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A TRES DÍAS DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

El Consell desafía a Montoro y no prevé "ningún cambio" en el Plan Económico Financiero

E. PASTOR. 29/07/2014 La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera cuestiona los 1.000 millones de euros del "fondo de nivelación" por no estar acordado previamente. El Gobierno valenciano plantea que se aplace la aprobación de los diferentes planes prevista para este jueves en el CPFF

VALENCIA. El Consell sigue desafiando a los avisos que le llegan sobre la imposibilidad de cumplir el objetivo de déficit con su Plan Económico Financiero (PEF). A tres días del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se prevé el análisis y aprobación de los planes de las comunidades autónomas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera (Airef) ha dejado en jaque este documento asegurando que ve "muy improbable" que con él se llegue al objetivo de estabilidad fijado en el 1% del PIB, una valoración que no va a repercutir en la postura de la Generalitat.

Desde el departamento de Juan Carlos Moragues aseguran que no piensan realizar "ningún cambio" en el Plan de Estabilidad de cara a la jornada del jueves y que conseguir el déficit sigue sin pasar por los recortes, sino que va a continuar por la vía de los ingresos. "No va a haber recortes, la Comunitat lo tiene claro". Este argumento es repetido una y otra vez por fuentes de Hacienda y por el mismo conseller. "Ahora te dicen que tu plan lo tienes que revisar, pero entonces les decimos que ellos tienen que revisar la financiación", insisten. "Tú dices una cosa y el ministerio dice otra".

De hecho, la Airef cuestiona en su informe 1.000 millones de los 1.507 marcados en el PEF de la Comunitat Valenciana como entradas para las arcas valencianas. ¿La razón? Pertenecen al "fondo de nivelación" que el Consell espera recibir del Estado vía acuerdo en el CPFF. Sin embargo, en el informe se destaca que esa posibilidad no se ha alcanzado, por lo que "no puede considerarse una medida propiamente dicha". Así tumba este organismo, aunque la Generalitat insiste en que no es vinculante, que se cuente con la financiación extra por parte del Gobierno a día de hoy.

La llegada de estos ingresos extraordinarios del fondo transitorio serían la diferencia entre el 2,33%, el déficit de la Comunitat en 2013, y el 1%, el objetivo para 2014, por lo que suponen una parte crucial del cumplimiento del PEF. Pero el Airef no solo se conforma con cuestionar estos 1.000 millones, que ya suponen prácticamente dos tercios de los ingresos previstos, sino que también pone pegas a los 507 restantes. En el caso de la enajenación de inversiones, asegura que la venta de inmuebles tasada en 141 millones no ha sido debidamente justificada con documentación adicional y que las ejecuciones del primer trimestre de año y del anterior no parecen avalar los datos.

También atacan a la valoración de 230 millones del Impuesto sobre Depósitos Bancarios, destacando en el informe que será objeto de recurso de inconstitucionalidad, aunque la Generalitat insiste en que esto aún no ha sucedido, por lo que todavía está vigente. Además, la conselleria de Moragues explica que en su primera autoliquidación del mes de abril se recaudaron 67 millones, por lo que no se puede decir que lo recaudado haya sido cero.

La Airef también cuestiona las modificaciones presupuestarias realizadas para recortar gastos y apunta a la falta de detalles, a pesar de los contactos que ha tenido durante estas semanas con Hacienda. Para rematar, pone en el punto de mira el aumento de los gastos no financieros de 248 millones por el efecto negativo de medidas no aplicadas en años anteriores, de la evolución del gasto en intereses y del ERE de RTVV.

"DEBERÍAN APLAZAR LA APROBACIÓN DE LOS PLANES"

Desde Hacienda apuntan a que el informe emitido por la Airef destaca la mención a la percepción de cierto agotamiento de las posibles medidas a adoptar con impacto económico de corto plazo, dado el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en los últimos años y en un entorno económico muy desfavorable. "Esta afirmación no hace más que reforzar la posición de la Comunitat que mantiene que el cumplimiento del objetivo de déficit ha de venir por la vía de los ingresos y no por la vía de los gastos", aseguraba el ejecutivo de Fabra en un comunicado. ". Sin embargo, sí que reclama un conjunto "ambicioso" de medidas.

Además, fuentes de Hacienda indican que desde la Comunitat se considera que el planteamiento anunciado por Montoro la semana pasada acerca de una reestructuración del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se debería abordar en el CPFF del próximo día 31 de julio. De hecho, cuestionan que este jueves vayan a aprobarse los Planes Económico Financieros, ya que esta reestructuración afectará a los PEF, por lo que insisten en que lo más coherente sería dejar la aprobación  de los planes de las autonomías para una próxima convocatoria.

El Ministerio de Hacienda, en su informe sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria del último ejercicio, ya señaló que "la Comunitat Valenciana deberá adoptar medidas adicionales a las ya tomadas en el ejercicio 2013 que habrán de incluirse en el Plan Económico-Financiero a presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera de acuerdo con lo previsto en La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". Sin embargo, el estado de insubordinación continúa. Solo se cumplirá el objetivo de déficit del 1% con el fondo de nivelación.

Además, la portavoz del Consell, María José Català, asguraba este lunes que el Gobierno valenciano trabajará "toda la semana" con el Ejecutivo central para conseguir los 1.300 millones de euros que reclama tras aplicar "todas" las medidas de eficiencia, y para poner fecha a la reunión solicitada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con Montoro, junto a empresarios valencianos.  

La semana pasada, los analistas de la agencia estadounidenses Standard & Poor's (S&P) publicaban un informe en sintonía con la visión de la Generalitat, adviertiendo que "nuevos recortes en los gastos de la Comunitat Valenciana afectarían probablemente a la calidad de los servicios públicos".  A su juicio, ello "podría entrar en conflicto con el Estado porque todos los ciudadanos deben tener accesos a los servicios esenciales del estado del bienestar con un mínimo estándard de calidad garantizado".

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