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Jean-Claude Juncker

VALENCIA. Existe un nivel bastante elevado de acuerdo sobre la actual insuficiencia institucional de la Unión Europea. Prueba de ello ha sido la lenta y dificultosa respuesta ante la crisis financiera que se acabó convirtiendo en crisis de la eurozona y llegó a amenazar la estabilidad de la Unión Europea e incluso el propio proyecto de integración en Europa. Desde entonces se está trabajando en las necesarias reformas para reforzar el entramado institucional y político, de manera que se minimice el riesgo de llegar a situaciones tan difíciles como la de 2010 o la del verano de 2012.

En noviembre de 2012, la Comisión Europea elaboró un documento, el plan director, describiendo los pasos necesarios para convertir la eurozona en una auténtica Unión Monetaria y estableciendo un calendario a cinco años. Las primeras etapas de dicho plan director ya se han completado o están a punto de hacerlo: la supervisión y resolución bancaria común, así como el fortalecimiento de coordinación en materia fiscal. La mayoría de los retos propuestos se deberían completar en los próximos cinco años, precisamente la duración de la legislatura europea que ahora comienza.

Ante los relevos en las instituciones europeas, el pasado Consejo Europeo de finales de junio, habla también, en sus conclusiones, de la agenda pendiente para Europa, al igual que el think tank Bruegel, en Bruselas. Según este último, son tres los retos más importantes en la UE: en primer lugar, la debilidad de la recuperación económica en Europa, donde el altísimo desempleo y el elevado endeudamiento público y privado son frenos al crecimiento, al tiempo que Europa está perdiendo peso económico en la economía mundial; en segundo lugar, las instituciones europeas y el presupuesto precisan de una reforma que atienda a la dimensión externa de la unión, incluyendo inmigración y política exterior; finalmente, será necesario elaborar y aprobar un nuevo tratado que refuerce la unión monetaria, dejando clara su relación con el resto de países de la UE y, en especial, el Reino Unido.

Dado el elevado nivel de integración que todo lo anterior supone es preciso dotar a la UE de la legitimidad democrática que no siempre se le reconoce. Como ya comenté antes de las últimas elecciones europeas, a pesar de los importantes cambios que el Tratado actualmente vigente ha introducido, no existe una conciencia clara entre los ciudadanos del papel que tiene el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones y en las políticas europeas.

Son varios los nombramientos de peso a realizar en las diversas instituciones europeas: los presidentes del Parlamento Europeo (PE), de la Comisión, del Consejo Europeo, del Eurogrupo y el responsable de Exteriores. La elección de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea no ha sido fácil. Aunque existía un acuerdo previo de que fuera el candidato del partido más votado, en realidad es el Consejo Europeo (formado por los jefes de Estado o de gobierno de los 28) quien debe proponerlo por mayoría cualificada, tras consulta con los Estados miembros y con los representantes de los partidos políticos del PE recién constituido.

También el Presidente del propio Consejo se elige de forma similar, normalmente por consenso, aunque puede someterse a votación y elegirse por mayoría cualificada. Gran Bretaña mantuvo la postura (junto con Suecia, Holanda y Hungría, aunque de forma más tibia) de que Juncker no era el más adecuado para llevar a cabo las reformas pendientes. Pero, en gran medida, la insistencia de Cameron en contra de la elección de Juncker había que leerla en clave interna, pues el euroescéptico por antonomasia, Nigel Farage, y el UK Independence Party, fue el ganador de las elecciones.

Finalmente Cameron se quedó solo y Juncker fue designado por el Consejo Europeo. El PE también lo ratificó, por una mayoría amplia de 422 votos y gracias al acuerdo entre los tres grandes partidos europeos: populares, socialdemócratas y liberales pactaron que Juncker fuera el presidente de la Comisión y que Martin Shulz, cabeza de cartel socialdemócrata en las pasadas elecciones, continuara hasta 2017 como presidente del PE.

Todo indica que aún no está madura la elección de los restantes cargos antes señalados y que habrá que esperar a agosto para completar el grupo de cabezas visibles de las instituciones. Se trata de una difícil negociación política, cuyos resultados vienen determinados por el peso de los países en la propia UE.

España, aunque aún en situación frágil, se encuentra en proceso de recuperación de la credibilidad internacional, comprometida por la imagen de corrupción y despilfarro que ha transmitido en los últimos años. Su capacidad de influir en la UE se ha visto minada y, reflejo de ello fue, por ejemplo, quedarse sin asiento en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (formado por seis miembros, actualmente dos franceses, dos alemanes, un italiano y un portugués) cuando José Manuel González Páramo terminó su mandato en 2012.

Algunos gestos, que pueden parecer importantes en la lectura interna, acaban debilitando la posición de un país en momentos clave. Costó mucho tiempo y esfuerzo recuperar la fluidez en las relaciones con Estados Unidos tras el gesto de permanecer sentado ante la bandera americana que protagonizó José Luis Rodríguez Zapatero recién llegado a la secretaría general del PSOE. Y Cameron ha situado en una posición difícil a aquél que resulte ser el próximo comisario británico bajo en mandato de Juncker.

Teniendo en cuenta la importancia de los retos y de los cambios institucionales en manos de la nueva Comisión Europea, en nada ayuda a la posición española que 14 de sus europarlamentarios no cumplan con lo convenido en la votación de su presidente. De la misma forma que van a ser cruciales los primeros pasos de Juncker para conocer su firmeza y compromiso en abordar las reformas europeas, hace dudar del sentido de Estado del nuevo líder socialista español, un gesto que los militantes habrán olvidado después del verano, pero que ha quedado claramente grabado en quienes llevarán las riendas de la UE en los próximos cinco años.