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VALENCIA. Atado y bien atado. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha incluido una cláusula anti-topo para evitar que la puesta en marcha de su canal televisivo, que tiene previsto presentar este martes, acabe con escándalos que revelen informaciones confidenciales. Una de las cláusulas de las condiciones técnicas para el adjudicatario se ha redactado bajo el explícito epígrafe 'Confidencialidad' e incluye tanto la obligación para el contratista de delatar a los posibles informadores como el hecho de que el secreto "persistirá" una vez haya concluido el contrato.
En concreto, el pliego señala que el adjudicatario "deberá preservar la confidencialidad de toda aquella de la información que tenga acceso con ocasión del desarrollo (...) del presente contrato". Esta confidencialidad abarca no sólo a la relación contractual entre la Diputación y la concesionaria, sino también "a cualquier otra consustancial a la prestación práctica del servicio". Y se remarca: "Abarca pues cualquier tipo de información personal, administrativa, técnica, informática y de seguridad".
No sólo eso, la cláusula se hace extensiva "a los posibles terceros que puedan resultar cesionarios de los derechos", es decir, a todos aquellos que trabajarán para la empresa que consiga la concesión. El adjudicatario será además el responsable de trasladar esta obligación a dichos terceros y "de actuar diligentemente para velar por su cumplimiento".
La cláusula incluye amenazas de sanciones. En concreto se indica: "De los posibles incumplimientos de este deber de secreto y de los perjuicios que ello pudiese reportar responderá el incumplidor y, de forma solidaria, el adjudicatario". Y se añade que la obligación de confidencialidad persistirá después de finalizar la relación contractual.
Junto a esto la corporación exige que cualquier estudio o publicación por el adjudicatario relacionada con el contenido del contrato o con cualquiera de sus aspectos, requerirá la previa autorización, por escrito, de la Diputación de Valencia.
OBLIGACIÓN DE DELATAR A LOS POSIBLES 'TOPOS'
Y por si fuera poco, se impone al adjudicatario "la obligación de comunicar cualquier alteración, pérdida, sustracción, acceso, revelación o divulgación de información no autorizada, o incidencia relacionada con la misma, de la que tenga o pueda llegar a tener conocimiento, ya sea producida por la infidelidad de las personas que hayan accedido a la información o por cualquier otra causa". Es decir, el adjudicatario deberá delatar a quienes crean que han facilitado esa información sensible. Es más, la cláusula advierte que esa comunicación "no eximirá al adjudicatario de los compromisos de secreto y de confidencialidad y de las responsabilidades que se deriven de dicha omisión".
La corporación justifica esta cláusula en los artículos 226 y 227 del Real Decreto Legislativo 3/2911, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Desde la Diputación insisten en que es "una obligación legal" y para revestirlo de legalidad aseguran que se apoyan en un reglamento que "fue aprobado por todos los grupos políticos".
En este sentido, los servicios de la secretaría general han redactado un informe, facilitado este lunes por la propia corporación, en el que se insiste en que la cláusula no es exclusiva de esta licitación sino que es idéntica a la recogida en otras licitaciones de la corporación. "No es más que la concreción del artículo 140.2 de la TRLCSP y del artículo 9 de la Política de Seguridad de la Diputación", se explica en dicho informe.
No tienen parecida opinión fuentes jurídicas consultadas, ni desde los partidos de la oposición. En concreto, desde Compromís, el diputado Emili Altur mostraba su parecer contrario a esta propuesta de televisión "electoralista" que de entrada no tiene mucho sentido que apoye Alfonso Rus, dice, habida cuenta de que el propio presidente de la corporación apoyó el cierre de RTVV en la votación en las Cortes que supuso la clausura de la cadena pública autonómica.
Igualmente, Altur hizo ver que él no había votado "ni a favor ni en contra" de esta televisión, que se había aprobado por decreto y que los partidos de la oposición se habían enterado "por la prensa". "Obviamente estoy a favor de una televisión pública, pero las formas en las que se ha hecho, es un parche", dijo, y además, apuntó, "excede las propias competencias de la corporación".
DE "ES UNA VERGÜENZA" A "LA VOLUNTAD ES OCURANTISTA"
Por su parte, el diputado socialista Josep Moreno no dudó en calificar este lunes a esta cláusula de "una vergüenza". "Se salta todo el ordenamiento jurídico, es un fraude de ley", criticó. "Todo es una gran chapuza, desde la autorización del arrendamiento de una concesión que les debería haber sido retirada desde hace años a una empresa, hasta este pliego de condiciones".
También desde la industria audiovisual valenciana mostraron su estupor. Así lo explicó Luis Lizarán, de la mesa sectorial audiovisual valenciana. "Me parece que la voluntad con la que se quiere acometer la concesión es oscurantista, de poca transparencia", dijo. "Es una falta de transparencia peligrosa", añadió.
Para Lizarán, esta propuesta de televisión ha nacido con "un alto grado de connivencia con el presidente [Alberto] Fabra". "No hay que olvidar que el Consell aprobó el arrendamiento de la frecuencia de Las Provincias para Beovisión unas semanas antes", agregó. Para el realizador valenciano, esta televisión "se venía vislumbrando" porque el propio presidente había hecho pública en sus intervenciones su deseo de que existiera una televisión con la que difundir sus logros. "Es una maniobra orquestada", apuntaba.
En este sentido, Lizarán mostró su extrañeza por una operación que, vaticinó, "tendrá numerosas complicaciones legales". "No entiendo cómo la Abogacía de la Generalitat ha permitido que salga adelante este proyecto", comentó. "Es algo que les traerá muchos quebraderos de cabeza, otro gasto más que añadir como consecuencia del cierre de RTVV", añadió. "Van a ser los tres millones de euros más mal gastados de la historia de la Diputación", coincidía por su parte Moreno.
Preveo nuevas imputaciones. Esos tres millones de euros van a dar para mucho....
Buenos dias: 1.-¿Con que dinero pretende Rus pagar "su" televisión? ¿con los de su "buchaca" con dinero de la Diputacion? ¿con dinero de la Generalitat? 2.-Volvemos al "derecho de pernada" ¿que pasa el Sr Rus tiene poder absoluto para crear una televisión a "su medida" asi porque si? Es penoso y vergonzoso que estando la Comunidad como está,habiendo cerrado una televisión autonomica por el saqueo continuado de unos pocos salga gente como Rus con esta cosas.Si,seguimos así creo que habra que hipotecar hasta la calle Colón.No tienen verguenza.Hagan las cosas con iniciativas privadas y no con el dinero de todos como dijo una vez un ministro del interior "las pruebas con gaseosas" Atte Alejandro Pillado Valencia 2014
Oigan y del concurso-engañifa que ha sacado la GVA por otros tres millones de euros para TV y radio nadie dice nada? Pero si es lo mismo que lo de Rus ¿no?
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