y Eva María Marsal.
La causa completa tiene, además de esta pieza principal, veintinueve piezas de responsabilidad civil de las que veintisiete ya han sido finalizadas.
El juzgado, en el seno de esta investigación, ha tramitado seis comisiones rogatorias, así como 33 recursos de apelación; todos ellos han sido desestimados por la Audiencia Provincial de Valencia.
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