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VALENCIA. El pasado mes de julio el conseller de Economía, Máximo Buch, que a su vez es el máximo responsable político de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, anunció que la paciencia de la Generalitat había llegado a su límite con el arquitecto Santiago Calatrava en el asunto del trencadís del Palau de les Arts.

El arquitecto, responsable del diseño y la dirección técnica constructiva del coliseo operístico valenciano, no se avenía a facilitar (y asumir económicamente junto a la constructora) una solución con garantías para solventar el problema del desprendimiento del recubriento de la cáscara del edificio. Así que no había otra: a los tribunales.

Pero aquella denuncia solo se anunció. Nunca se ha presentado. Lo desveló el propio conseller este miércoles en su primer acto público tras las vacaciones. "Confio en que no sea necesario poner la denuncia", dijo Buch, que retomó el espíritu conciliador con el que encaró el problema hace unos meses cuando se desprendió un trozo del trencadís y fue necesario arrancarlo en su totalidad.

Más allá de que el Consell prefiera alcanzar un acuerdo por las buenas a abrir un proceso, algo que se supone es mejor, lo que merece una reflexión es la tolerancia que durante más de una década ha tenido el gobierno valenciano con el arquitecto. 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias han sufrido innumerables problemas en su construcción -desde las escaleras de emergencia que se tuvieron que añadir al Museo de las Ciencias, a los problemas del propio Palau de les Arts o L'Àgora inacabada- con sobrecostes y modificaciones constantes sobre los diseños iniciales.

Todos estos cambios, lejos de repercutir negativamente en el salario del responsable de los mismos, es decir, el arquitecto, suponían mayores ingresos, ya que su contrato está vinculado al coste de la obra. La Generalitat los asumió todos sin ningún reparo.

La cuestión es que mientras que en otras ciudades del mundo donde Calatrava tiene obra los gobiernos que las encargaron sí optaron por poner freno a las exigencias del arquitecto, llegando en muchos casos a presentar denuncias en los tribunales, en la Comunitat Valenciana se le toleró todo. Incluso pagarle millones por proyectos que nunca se construyeron, como los rascacielos o el Palacio de Congresos de Castellón.

Parecía que ahora la cosa había cambiado. Que la Generalitat había decidido ponerse dura con el arquitecto. Pero de momento todo sigue igual. ¿Por qué el el gobierno valenciano no se comporta como otras instituciones públicas en similar situación?

Las malas lenguas dicen que Calatrava sabe demasiado. Son muchos años de negocios con la Generalitat en una obra de más de mil millones de euros de inversión en su conjunto. Y que una denuncia en los juzgados podría suponer más problemas de los que se supone debería arreglar.

Dice Buch que no renuncian a acudir a los tribunales si el arquitecto no cumple con su obligación. Que la Abogacía de la Generalitat ya tiene dada la orden de preparar los papeles y que, ahora que vuelven todos los funcionarios de vacaciones, se agilizará todo y si hay que presentarla, se presentará.

Habrá que verlo. Pero si los temores a exponer judicialmente todo el negocio de Calatrava con la Generalitat tienen algo de cierto, en el Palau ya deben estar preocupados, puesto que un juzgado de Castellón investiga el contrato del fallido centro de convenciones de Castellón.  

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