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VALENCIA. Bankia salió a bolsa con sus cuentas falseadas de forma intencionada. Esa es la demoledora conclusión del informe pericial realizado por dos inspectores del Banco de España a instancias del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga la salida a bolsa de la entidad financiera. Las cuentas anuales bajo sospecha corresponden a los ejercicios de 2010 y 2011 y se formularon bajo la presidencia de Rodrigo Rato y la vicepresidencia de José Luis Olivas. 

El documento, cuyas conclusiones se hicieron públicas este jueves, asegura que las entidades que se fusionaron en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA, matriz de Bankia) retrasaron el reconocimiento contable del deterioro de los créditos, permitiendo así presentar beneficios cuando en realidad el conjunto de las cajas presentaba pérdidas multimillonarias.  

"Los administradores y directivos del grupo tenían capacidad y experiencia para interpretar los datos y extraer conclusiones. Si alguien podía conocer el deterioro de los activos inmobiliarios eran los empleados de Bankia, que llevaban décadas gestionando préstamos a promotores e hipotecas de particulares", afirman en las conclusiones los autores del informe, que añade "que BFA tenía información suficiente para establecer la correcta valoración de los activos a 31 de diciembre de 2010".

Esta afirmación es relevante porque es precisamente el desconocimiento de la situación real de parte de los socios que crearon BFA-Bankia, en especial del Grupo Bancaja, la que esgrimió en su día el equipo de Rodrigo Rato para justificar los problemas de la entidad fusionada, una excusa que rechazan los autores del informe, al considerar que en el consejo de administración de la entidad participaban miembros originarios de Bancaja.

BANCO DE VALENCIA Y BANCAJA HÁBITAT, EN EL DISPARADERO

Los peritos, de hecho, concentran buena parte de su investigación en tres negocios vinculados a la antigua caja valenciana: Banco de Valencia, del que era accionista mayoritario, Bancaja Habitat, que agrupaba todo el negocio inmobiliario, y Bancaja Inversiones, la sociedad que agrupaba las participaciones industriales.

El repaso que realizan a estas filiales de la caja valenciana es desolador. A Banco de Valencia le atribuyen cerca de mil millones adicionales de agujero y señalan la ausencia de controles, "en especial en una parte de las operaciones de mayor riesgo y dudosa racionalidad económica, lesivas para el patrimonio del banco y en beneficio de terceros cuyas peculiaridades eran solo conocidas por el consejero delegado Domingo Parra, que en algunos casos compartía intereses [particulares] con Aurelio Izquierdo, director general de Bancaja y posteriormente director de negocio de Bankia".

En el caso de Bancaja Hábitat el relato es incluso peor. El holding inmobiliario participaba en numerosas sociedades mixtas "con promotoras, en su mayoría insolventes". La frase no es de los autores del informe. Está extraída de una acta de Bankia del 12 de noviembre de 2011 y pertenece al consejero José Manuel Fernández Norniella. "Esta afirmación", dicen los inspectores, "pone de manifiesto la afloración de una situación de detorioro de la solvencia de las participadas, en particular de las que provenían de Bancaja, que hasta ahora no se había puesto de manifiesto".

CINCO PARTICIPADAS MÁS DE BANCAJA INVESTIGADAS 

Los autores del informe recuerdan que hay 17 expedientes denunciados ante la Fiscalía por operaciones con filiales de Bancaja Hábitat, entre las que destacan Grupo Calabuig, Grupo Ramón Salvador, Royactura, Urbanika, Salvador Vila, Grand Coral, Aedifica y Share Capital. Pero el documento desvela otras operaciones que están siendo investigadas y que no se conocían hasta ahora, y cita al Grupo Torró (sin especificar a qué empresas se refiere), Inmovemu, Valencia CF y Fundación Valencia CF así como Terra Mítica. 

Finalmente, en el caso de Bancaja Inversiones se estima que no se descontaron de las cuentas los compromisos de recompra con Deutsche Bank y de rentabilidad con Picton, las dos sociedades a las que se les vendió parte del capital por 1.355 millones. 

Pese a todo, el informe concluye que los problemas que arrastraba el grupo Bancaja no eran desconocidos para sus gestores, es decir, para José Luis Olivas, ni tampoco para el consejo de administración de BFA, entidad en la que estaban ya consolidados los negocios cuando se elaboraron las cuentas. 

Pero más allá del detalle concreto y de las consecuencias que pueden tener para los responsables de Bancaja y Banco de Valencia las operaciones que se están investigando penalmente, lo que el informe desvela es que toda esta información y la del resto de cajas estaba a disposición de los responsables de BFA cuando presentaron al mercado. La conocían porque las habían gestionado antes de la fusión, porque habían concedido los créditos que resultaron fallidos "con una pésima calidad del seguimiento del riesgo". BFA tenía un agujero multimillonario y se presentó a los inversores, especialmente a los pequeños, como una entidad solvente. No era cierto. Y Rato y Olivas lo sabían todo.

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