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MADRID (EP). La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que en esta legislatura el Ejecutivo procura asegurar que las autonomías "tengan una financiación suficiente" y no ha aclarado si está dispuesto a aceptar, en este contexto, una quita de la deuda que arrastran.

En declaraciones en los pasillos del Senado, Santamaría ha sido preguntada por la posibilidad de que el Gobierno bajare una reducción de la deuda que arrastran las autonomías, dentro de un programa de reestructuración que prepara el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

"A lo largo de la legislatura hemos procurado que las administraciones tengan una financiación suficiente", ha dicho de entrada la vicepresidenta, que ha recordado tanto el plan de pago a proveedores como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "En esa línea hemos trabajado siempre y lo seguiremos haciendo", se ha limitado a añadir.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, rechazó este lunes la posibilidad de la quita, que "no está encima de la mesa" del Gobierno, aseguró. Afirmó que se trabaja en medidas para que los costes a los que se financia el Tesoro se trasladen a todas las administraciones públicas.

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL, ESTE MES

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han asegurado a Europa Press que antes de que concluya el año tendrá lugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que se llevarán medidas sobre la deuda, cuya complejidad ha retrasado la fecha de convocatoria de esta reunión, en la que participan todas las autonomías.

El ministro Cristóbal Montoro explicó el mes pasado que se trabaja en la mutualización, para convertirla en deuda del Estado y ampliar a las comunidades no acogidas al FLA las condiciones del Tesoro, que sí tienen las acogidas al FLA.

"Vamos a ofrecer no solo el aval del Estado, sino que esa administración territorial tenga todas las ventajas de financiarse como el Tesoro, liberar presupuesto, no tener un coste financiero superior", explicó en su día el ministro.

El departamento también llevará lo que se ha denominado un FLA social, para que las autonomías paguen lo que adeudan a los ayuntamientos, así como medidas para contener el gasto sanitario, como el techo del gasto farmacéutico, que no crezca por encima del PIB.