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El conseller de Gobernación abre un "expediente informativo de carácter reservado" para esclarecer las presuntas presiones del jefe de seguridad de Fabra a un asesor de prensa de Císcar

VALENCIA. El increíble caso del presunto interrogatorio en dependencias policiales -concretamente en la comisaría de Pont de Fusta- a un asesor de prensa del vicepresidente del Consell, José Císcar, por un alto cargo de la Polcía Autonómica y jefe de escoltas del máximo responsable del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, es un suceso de una gravedad muy mal calibrada desde la cúpula del Ejecutivo. Y no solo por el hecho en sí, que podría encontrarse fuera de la legalidad, sino por la imagen de desconfianza manifestada entre Presidencia de la Generalitat y vicepresidencia.

La supuesta presión ejercida sobre el periodista empleado en la Conselleria de Presidencia por parte de un policía responsable de la seguridad de Fabra con la intención de encontrar al topo -filtrador de documentos- de la Generalitat, además poder considerarse ilegal por los métodos empleados, rompería cualquier vestigio de raciocinio o cordura que pudiera atribuírsele todavía a la cúpula del Palau.

A no ser, claro está, que el agente hubiera actuado por su cuenta. Este periódico trató de recabar la versión más detallada de lo sucedido por parte del escolta implicado, si bien desde los distintos gabinetes de prensa oficiales se remitieron a las declaraciones del conseller de Gobernación, Luis Santamaría, quien anunció la apertura de "un expediente informativo de carácter reservado" encargado al jefe de la unidad adscrita -de la policía autonómica- para esclarecer lo sucedido.

Así, Santamaría pidió "prudencia" y aseguró haber conocido los hechos por los medios de comunicación, por lo que rehuyó adentrarse en conjeturas sobre el caso. Tampoco otras fuentes oficiales respondieron a más preguntas realizadas por este periódico: conocer si el jefe de seguridad había actuado bajo su responsabilidad o si había recibido la orden de algún superior para presionar al asesor de prensa de Císcar con la intención de tratar de arrancarle la supuesta información sobre las filtraciones realizadas a los medios de comunicación.

Quién sí habló este martes fue el vicepresidente del Consell, José Císcar, para mostrar su rechazo al suceso y defender a sus colaboradores. "Ninguna de las personas cercanas a mi se ha comportado nunca ni con deslealtad ni, por supuesto, desde la ilegalidad. Pensar lo contrario me parece hasta ridículo", zanjó el número dos del Gobierno valenciano, quien instó a preguntar "a la persona que hizo ese interrogatorio".

ESTHER PASTOR, DE NUEVO EN EL OJO DEL HURACÁN

Con el ascenso en junio de 2013 de Esther Pastor al puesto de secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, se inició una fase de tensión y desconfianza en Presidencia de la Generalitat que culminó en diciembre con la salida de casi todo el equipo de comunicación y análisis del Palau (tres altos cargos y tres asesores). Pastor ganó la batalla y logró que el presidente acometiera una revolución interna, una etapa en la que consiguió además ir acortando el poder que hasta entonces había tenido el vicepresidente José Císcar, con quien nunca ha tenido buena sintonía.

Muchos dirigentes dentro del PPCV y del Consell opinan en privado que la presión del jefe de los escoltas hacia el asesor de Císcar podría llevar el sello de Pastor, dado que ha sido la más perjudicada con las filtraciones hechas por el topo. El malestar en el entorno del vicepresidente y líder del PP alicantino es doble: por un lado, debido al hecho de que se haya acorralado policialmente a uno de sus colaboradores y, por otro, por la desconfianza manifestada desde Presidencia hacia el número dos del Consell.

La Comunitat Valenciana ha asistido en los últimos tiempos a no pocos a despropósitos y caprichos del llamado 'entorno' de Fabra. Un acto de la sociedad civil con cientos de firmantes desconocidos (nunca se pasaron las listas), la sonrojante contratación de un 'coach' para el presidente a cargo del erario público (luego se suspendió la orden), el fichaje de un cocinero como asesor, hacer pública una futura cita con el ministro Cristóbal Montoro y los empresarios valencianos que nunca se consiguió...

En definitiva, decisiones muy discutibles unidas a filtraciones de facturas -por el llamado topo- relacionadas con los gastos alimentarios para los ágapes de Presidencia, la propia nómina del jefe del Consell, o las estancias en diversos hoteles. Unos documentos que han ido dirigidos a poner en tela de juicio la figura de Esther Pastor y que conllevó una denuncia del colectivo Manos Limpias con el objetivo de conocer si ha habido un uso irregular del dinero público. Unas circunstancias que no han pasado desapercibidas para los medios nacionales, que también se han hecho eco de las informaciones relacionadas con el Palau de la Generalitat en los últimos meses.

Desde Presidencia se pusieron en marcha diversas operaciones en los últimos meses para atrapar al filtrador o filtradores, interrogatorios internos a funcionarios incluidos. Incluso llegó a hacerse pública la creencia de que el topo había dejado de trabajar en la Administración meses atrás. Sin embargo, el interrogatorio policial llevado a cabo antes de verano sobre el asesor de prensa de Císcar ha puesto de manifiesto que las heridas no están cerradas y la búsqueda sigue abierta. Una acción esta por la que deberán ofrecerse muchas y muy claras explicaciones desde Presidencia.