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VALENCIA (EP). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido una nueva sentencia que obliga al Consell a facilitar a Esquerra Unida el informe redactado por la consultora Pasiphae para Aerocas sobre el Aeropuerto de Castellón.

En un comunicado, la formación ha explicado que su grupo parlamentario en las Corts había pedido este informe y la Conselleria de Economía, "después de negarse varias veces y de que EU presentara el recurso judicial, se lo dejó simplemente ver", sin que se le facilitara copia.

El diputado autonómico Víctor Tormo ha recordado que el conseller de Economía, Máximo Buch, se negó a proporcionarles el informe "aduciendo que incluía información relevante sobre la situación actual y futura del aeropuerto y que si lo difundíamos podríamos interferir en el proceso de licitación y provocar la nulidad de este, un hecho absurdo cuando se trata de una documentación que tendría que ser íntegra y totalmente pública".

Así, ha incidido en que "el informe de la consultora del ex ministro Josep Piqué se pagó con fondos públicos y resulta de interés para todo el mundo", por lo que "detrás de esta opacidad no había más que excusas del Consell para esconder información relevante sobre este proceso desastroso de la privatización del Aeropuerto de Castellón".

"BOFETADA A LA TAN CACAREADA TRANSPARENCIA"

Por ello, Tormo ha mostrado su alegría por el hecho de que la justicia les dé la razón y ga recordado que esta es la decimotercera sentencia que recibe Esquerra Unida y que condena, según el parlamentario, "la opacidad extrema del Consell y cómo se vulneran nuestros derechos como diputados". "Cada una de las sentencias es una bofetada a la tan cacareada transparencia de la que se jacta Fabra", ha asegurado.

Esquerra Unida ha presentado una veintena de recursos para denunciar la falta de transparencia y la negativa del Consell a entregarle información de todo tipo. Hasta el momento el TSJCV se ha pronunciado en 13 ocasiones y en todas ellas obliga al Consell a entregar documentación sobre los estudios trimestrales de opinión y el memorándum de la VIU.

Además del plan de revisión de centros educativos, el informe técnico sobre la caída del suelo en el Colegio la Hispanidad de Santa Pola, un contrato menor con una empresa relacionada con Taroncher, el informe de inspección técnica del CEIP Rafael Altamira de El Campello y la relación de centros educativos que tienen instalaciones con fibrocemento.