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VALENCIA. En el transcurso de la cena organizada recientemente por el Colegio de Titulares Mercantiles de Valencia -con motivo de la celebración del "Día del Titular Mercantil"-, el presidente del colegio, Francisco Valero, me hizo una pregunta al hilo de una conversación sobre el proceso de reforma fiscal que se está tramitando en estos momentos: ¿Crees que, como apuntan algunos analistas, la subida del IVA podría haber sido una solución a los males de nuestra economía?

Dada la apretada agenda del acto, no pude explayarme como me hubiera gustado, pero a su finalización, ya en el hotel, no dejé de darle vueltas a esta cuestión que en los últimos meses no ha estado exenta de controversia.

De una lectura de los últimos informes emitidos por algunos organismos internaciones -como el de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o el de la Unión Europea-, así como el elaborado en su día por la Comisión de Expertos para la reforma fiscal, en los que parece abogarse por aumentar en España los tipos impositivos sobre el Valor Añadido, podría deducirse que la solución a los problemas económicos de nuestro país pasa inexorablemente por la simple aplicación de un esquema de constantes subidas, no solo del IVA, sino de otros tributos alineados con éste, como son los impuestos especiales, de hidrocarburos o medioambientales.

Decisiones que afectan al poder adquisitivo de la ciudadanía y a sectores clave como el turismo requieren cuanto menos un análisis pormenorizado. Para ello, deberíamos empezar por preguntarnos si esta pretendida subida del IVA se refería al tipo general -que, por cierto, ya está en línea con el del resto de países de nuestro entorno-; al relativo a suministros, que -salvo el agua- está ya al 21%; al de productos básicos (pan, leche y huevos), o al ensanchamiento de bases. De la misma manera deberían ser abordadas las cuestiones relativas a la Seguridad Social, ya que los impuestos que afectan al factor trabajo tienen un importante peso específico del que todos somos conscientes, pero sobre el que resulta muy difícil aventurarse a proponer soluciones.

Para buscar el remedio a nuestros males deberíamos, por tanto, realizar una reflexión meditada y hacer un estudio certero de la situación actual, dado que las soluciones no se alcanzan solo subiendo los impuestos sobre el consumo sin más, en vista de que el escenario de nuestra economía pasa por un déficit galopante que tenemos que abordar.

No hay que olvidar que existe un colapso de algunas de nuestras administraciones públicas, tanto en el ámbito estatal, autonómico, como local, con un mismo denominador común: un déficit estructural demasiado elevado y de difícil solución, ya que, para atajarlo, se requiere de la valentía colectiva de una gestión eficiente que sepa priorizar las cuestiones de fondo. Además, tenemos unos gastos corrientes desaforados para el contexto en el que nos encontramos.

Con tamaño déficit y con la deuda acumulada que persiste, no existe ningún posible esquema impositivo que por sí solo pueda actuar a modo de bálsamo de Fierabrás, aunque ello no es óbice para creer que una estructura de impuestos que fomente el ahorro, la inversión y la iniciativa empresarial pueda constituir un marco necesario, aunque -insistimos- no suficiente. Pero lo que quizá si esté más claro es que un tratamiento a base exclusivamente de un incremento de los impuestos indirectos tiene visos de tener un recorrido más que limitado.

Quizá por ello, el Gobierno haya optado finalmente por no incrementar los tipos de gravamen del Impuesto sobre el Valor añadido -a excepción de ciertos productos sanitarios- para, como decíamos antes, no perjudicar a sectores como el turismo y no desincentivar el consumo; mientras que, por otra parte, ha planteado una rebaja generalizada del IRPF y, de manera especial, para los contribuyentes con rentas más bajas.

En todo caso, es cierto que en los años de bonanza financiera quizá hubiera que haber incrementado el IVA, por un lado -para enfriar la economía-, y reducido las cotizaciones a la Seguridad Social, por otro -para incentivar la creación de empleo-; ideas estas sobre las que existía un amplio consenso en la profesión, pero que por el cortoplacismo y los condicionantes políticos -por otro lado humanos- no se llevaron a cabo.

Ante el panorama descrito y con el objeto de avanzar en la senda del crecimiento, le corresponde ahora al Gobierno -en cuanto máximo conocedor de la realidad económica y social del país- evaluar las diferentes opciones, gestionar los tiempos y atajar el problema desde su origen, evitando, como ha hecho en este caso, las ideas preconcebidas por muy en boga que estén.
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* Valentí Pich Rosell es presidente del Consejo General de Economistas