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VALENCIA. La economía colaborativa ha existido siempre. La asociación entre individuos que persiguen un beneficio propio común a todos ellos (ahorrar) no es ninguna novedad. Pero, sí lo es la eficacia que ésta ha adquirido desde la irrupción de las redes sociales y su vital necesidad desde el estallido de la crisis. Si antes venía bien gastar un poco menos, ahora es una prioridad para millones de hogares españoles.

Luz, gasolina, transporte, banca, comida... Se trata de productos y servicios de uso cotidiano que en ocasiones resultan caros por el abuso de las compañías o, simplemente, se pueden aprovechar mejor.

Ejemplos como la startup española Kantox, que permite el intercambio de divisas entre empresas sin la intermediación bancaria; Iamtogether y su reto de reunir suficientes usuarios para comprar cinco millones de litros de combustible y beneficiarse de un importante descuento por volumen; BlaBlaCar con su plataforma para poner en contacto conductores y pasajeros que compartan trayecto y gastos... Son algunos de los casos que revolucionan grandes mercados con empresas acostumbradas a tener la sartén por el mango.

El último conflicto lo encontramos en Barcelona, donde la Generalitat ha multado con 30.000 euros a Airbnb por comercializar pisos turísticos no regularizados. La plataforma, que ofrece habitaciones disponibles en domicilios particulares, no controla que estos estén inscritos en el Registro de Turismo de Catalunya, de ahí la sanción del consistorio. Su respuesta no se ha hecho esperar y a través de un comunicado han explicado que "la economía colaborativa no es economía sumergida, ni contratación ilegal, ni fraude fiscal, ni riesgo para los consumidores". Además, añade que "colaboraremos para crear unas leyes más adecuadas".

Antes, también protestaron el sector del taxi contra Uber (aplicación para conectar pasajeros con conductores de vehículos) o empresas de autobuses contra BlaBlaCar. Según ellos, se trata de competencia desleal, mientras que las startups hablan de sectores inmovilistas.

REGULACIÓN COMO SOLUCIÓN

Es curioso que tanto unos como otros señalen que es necesario crear un marco de actuación que proteja los intereses del consumidor y establezca las reglas del juego, sin embargo no se dan pasos reales para avanzar en este aspecto. En definitiva, legislar estas nuevas compañías que crean puestos de trabajo y mueven grandes cantidades de dinero.

Sin ir más lejos, BlaBlaCar acaba de recibir 100 millones de dólares de inversión privada y también ha comenzado a cobrar a los usuarios de España un porcentaje por mediar en el cierre de estos trayectos compartidos. Vincent Rosso, su responsable en nuestro país, ha atendido a ValenciaPlaza.com tras su conferencia en el Internet Startup Camp que se celebra en la Universidad Politécnica esta semana.

En su opinión, "la economía colaborativa es la economía de los usuarios y si ellos quieren consumir de esa forma se necesita un marco legal para proteger sus intereses", ya que todo lo contrario es "frenar la actividad". Sobre el caso de Airbnb, cree que "las multas no harán que el usuario deje de utilizar la plataforma".

BlaBlaCar, que tiene pensado utilizar la financiación recibida para abrir mercado en países emergentes según cuenta Rosso, representa una competencia para trenes y autobuses. "No pretendemos sustituir nada, somos un complemento a lo tradicional enfocado a un público que consume de manera diferente".

"Hay que construir un país abierto y con capacidad de adaptación a lo que el consumidor pide", añade tras alabar la figura del emprendedor español y su voluntad de cambiar las cosas. "La competencia es buena", sentencia.

UN BUEN COMIENZO

El miedo del status quo económico se acrecienta porque la economía colaborativa trata de solucionar problemas globales y cada vez son más las iniciativas que sueñan con beneficiar al usuario en situaciones en las que nunca antes había tenido capacidad de negociación.

Pero, la economía colaborativa también puede ser positiva para estas grandes empresas. Es el caso de Iamtogether. Su responsable, Daríus Funallet, se ha propuesto juntar personas suficientes como para comprar cinco millones de litros de combustible, obtener descuento por tal volumen, y repartirlo en una red de gasolineras amigas en las que estos individuos puedan repostar más barato.

De momento ha conseguido más de 43.000 litros y ya se prepara para "ampliar la propuesta a sectores energéticos (luz, agua, gas...), bancarios y de seguros".

"Las grandes empresas siempre hacen lobby y los ciudadanos compramos por separado, se aprovechan de ello y nos sale más caro". Aunque, "a nosotros nos han recibido positivamente porque podemos proporcionar un gran número de clientes de golpe y sin que ellos hagan esfuerzo por captarlos".

Funallet propone "movilización y agrupación para poder hablar de tú a tú con estos gigantes, cuantos más seamos mejores condiciones exigiremos".

Son algunos ejemplos de una lista que también cuenta con aplicaciones para compartir aparcamiento, mesa de restaurante, comida en grupo, mecenazgo de actividades... La economía colaborativa avanza imparable ante la mirada recelosa de sectores tradicionales y el inmovilismo de la Administración. El consumidor demanda estos servicios cada vez más y la ausencia de un marco legal crea incertidumbre y desprotege sus intereses. Una vez más, los de a pie pagan el pato.